La semana pasada una fracción importante del sindicalismo mexicano dio los primeros pasos para sumarse, en la práctica, al difícil proceso de renovación democrática en el cual penosamente se ha adentrado el país en los últimos años, y que recibió un fuerte impulso en las elecciones del pasado 6 de julio. Ese significado indudable tiene la decisión de los representantes de más de cien sindicatos reunidos en la Asamblea Nacional de Trabajadores, de constituir en noviembre próximo una nueva central sindical democrática e independiente del gobierno, los empresarios y los partidos políticos.

Se trata, de entrada, de una ruptura con el viejo sindicalismo oficialista que por varios decenios ha mantenido el férreo control de millones de trabajadores mexicanos. A nombre de la llamada alianza histórica del movimiento obrero con los gobiernos de la revolución, ese sindicalismo subordinó a las agrupaciones obreras al PRI y a las políticas económicas oficiales, y se constituyó en poderoso freno a la democratización del país. Lo mismo apoyó al gobierno de Miguel Alemán que al de López Mateos, al de Díaz Ordaz o al de Carlos Salinas. La llamada diputación obrera apenas hace dos años, ya en el gobierno actual, votó en favor del aumento al IVA, y poco después aprobó también en el Congreso de la Unión y fuera de él, una de las reformas más lesivas a los intereses de los trabajadores: la privatización de sus fondos de pensiones.

El ensamblaje de las cúpulas sindicales con la burocracia política estatal fue casi completo, y sus resultados desastrosos para los trabajadores mexicanos. Si hoy los asalariados están peor pagados que hace medio siglo, se han reducido sus prestaciones, sufren grave descenso en sus niveles de vida, enfrentan los riesgos y efectos del desempleo masivo y, en suma, padecen una dramática indefensión, es fruto amargo de más de medio siglo de sindicalismo dependiente del gobierno y de espaldas a los intereses de los trabajadores.

Con la muerte de Fidel Velázquez se aceleró la crisis de ese sindicalismo. La misma se inició hace varios años y fue por completo evidente en los últimos tres lustros, cuando los reajustes neoliberales impusieron nuevos y pesados sacrificios a los trabajadores y redujeron a la nada la posibilidad de las cúpulas sindicales para influir en las orientaciones económicas del gobierno. Un ejemplo de lo anterior son los sucesivos pactos económicos tripartitas. Desde el primero, no han sido sino decisiones autoritarias del Presidente de la República y su gabinete económico para imponer a los sindicatos sus políticas salariales. Sin fuerza propia, sin representación verdadera de los trabajadores -pues la perdieron hace varios decenios-, los dirigentes sindicales sólo han firmado esos pactos, en algunos casos sin siquiera conocerlos previamente.

El Foro el Sindicalismo ante la Nación, constituido hace poco más de dos años, fue un intento de renovación de enfoques y políticas en los marcos del sindicalismo oficialista. El rechazo a cualquier cambio de parte de Fidel Velázquez, de la mayoría de los dirigentes de la CTM y de otras centrales y sindicatos agrupados en el Congreso del Trabajo, así como la renuencia del gobierno a admitir otro sindicalismo que no sea el subordinado por completo a su política, radicalizaron la posición de los foristas; convencieron a la mayoría de ellos de que en los marcos del CT no hay posibilidad de renovar al sindicalismo, independizarlo del gobierno y su partido, y hacer que cumpla su función principal de defensor de los intereses de los trabajadores.

De ahí la idea de la nueva central que, si no hay un tropiezo grave, va a constituirse en noviembre, y en la cual converge la Intersindical Primero de Mayo -herencia del reducido pero indomable sindicalismo independiente. Esto es una ruptura con el oficialismo y puede ser un aporte importante a la renovación democrática de México.

No sólo porque más de cien sindicatos, entre ellos algunos tan importantes como el de telefonistas y del IMSS, vayan a crear un nuevo organismo aparte del inservible Congreso del Trabajo. En su programa ``La reforma social y democrática del Estado mexicano'', presentado en la Asamblea Nacional de Trabajadores, la central proyectada rompe con las concepciones del sindicalismo subordinado y declara sus propósitos de democracia, independencia del gobierno, los patrones y partidos políticos; se pronuncia por la libre afiliación de los trabajadores; rechaza la ``toma de nota'', práctica legaloide mediante la cual el gobierno controla a los sindicatos y sus dirigentes, así como otros objetivos que recogen antiguas banderas del sindicalismo verdadero. Naturalmente, lo decisivo será su conducta futura.