La Jornada 30 de agosto de 1997

Nueve quejas en la Anáhuac; se castigarán abusos: SSP

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió nueve quejas de vecinos de la colonia Anáhuac, quienes aseguran que se violaron sus derechos humanos durante el operativo del jueves pasado. Con éstas, suman alrededor de 20 las denuncias registradas luego de las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los últimos meses.

Frente a esa situación, el organismo reiteró que en el combate a la delincuencia las acciones que desarrollen los cuerpos policiacos tendrán que ser con el respeto irrestricto de los procedimientos legales. Además, se pronunció porque la autoridad ``escuche'' a la ciudadanía acerca de quiénes son y dónde se esconden los cabecillas del hampa organizada, porque ``urge desmembrar las bandas.

``Si se detiene a cientos de personas y se consigna a unos cuantos --argumentó la comisión--, todo parece indicar que estamos ante episodios espectaculares, pero de muy escasa eficacia e ilegales''.

Insistió, asimismo, en que no hay ninguna justificación para, so pretexto de combatir a la delincuencia, omitir el cumplimiento de las garantías legales, se realicen detenciones fuera de los supuestos constitucionales y se afecte los bienes, domicilio o integridad física de inocentes.

Luego reiteró a la ciudadanía que la comisión atiende y seguirá respondiendo a todas las quejas que los ciudadanos presenten en relación con los operativos que se efectúan en diversos puntos de la ciudad de México y que atenten contra sus garantías individuales.

La CDHDF precisó que del 31 de julio a la fecha logró concluir la investigación de 10 quejas de ese tipo que fueron presentadas. De ellas, tres se resolvieron en el corto plazo, una vez que la SSP inició dos procedimientos administrativos y una averiguación previa.

En tres casos más se comprobó que no existió violación de los derechos humanos; en una se concluyó por desistimiento del quejoso, y en otras tres ya no hubo interés de los presuntos agraviados para seguir adelante con su inconformidad.

Casos atendidos

Al detallar los casos atendidos, precisó: en un primer caso, la Contraloría Interna de la SSP inició el procedimiento administrativo ED-2502/97, a fin de investigar la actuación de un policía que insultó a la esposa de Luis Ramírez Núñez y a él lo retó a golpes cuando ambos solicitaban acceso a su domicilio, cuya calle se encontraba cerrada por tres motopatrullas que participaban en un operativo.

En relación con una segunda queja, la institución precisó que solicitó a la SSP atención jurídica para la señora Lucía Soriano Vázquez, quien fue insultada y amenazada por elementos policiacos de los grupos Jaguares y Zorros durante una de las acciones de inspección realizadas en la colonia Buenos Aires.

Según la quejosa, ella había permitido que los efectivos entraran a su casa para verificar que la persona buscada no podía haber salido por su azotea.

Un tercer asunto destaca que el señor Mario Esteva Gabriel fue subido ilegalmente a la patrulla 17913 y despojado de mil 250 pesos por parte de policías preventivos, por lo que se inició el procedimiento administrativo Q-334/97 en la Contraloría Interna de la SSP. De igual manera se inició la averiguación previa SC/4472/97-04.

Al respecto, la comisión informó al quejoso que debía acudir con el supervisor general de Derechos Humanos de la PGJDF, a fin de que la denuncia sea integrada de manera pronta, expedita y conforme a derecho.

La CDHDF precisó que dará seguimiento a los procedimientos internos que se realicen al respecto, como parte del Programa de Lucha contra la Impunidad.

Por lo que hace a las tres quejas que no llegaron a comprobarse y que eran violación a los derechos humanos, la comisión mencionó que en una de las inconformidades se comprobó que el presunto afectado era una persona contra quien había una orden judicial de reaprehensión.

En el segundo asunto se detuvo al hijo del quejoso en flagrante falta administrativa y fue puesto a disposición de un juez cívico. En el tercero no se comprobó que el cónyuge de la quejosa hubiera sido lesionado como ella aseveró.

Los cuatro restantes concluyeron por desistimiento expreso o falta de interés de los quejosos. (Raúl Llanos)