La salida de Humberto Roque Villanueva de la presidencia del CEN del PRI se produce en un momento definitorio en la historia de ese partido al que, debe resaltarse, no se llegó por decisión de sus dirigentes o sus bases, sino ante la contingencia de la recomposición política del país, la cual alcanzó en el curso de este año puntos culminantes con los resultados electorales del 6 de julio y la reciente instalación de la Cámara de Diputados -hecho sin precedente en el país- por la mayoría opositora.

Luego de múltiples oportunidades desperdiciadas para emprender un cambio de fondo -entre las que destacan los intentos de apertura de Carlos Madrazo, la apertura democrática (aunque con prácticas de cooptación) de Echeverría, la reforma política de López Portillo, la renovación moral de De la Madrid, las corrientes democratizadoras y reformistas de los años 80, las propuestas de Colosio en la 14 asamblea de ese partido y la ``sana distancia'' que se propuso mantener el presidente Ernesto Zedillo ante su partido- el PRI está ahora en un contexto político nacional que lo obliga a redefinirse y reformarse para subsistir en un escenario electoral competitivo y en el que se han roto muchos candados que lo mantenían como una dependencia más del Poder Ejecutivo.

El PRI es un partido que nunca ha funcionado realmente como tal. Nació en 1929, en el poder, y desde entonces ha existido como parte de los instrumentos gubernamentales y, en especial, del presidente de la República en turno. En la inmensa mayoría de los casos, los candidatos priístas -designados por ese ``gran elector''- tenían los comicios ganados de antemano y su postulación significaba, en la práctica, un nombramiento que vulneraba el precepto constitucional del sufragio efectivo. En esta dinámica, el PRI fungía como una instancia de control, legitimación, cooptación de disidentes, intelectuales y líderes sociales, suje- ción de la población y agencia de colocaciones para la clase política.

Sin embargo, en la medida en que en las circunstancias actuales la pertenencia al PRI ya no garantiza triunfos electorales --por el contrario, el maridaje del PRI con el gobierno es con frecuencia un factor de descrédito y repudio entre los votantes- ni nombramientos en cargos oficiales, y cuando la disciplina y la obediencia ciega de los priístas se encuentra severamente debilitada, la reforma y la democratización son tareas obligadas que deben abordarse a fin de permitir la sobrevivencia y la competitividad electoral del PRI en el México actual.

Ha de considerarse que si bien esta organización ha sido, en la práctica, una dependencia gubernamental, cuenta sin embargo con una militancia real, y sería disparatado negar la existencia del priísmo como parte fundamental del mapa político del país. Pero una condición esencial para que la transición hacia la normalidad democrática plena pueda realizarse en forma pacífica, institucional y en un marco de gobernabilidad es que las bases y los cuadros priístas construyan un partido propiamente dicho, un instrumento de participación política acorde con la pluralidad, la separación de poderes y la legalidad que la nación ha venido ganando y que son, hoy, conquistas irrenunciables de la sociedad. En la coyuntura actual, el gran reto de los priístas es escucharse a ellos mismos y emprender una democratización efectiva de su partido.

Para lograr esta recomposición, el PRI tendrá que ensayar nuevos modelos -que aún están por descubrirse- de vinculación con el Ejecutivo, con su militancia y con la sociedad. En suma, la sucesión de Roque Villanueva coloca al tricolor en la disyuntiva de asumir políticas realistas y que correspondan al México contemporáneo o, por el contrario, de atrincherarse en posiciones retrógadas, clientelares, caciquiles, corporativas y autoritarias, ajenas a la realidad del país. Es dable esperar, por bien del país y de los propios priístas, que ocurra lo primero.

Con indignación y estupor, la ciudadanía capitalina ha recibido la noticia de tres ejecuciones extrajudiciales, perpetradas, según todos los indicios, por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se trata de jóvenes que fueron capturados el lunes por integrantes del grupo Jaguares tras una balacera ocurrida en la colonia Doctores, en la cual murió, además de un policía, una persona al parecer ajena a los hechos. Uno más de los detenidos en esa acción se encontraba ``desaparecido'' hasta el cierre de esta edición.

A la insatisfactoria explicación sobre lo ocurrido anteayer en la esquina de Doctor Andrade y Doctor Barajas Lozano, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, general Enrique Tomás Salgado Cordero, ha añadido una improcedente y precipitada exoneración de los efectivos bajo su mando, incrementando con ello la exasperación ciudadana, que en las últimas horas de ayer se expresaba en un plantón frente a la sede de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en demanda de justicia y castigo para quienes capturaron y asesinaron a las víctimas.

A la luz de estos hechos trágicos y repudiables, resultan inadmisibles los intentos por dar cobertura discursiva a los abusos, los atropellos y la impunidad de los cuerpos policiacos, especialmente en el curso de los ``operativos especiales'' que, con el pretexto de combatir la delincuencia, se traducen en graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales plasmadas en la Constitución. Contrariamente a lo manifestado ayer por el regente Oscar Espinosa, la ciudadanía no demanda una reducción del accionar policiaco, sino acción policiaca apegada a derecho.

En efecto, han sido documentados, públicos y notorios el descontrol, los abusos de poder y las extralimitaciones con que se han desempeñado las corporaciones policiacas en los últimos meses.

Hoy, dada la manera en que fueron asesinados tres de los jóvenes capturados en la colonia Doctores, podríamos estar ante un salto cualitativo del fenómeno que puede denominarse, sin eufemismos, criminalidad policiaca: el surgimiento de escuadrones de la muerte en el interior de esas corporaciones.

La sociedad no puede permitir el avance de la impunidad y la ilegalidad a tales grados de descomposición institucional. Es urgente e impostergable la movilización de los ciudadanos para exigir el inmediato esclarecimiento de los sucesos del lunes, la consignación de los homicidas, de sus cómplices y encubridores, y la depuración general y a fondo de las entidades encargadas de velar por la seguridad pública y de impartir justicia.