En el Mensaje a la Nación con que concluía el Informe de gobierno del primero de septiembre de 1978, el presidente José López Portillo dividía la historia nacional con una fecha: ``Antes de 1968 nada más veíamos todo lo que había logrado la Revolución Mexicana... Después de 1968, todo fue descubrir y describir horror e insuficiencia, explotación y desgracia, desgarrarse las vestiduras. Nada está bien. Todo está mal. De un momento a otro, pasamos del milagro al malogro mexicano.''

Luego de señalar que la Reforma Política iniciada por su gobierno era un paso adelante para consolidar nuestra democracia, López Portillo anunció al Congreso de la Unión que enviaría una iniciativa de Ley de Amnistía con el propósito de ``abrir nuevas y libres oportunidades a quienes bajo la influencia de algún móvil político se encuentran recluidos o prófugos porque incurrieron en delitos o formaron grupos de disidencia extrema.''

El Decreto de Ley de Amnistía expedido en la residencia del Poder Ejecutivo federal el 27 de septiembre de 1978, era una decisión presidencial ratificada ``al ver a las madres que entran en huelga de hambre buscando a sus hijos... y a otras enlutadas''. Esas madres se habían organizado un año antes en el hoy denominado Comité Eureka, precursor de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a defender los derechos humanos, constituido originalmente como Comité prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.

Sin menospreciar a las demás, podría decirse que la actividad que más ha distinguido a este comité ha sido la búsqueda de personas desaparecidas. El primer desaparecido que éste registró en su lista data de mayo de 1969 y desde entonces la detención-desaparición por motivos políticos se sigue practicando en nuestro país. El tipo de represión masiva del 2 de octubre que marcó para siempre al gobierno de Díaz Ordaz fue sustituido por otro tipo de represión más selectiva e individualizada, aunque en última instancia, por sus resultados cuantitativos, no fuera más reducida. Durante el sexenio de Luis Echeverría el hoy Comité Eureka llegó a documentar el mayor número de casos: más de 300 detenidos-desaparecidos en ese periodo de gobierno.

Esa práctica continuó. Familiares de desaparecidos le presentaron al presidente Miguel de la Madrid, a través de la Cámara de Diputados, un proyecto de Convención sobre Desaparecimiento Forzado aprobado en un Congreso Latinoamericano en noviembre de 1982, para que su gobierno lo enviara y votara a favor en las Naciones Unidas. No se hizo, quizá porque entre los motivos expuestos en dicho proyecto se explicaba que el delito de desaparecimiento forzado presenta características comunes con el genocidio, dado que en ambos casos se trata de métodos sistemáticos y masivos de represión, especialmente crueles, realizados por miembros del poder público que actúan con este carácter en contra de víctimas indefensas y contando con el encubrimiento institucional del Estado que les asegura en la práctica, absoluta impunidad.

Al gobierno de Carlos Salinas de Gortari corresponde la nada honrosa distinción de haber sustituido la preferencia de la detención-desaparición por la del asesinato como medida de represión política. Más de 300 miembros o simpatizantes identificados con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) encontraron la muerte en ese sexenio por causas generalmente asociadas a conflictos electorales.

Es presumible que el cambio de preferencias se deba a un cálculo de costos políticos. Sin dejar de practicar la detención-desaparición durante el gobierno de Salinas de Gortari, ésta fue en gran medida sustituida porque la historia de las últimas dos décadas ha demostrado que el desaparecido tiene un costo político mucho más alto: los familiares, la sociedad organizada, no cede; la presión sobre el gobierno y las denuncias dentro y fuera del país, son permanentes, mientras que la exigencia de justicia ante la muerte, no se ha hecho, tradicionalmente, de este modo.

Así se explican el cambio de táctica gubernamental las madres de los detenidos-desaparecidos, fundadoras del Comité Eureka y que 20 años después siguen luchando por encontrar a sus hijos y por erradicar esa práctica considerada como la máxima ofensa a la conciencia de los seres humanos, además de constituir un delito de derecho internacional y un crimen de lesa humanidad.