No sin tensiones y riesgos de crisis política grave, se instaló la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura, en la cual por la voluntad de los ciudadanos, los partidos de oposición tienen mayoría. Los riesgos políticos del último fin de semana, previo al inicio de los trabajos de la nueva Cámara y del Informe presidencial, fueron provocados por la resistencia del gobierno y su partido a admitir plenamente las consecuencias de los resultados electorales del 6 de julio. La acción unida y firme de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PVEM y del PT, así como su hábil manejo de la minicrisis, obligaron al grupo gobernante a entrar en razón y admitir, cuando menos por ahora, que la correlación de fuerzas ya no le es favorable y está obligado a negociar deveras para entrar a la nueva gobernabilidad democrática.

De esa manera se dio un nuevo paso en el camino de la difícil transición a la democracia; antes fue la formidable acción ciudadana del 6 de julio, que con su voto puso en jaque al viejo sistema y abrió las puertas al desarrollo democrático. Sin embargo, es apenas el principio; son sólo los primeros pasos en una nueva etapa de lucha compleja, llena de dificultades y tensiones. Los avances son importantes y el escenario es más favorable para la renovación democrática del país, no sólo en el ámbito político sino también en otras esferas de la vida social. Pero el bloque político en el poder construido a lo largo de 70 años y unido hoy por fuertes intereses y complicidades, no está derrotado por completo; va a defender a toda costa sus posiciones y tratará de recuperar los espacios perdidos.

Los priístas duros, dinos o tecnócratas no se convirtieron en demócratas con las lecciones del 6 de julio o de los últimos días de agosto. Con la excepción de un grupo minoritario sensible a los cambios, se aferran a sus viejas concepciones de partido único, son autoritarios e inmovilistas. Si tienen oportunidad, intentarán lo que por ahora parece imposible: la regresión completa o, lo que no es del todo imposible, reducir las conquistas de la oposición y los progresos democráticos a cambios que no alteren el poder establecido ni modifiquen en lo esencial el rumbo económico del país, cuestión vital para el grupo en el poder, que aspira a prolongarlo por varios decenios más.

En su discurso del primero de septiembre ante el Congreso de la Unión, el presidente Zedillo fue firme en la defensa de su dogma económico. Además de eludir una evaluación de la situación política del país como era necesario, no decir una palabra sobre el conflicto en Chiapas y su posición sobre los acuerdos de San Andrés con el EZLN, y no hacer ninguna referencia al multimillonario rescate gubernamental de las empresas concesionarias de las carreteras de cuota como estaba obligado a hacerlo, el doctor Zedillo marcó sus límites al posible debate con los partidos representados en el Congreso, para hacer de la estrategia económica ``una firme política de Estado'', esto es inamovible, permanente y por tanto ajeno a la política, al mercado, a los intereses y aspiraciones, esperanzas de los grupos y clases sociales.

Según el Presidente, se ``pueden examinar y perfeccionar detalles, programas específicos, particularidades. Pero estoy convencido de que las bases esenciales [de la estrategia económica oficial iniciada con el gobierno de Miguel de la Madrid] son correctas''. También ofrece a los asalariados (no sé sin con exceso de realismo o sobra de desprecio) que si hay un crecimiento sostenido de 5 por ciento, sus ingresos se duplicarán en el año 2017. Las cúpulas empresariales, por su parte, aceptan la posibilidad de ``ajustes'' al rumbo económico, pero no su cambio.

En suma, los avances de orden democrático, aunque iniciales y limitados, ponen en el orden del día de los debates nacionales el del rumbo económico del país. Veremos si la democracia entra a la economía y es un instrumento de transformación social o se reduce, como es la pretensión oficial y de sus teóricos, a un simple ejercicio civilizado para elegir gobernantes y diputados, pero nada más.