En el caso de Abaco deberán comparecer el gobernador en funciones y el electo de NL

David Carrizales, corresponsal, y Roberto González, Monterrey, NL , 28 de agosto Ť El gobernador priísta Benjamín Clariond Reyes; su primo, el gobernador electo panista Fernando Canales; el senador del PAN Mauricio Fernández Garza; el diputado federal electo -también panista- Rogelio Sada Zambrano, y el constructor José Maiz Mier, suegro del ex candidato a gobernador priísta, José Natividad González Parás, entre otros consejeros y accionistas de Abaco Grupo Financiero, deberán comparecer en relación con la denuncia por un presunto fraude presentada contra la institución financiera y su presidente, Jorge Lankenau Rocha.

Así lo señaló el abogado Antonio O'Farril González, quien agregó que la semana próxima presentará una nueva demanda en representación de un grupo de cinco inversionistas que presuntamente fueron defraudados por Abaco con un monto de aproximadamente dos millones de dólares.

Fuentes oficiales dijeron que el gobierno federal no puede garantizar a los inversionistas defraudados el rembolso de sus recursos, debido a que las operaciones off shore no las cubre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

También en la capital de la República, el presidente en México de Citibank, Julio A. Quesada, rechazó que la compra de Banca Confía estuviera ligada al quebranto cometido por Abaco Grupo Financiero, que podría ascender a 175 millones de dólares.

O'Farril González dijo que, no obstante que se configuraron delitos del fuero común y federal, sólo recurrirá a la justicia de la Federación porque en los tribunales del estado ``se protege a Lankenau, ya que el gobernador entrante y el saliente son socios del grupo financiero''.

Señaló que la denuncia contra Lankenau es porque el incurrió en delitos bancarios. ``Yo estoy poniendo en antecedentes al Ministerio Público Federal para que investigue por conducto de la Interpol y localice quiénes son los funcionarios de las off shore, que seguramente son los mismos funcionarios de Abaco, y que traiga a declarar a Jorge Lankenau, porque creo que ya salió del país''.

Estoy seguro de que son los mismos directivos, los mismos socios y los mismos oficiales de Abaco quienes aparecen en las off shore del extranjero, dijo el abogado, quien agregó: ``Qué curioso que en las off shore hay cerca de 300 millones de dólares y el Citibank se lo queda con 250 millones de dólares; qué barbaridad, los puros inversionistas defraudados pudieron haber comprado el banco''.

``Yo voy a citar a todo el consejo de administración, incluyendo al actual (Benjamín Clariond) y al próximo gobernador (Fernando Canales)'', remató.

Entre los consejeros y socios que citaría para que declaren sobre el fraude de las off shore, mencionó además a José Maiz Mier, Jesús Elizondo, Carlos Delgado Navarro, Rodrigo Padilla Olvera, Mauricio Fernández Garza y Rogelio Sada Zambrano, entre otros.

Expuso que el gobierno federal, mediante el Fobaproba, podría absorber los 2 mil millones de dólares de cartera del Banco Confía que mencionó Monter en la conversación que le fue grabada, pero no responde por operaciones ilegales al margen de la ley, como fueron los fondos depositados en las off shore de los paraísos fiscales de Islas Caimán y Uruguay.

En tanto, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Antonio del Valle Ruiz, dijo que el caso de las off shore promovidas supuestamente por Abaco, debe dejar claro a los inversionistas que no deben confiar sus capitales a instituciones que no estén garantizadas por un fideicomiso como el Fobaproba y que no tengan una revisión y control por parte de la Comisión Nacional Bancaria, ``como somos las instituciones bancarias y las casas de bolsa''.

Asentó que, en el caso de los inversionistas de las off shore, el gobierno no puede intervenir para respaldarlos porque está impedido legalmente, pues el Fobaproa está limitado a la protección de los depósitos en los bancos.

Por su lado, el gobernador Benjamín Clariond Reyes Retana señaló que la ley se hizo para todos, para ricos, medianos y los otros, gobernadores y no gobernadores.

El gobernador electo, Fernando Canales Clariond, dijo a su vez que si hay acciones fuera de la ley, su gobierno actuaría conforme a derecho contra quien resulte responsable, sin importar si se trata de gente de su propio partido, o amigos como Raúl Monter.

En otro orden, el abogado Arturo Quintero Treviño pospuso para la próxima semana la denuncia contra Abaco Grupo Financiero, al argumentar que analizará en qué forma repercute en la estrategia legal el cambio en la propiedad de la institución financiera. El asesor jurídico representa a medio centenar de inversionistas que denunciaron un supuesto fraude por 115 millones de dólares.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) pidió que el gobierno informe en detalle sobre la intervención de Abaco Grupo Financiero, cuánto costará a la nación, los plazos y las condiciones en las cuales se hará.

Por su parte, el vicecoordinador parlamentario y secretario de Asuntos Legislativos de ese partido, Juan Manuel Alcántara, dijo que en principio es criticable que el gobierno tenga para salvar a unos cuantos empresarios y no para impulsar una mejor política social.

Con estas acciones se ha beneficiado a grupos que participaron en la construcción y administración de carreteras, medida que fue confirmada en días pasados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Para la banca se creó un fondo especial, el Fobaproa, mientras el gobierno aduce que no es posible reducir 5 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque dejaría de percibir 26 mil millones de pesos.

Alcántara sostuvo que su partido pedirá una explicación pública del gobierno y del presidente Ernesto Zedillo sobre los motivos de que hayan fallado varios programas del sexenio pasado como el carretero y la venta de algunas paraestatales, entre ellas los bancos.

No se justifica, insistió, que se utilicen recursos fiscales para salvar a unos cuantos mientras millones de personas reclaman mejores condiciones de vida y reducir un impuesto al consumo muy gravoso.

Mientras tanto, en el CEN panista se señaló que no hay una postura oficial del organismo político porque no se tienen los detalles y se esperará conocer plazos y condiciones de esta nueva intervención de Fobaproa para saber si se justifica o no la medida. (José Ureña)