Absuelto de fraude, un hombre acumula siete años y medio en reclusorios del DF

Alberto Nájar Ť Tiene siete años y medio en prisión sin condena. En ese periodo, Roberto Ahumada Kurtz acumula dos resoluciones judiciales que le conceden libertad absoluta; sin embargo, no puede salir del Reclusorio Sur.

De todas las vivencias tras las rejas destaca una: hasta el momento no se ha comprobado el delito por el que fue encarcelado, fraude. Los peritajes contables realizados indican que el ilícito es imposible de comprobar. En cambio, a lo largo de estos años le ha sido negado el derecho a presentar pruebas de descargo, aunque se aceptaron todas aquellas que le resultaron perjudiciales.

En su celda, el empresario relató a La Jornada la forma en que el sistema judicial ``juega'' en su contra desde el 26 de febrero de 1990, cuando fue detenido como presunto responsable de violaciones a la ley bancaria, acusación de la cual fue absuelto seis meses después y la sentencia ratificada en 1992.

Roberto Ahumada Kurtz encabezaba el Grupo Director de Empresas Mexicanas, organización que operaba varias compañías y que en ese entonces contaba con aproximadamente mil socios inversionistas, los cuales recibían utilidades de 15 por ciento en promedio, superiores al rendimiento que otorgaban los bancos.

Sin embargo, a principios de 1990 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentó una querella en su contra y en 24 horas consiguió que se integrara la averiguación previa respectiva y se librara, además, una orden de aprehensión que se ejecutó dos días después.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda publicó un desplegado en el que invitaba a los inversionistas a denunciar al detenido, con el argumento de que sería la única forma como recuperarían el dinero que le habían entregado. Desde ese momento se les planteó que el grupo sería declarado en quiebra, hecho que finalmente sucedió en octubre de 1990.

Fueron 912 las personas que respondieron a la convocatoria pero, según consta en el expediente, la mayor parte reconoció que nunca tuvieron problemas para cobrar sus utilidades y que, en cambio, fue hasta la captura de Ahumada Kurtz cuando dejaron de recibir su dinero y tuvieron la certeza de que no podrían recuperar su capital.

Fue el caso, por ejemplo, de Oscar Mejía Sánchez, Virginia Muñoz Sánchez, Rodolfo Barrios Bañuelos y de Virginia, María de la Luz y Sara Barrios Castillo, quienes en sus declaraciones y careos reconocieron que siempre recibieron el dinero en los términos pactados en sus contratos, que no creían que el detenido fuera responsable de los problemas del grupo y que si presentaron denuncias fue porque recibieron instrucciones de hacerlo por parte de un abogado al que identificaron sólo como Miguel, aparentemente contratado por la CNBV. Incluso, el legista redactó sus escritos de denuncia.

Sí, pero no

La quiebra ficta de las empresas que manejaba Ahumada Kurtz se decretó en octubre de 1990, durante una audiencia a la que no asistió el procesado. ``Yo no fui porque estaba en el Reclusorio Oriente, y el director no autorizó mi salida para comparecer al juzgado'', se queja el empresario.

A partir de ese momento el proceso judicial virtualmente se detuvo. Ahumada Kurtz renunció a su derecho para que se dictara sentencia en un plazo máximo de un año, porque durante ese periodo no se le permitió aportar pruebas en su favor, como un peritaje contable del estado financiero del grupo y que permitiría demostrar que tenía capacidad suficiente para saldar deudas y cumplir a los inversionistas.

La juez que lleva el caso, Margarita Bastida Negrete, permitió en cambio que el Ministerio Público presentara un peritaje similar, y fue hasta principios de 1997 --seis años después de solicitado-- que se incorporó la prueba ofrecida por el acusado.

Ambos documentos coincidieron: la situación fiscal, financiera, de liquidez y el nivel de endeudamiento no se podía determinar, porque la información digitalizada ``curiosamente desapareció de los archivos informáticos de la CNBV''.

En otras palabras, jurídicamente no se puede determinar que se cometió fraude, ``y un delito no probado no existe'', señala el procesado.

La justicia ciega

La entrevista se realiza en la celda de aproximadamente seis metros cuadrados que desde hace varios años ocupa el procesado. Para Roberto Ahumada recordar los hechos que lo mantienen encerrado es difícil. Las gotas de sudor que resbalan por la frente son una muestra.

Sentado sobre su camastro, insiste en las irregularidades ``que manchan mi proceso'', como el hecho que se le fijó una fianza en efectivo de 14 millones de pesos cuando solicitó su libertad condicional --resolución que fue revocada mediante un amparo-- o bien, que los magistrados de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitieron una sentencia condenatoria para que pagara los daños del presunto fraude --no probado hasta ese momento-- y sin importar que ellos mismos estaban sujetos a un proceso penal.

La averiguación previa SC/4927/97-05 fue presentada en mayo de este año contra los magistrados César Augusto Osorio y Nieto, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez y Gilberto Rodríguez González ``por falsear la verdad'', porque no tomaron en cuenta las indemnizaciones pagadas a una parte de los afectados, cambiaron el número de los quejosos y al sumar el monto de los agravios cometieron visibles errores aritméticos... en contra del procesado.

Ahumada Kurtz presentó también la denuncia penal 6068FESPLE/97 en contra del funcionario que promovió su encarcelamiento, Mario Mejía Guízar, quien durante 1990 era procurador fiscal y a quien ahora se acusa de falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial y abuso de autoridad.

Meses después de iniciadas, las averiguaciones previas están virtualmente suspendidas, en contraste con el procedimiento para arrestar a Ahumada Kurtz, que se orquestó en 24 horas. El procesado cuenta una anécdota al respecto: desde hace tres meses el Ministerio Público solicitó copias del expediente al juzgado 18, ``pero no se han entregado porque el comandante asignado no tenía para la gasolina de su patrulla, y no pudo llevar el documento''.

A punto de finalizar la entrevista, el sudor empapa la tela de la camisa, gotea por la frente de Roberto Ahumada Kurtz. Cansado, reconoce que no le mueve ánimo de venganza, pues únicamente desea recobrar su libertad, a pesar de que durante su estancia en la cárcel su padre murió, sus hijos se convirtieron en adultos o adolescentes, y él mismo perdió la noción del tiempo. Vengarse, dice, no le permitirá recuperar todo lo perdido.

De hecho, su estancia en el Reclusorio Sur depende de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues si consigna la averiguación previa contra los magistrados del TSJDF virtualmente quedará extinguida la causal por la cual fue procesado.

Su transpiración aumenta al recordarlo. ``No tiene idea de la angustia, el insomnio y la desesperación que significa todo esto'', confiesa. ``Lo que ve no es normal. Es dolor lo que estoy sudando...''.