Amenazan Los Extraditables con reanudar atentados en Colombia
Ansa, Reuter, Afp, Efe y Dpa, Santafé de Bogotá, 5 de septiembre Ť El grupo de los extraditables amenazó hoy con reiniciar los ataques terroristas en Colombia para evitar la reimplantación de la extradición de narcos, de acuerdo con un mensaje dirigido a los senadores y diputados que discuten una reforma sobre la materia.
El mensaje, difundido por los medios de prensa, dio cuenta de que ese grupo es el responsable de la colocación de un coche-bomba el miércoles último frente al diario El Mundo, en Medellín.
El artefacto, de 250 kilos de dinamita, no estalló debido a que un vigilante detectó maniobras sospechosas de sujetos que se alejaban rápidamente del lugar.
``Este primer carro-bomba nos falló, los otros quizá no. Nos arrinconan, nos persiguen y todo tiene un límite. Así que gracias a ustedes se inicia una nueva era de terrorismo'', señala el texto del grupo de sicarios que en la década pasada estuvo al servicio del cártel de Medellín.
Los extraditables, brazo armado del capo Pablo Escobar, desataron una oleada terrorista entre 1984 y 1993 con atentados con coche-bombas, bombazos contra edificios y decenas de asesinatos de políticos, legisladores, funcionarios, periodistas, jueces, magistrados, abogados y policías.
Meses antes este nuevo grupo ya había amenazado a congresistas que respaldan el proyecto de reforma a la Constitución de 1991, con lo que se busca restablecer la extradición de los mafiosos reclamados en el exterior, principalmente por Estados Unidos; justo, gracias a la oleada terrorista de entonces se suprimió tal medida.
Pero ahora el proyecto de ley para su restablecimiento ha superado con éxito cinco debates parlamentarios, y aún debe ser sometido a otros tres para ser aprobado.
Las restantes votaciones deberán efectuarse antes de terminar la actual legislatura, cuyo plazo vence el 16 de diciembre.
En tanto que la policía dijo que estaba estudiando la autenticidad del documento de los extraditables, la canciller María Emma Mejía aseveró que pese a esas amenazas el gobierno seguirá impulsando en el Congreso las reformas requeridas para restablecer la extradición.
Repudian a las guerrillas
Diferentes sectores de la sociedad civil colombiana emitieron una condena contra la política de sabotajes, atentados, asesinatos y secuestros que lleva a cabo la insurgencia para anular la celebración de las elecciones regionales del 26 de octubre.
Gremios de periodistas, intelectuales, líderes sindicales, universitarios, empresarios y defensores de los derechos humanos, instaron tanto a las guerrillas como a los paramilitares de derecha a poner fin al terrorismo, y abogaron porque se demuestre que hay voluntad de paz y en favor de la democracia en el país.
Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad a acudir en forma masiva a las urnas para desafiar a los ``violentos'', al tiempo que instaron al gobierno de Ernesto Samper a que brinde amplias garantías a los candidatos a puestos de elección popular para evitar que sigan siendo blanco de las acciones de ``barbarie''.
No obstante, la guerrilla reiteró que saboteará los comicios, cuando al liberar este día el Ejército de Liberación Nacional a cuatro alcaldes de Antioquia, secuestrados desde el lunes pasado, lo hizo con un mensaje de que declarará ``objetivo militar'' a quienes participen en las elecciones.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Ralph Zacklin, expresó su preocupación por la ola de violencia prelectoral impulsada por las guerrillas y los paramilitares y exhortó a esos grupos a atender el llamado de Samper para entablar un diálogo.
En contraste, los paramilitares emitieron un comunicado en el que afirman que encabezarán la lucha contra las guerrillas ante las deficiencias y fracasos de las fuerzas armadas, y que se propone recuperar territorios en manos de los rebeldes.
En otro ámbito, un sondeo de opinión arrojó que 32 por ciento de los colombianos cree que como solución al conflicto debe darse una amnistía a los rebeldes, mientras que 52 por ciento se pronunció por apoyar el cierre del Congreso ante la falta de credibilidad de sus miembros.