Desde que hace cinco años el ejército, que controla el gobierno argelino, anuló las elecciones en las que habían ganado por amplia mayoría los fundamentalistas del Frente Islámico de Salvación y encarceló a los dirigentes de éste, el país conoce el horror de las matanzas de civiles y de una guerra sin cuartel entre los terroristas y las autoridades en la que no se hacen prisioneros.

El viernes pasado, día sacro de los musulmanes, los fundamentalistas degollaron o quemaron vivos a 300 aldeanos y hoy mismo otras 50 personas fueron ultimadas con la misma ferocidad. El gobierno, sin embargo, había liberado, tras seis años de cárcel, al líder y fundador del FIS, y éste ha formulado reiterados llamados a un cese de la barbarie, pero la tragedia consiste en que tanto el ala fundamentalista dispuesta a negociar con los militares como el sector castrense que trata de encarar una salida política y de sentarse a discutir con sus enemigos han sido desbordados por los duros de ambas partes. Mientras, en efecto, el brazo armado del FIS está dispuesto a cesar las hostilidades, los grupos más radicales provocan nuevas y mayores matanzas y han condenado a muerte incluso a los dirigentes históricos de aquella organización. Al mismo tiempo, no sólo autoridades religiosas musulmanas sino también medios generalmente bien informados sostienen que por el lado militar hay quienes dan mano libre a los dego- lladores para justificar un golpe de Estado, una dictadura castrense y un gobierno de salvación nacional.

El fundamentalismo islámico no es fatal y deriva de la falta de soluciones democráticas. El mismo fue originalmente financiado por los servicios secretos de Estados Unidos y por las monarquías árabes más conservadoras para expulsar del poder en Argelia a los nacionalistas laicos y barrer la influencia francesa en ese país y en el norte de Africa, pero ahora el monstruo se les ha escapado de las manos. En efecto, el fundamentalismo religioso no se apoya sólo en el terror sino también en la protesta contra la corrupción de los sectores gobernantes, la desigualdad social, los efectos terribles de la mundialización y de la crisis en un país prácticamente monoproductor de carburantes y contra la influencia de Occidente, que vastos sectores populares urbanos y marginales contraponen a un Islam mítico, supuestamente ordenado e igualitario. El poder de los militares, en cambio, no tiene una base social sino en la burocracia estatal civil o castrense, pues al repudio de los fundamentalistas se agrega la protesta de los sectores democráticos y la importante minoría bereber, que no es ni árabe ni islámica y que está bien organizada.

No basta, por lo tanto, con la protesta internacional contra los asesinatos masivos, aunque ella es indispensable y obligatoria, ni bastan las exhortaciones a terminar con la barbarie medieval en la otrora avanzada Argelia, porque esa meta sólo puede alcanzarse localmente y con el consenso popular. Lo más que se puede hacer en el exterior es advertir que cualquier aventura antidemocrática agravaría el derramamiento de sangre en vez de suprimirlo y exhortar a preparar una salida pacífica y democrática, negociada por todos los medios, en todo terreno y sin condiciones.

La vida institucional de México pasa por un momento peligroso. A raíz de la instalación, ayer, de la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura, en ausencia de los priístas, y ante el empeño de ese grupo parlamentario de instalar hoy una cámara paralela, la tensión política ha sido llevada a grados indeseables y riesgosos. A la decisión de los diputados del partido de gobierno de desacatar los acuerdos mayoritarios en la Cámara de Diputados, debe sumarse la actitud de sus correligionarios en el Senado, los cuales, por voz de su líder, Genovevo Figueroa Zamudio, califican de ``ilegal'' la asamblea constitutiva de ayer y amenazan, en consecuencia, con no asistir a la apertura de sesiones del Congreso, prevista para mañana, y en la cual el presidente Ernesto Zedillo debe, por mandato de ley, presentar su tercer informe de gobierno.

Para la sociedad, que el pasado 6 de julio se manifestó por despojar al Revolucionario Institucional de su mayoría absoluta, y por la instauración de un régimen de partidos y un pluralismo efectivo, es meridianamente claro que, al margen de las interpretaciones disímiles que pueda hacerse del Artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, el PRI está actuando contra el espíritu de las normas parlamentarias, el cual otorga el poder último de decisión a las mayorías plenarias. Para esta misma sociedad es claro, también, que el anunciado boicot de los senadores priístas al inicio de sesiones de la LVII Legislatura busca intimidar al bloque opositor mayoritario de la Cámara de Diputados para que éste acate los designios de la minoría priísta en ese cuerpo legislativo. En ambos casos, el sentido general del accionar priísta parece orientarse a desconocer la voluntad ciudadana expresada en los más recientes comicios federales.

En esta lógica, que busca escamotear el sentido del sufragio emitido el 6 de julio y tomar como rehén la gobernabilidad del Congreso de la Unión y la normalidad de las instituciones nacionales, el siguiente paso podría ser el desconocimiento explícito de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, acción que representaría una inadmisible interrupción autoritaria de los incipientes procedimientos democráticos.

Ante estos amagos de desestabilización, nefastos para el desarrollo democrático, social y económico del país, cabe esperar que las negociaciones políticas de última hora logren eludir la crisis institucional en el Congreso y que la diputación priísta abandone la lógica de mayoría absoluta y asuma democráticamente su nuevo sitio como la más numerosa de las minorías.

Por su parte, el presidente Zedillo tiene ante sí el deber histórico de actuar con espíritu republicano, dejar de lado afiliaciones partidistas, actuar como mandatario de todos los mexicanos, encabezar la transición política del país y presentar su informe de gobierno el lunes próximo ante un Congreso dominado, en una de sus cámaras, por una mayoría opositora. De lograrse tales propósitos, podrá hablarse sin acotaciones ni condicionamientos, de una verdadera normalidad parlamentaria en México. En caso contrario, se estará empujando al país a una peligrosa perspectiva de polarización política, ingobernabilidad, inviabilidad y descrédito de la vida institucional, antidemocracia y autoritarismo.