OPERACION RIO GRANDE EN BROWNSVILLE

Mireya Cuéllar Ť El ex canciller Fernando Solana Morales consideró ayer que ``sería tiempo'' de que el gobierno mexicano lleve ante los organismos internacionales de derechos humanos el problema de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.

El ahora senador de la República señaló durante una breve entrevista que un país puede tomar las medidas que considere convenientes -en referencia a la Operación Río Grande-, pero que México no puede permitir que se violen los derechos humanos de sus ciudadanos.

``Es un problema muy agudo -apuntó-, porque estamos frente a una actitud de intransigencia.''

Rigoberta Menchú durante la conferencia de prensa.
Foto: Raúl Ortega

Rubén Villalpando, Armando Torres Barbosa, Efraín Klerigan y agencias Ť Representantes de organismos de derechos humanos criticaron la puesta en marcha del Operativo Río Grande en la frontera de Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas, por considerar que habrá un incremento en violaciones de las garantías individuales de los migrantes.

Por su parte, el juez del condado de Cameron, Gilberto Hinojosa, se manifestó en contra de dicha operación, al señalar que los 3.6 millones de dólares que invertirá el gobierno de Estados Unidos podrían emplearse en programas de ayuda para latinos.

Consideró asimismo, que el Operativo Río Grande creará fricciones entre los gobiernos de Tamaulipas y Texas.

A su vez, el cónsul de México en San Francisco, California, César Lajud, apuntó que el nuevo programa coloca en entredicho anteriores compromisos bilaterales.

Aunque cada país tiene derecho de imponer sus propias leyes, el problema de migración requiere de ``una visión conjunta y más humana'' y por eso los presidentes Bill Clinton y Ernesto Zedillo hablaron de ``acuerdos'' que ahora ``son puestos en entredicho con la decisión unilateral de Estados Unidos de enviar a la frontera elementos militarizados como si se tratara de contener una tropa de criminales'', detalló el diplomático.

Mientras, la dirigente del Comité Fronterizo de Derechos Humanos, Susan Kern, dijo que la operación traerá violaciones a los derechos de inmigrantes, como sucede en el área de Ciudad Juárez-El Paso, desde el 19 de septiembre de 1993, en que se puso en marcha la Operación Bloqueo. Mencionó que este tipo de operativos no detienen el flujo migratorio, ya que buscan otros lugares para cruzar que no sea el área urbana.

Angélica Enciso L. Ť Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, manifestó que ``el gobierno mexicano y todos los gobiernos en general han adoptado una posición pasiva ante los ataques a los migrantes en Estados Unidos'', por lo que pidió asumir con urgencia una actitud más enérgica para defenderlos.

Insistió en que los gobiernos no han sido enérgicos en la defensa de sus pueblos y su gente, y que deben hacer valer el principio de autodeterminación, ya que cualquier atropello que Estados Unidos comete contra los migrantes es responsabilidad de esa nación y de los países de donde los agredidos son originarios.

Mencionó que ante las violaciones a los derechos humanos de los migrantes es necesario que los gobiernos adopten una política más definida, lo cual en este momento resulta difícil, por lo que además se debe emprender otro tipo de acciones.

También, agregó, debe darse una mayor relación entre los organismos no gubernamentales (ONG) nacionales y las que se encuentran en los lugares donde ocurren los hechos.

Expo 2000 Hannover

Al anunciar durante una conferencia de prensa la participación de comunidades indígenas en la Expo 2000 Hannover, en Alemania -cuyo tema será Humanidad-Naturaleza-Tecnología-, con la instalación de un pabellón de esos pueblos, Rigoberta Menchú señaló que los gobiernos siempre han presentado a los indígenas ``con gran racismo, folclor y como raros''.

Detalló que los organizadores de la Expo le hicieron una invitación para instalar dicho pabellón, por lo que ya se han comenzado a discutir estrategias de participación de los pueblos indígenas y se busca que las comunidades presenten proyectos de desarrollo, de entre los cuales se elegirán los más representativos.

Mencionó que se aceptó participar debido a que en las Expo anteriores la presentación de los pueblos indígenas ``no ha sido digna''.

Asimismo, la Nobel de la Paz hizo un llamado a los gobiernos para que adopten como línea de trabajo el respeto a los derechos de los grupos étnicos.

Agregó que el pabellón de los pueblos indígenas presentará con autenticidad la situación de esas comunidades, por lo que los gobiernos estarán obligados a hacerlo también.

Del 23 al 25 de agosto se llevó a cabo una reunión con representantes del organismo Iniciativa Indígena por la Paz, en la que se discutieron las estrategias de participación.

Rigoberta Menchú explicó que los delegados coincidieron en que no se puede llegar a un nuevo milenio sin las bases necesarias de respeto, reconocimiento y defensa de los derechos humanos de todos los pueblos.

Martha García, enviada y La Jornada de Oriente, Metepec, Pue., 26 de agosto Ť Al ponerse en marcha la Operación Río Grande en la frontera México-Estados Unidos, la dirigente de la Central Nacional Campesina (CNC), Beatriz Paredes Rangel, exigió ayer ``respeto para los derechos humanos de los trabajadores migrantes'', en tanto que a los gobiernos del bloque económico de Norteamérica les pidió una ``relación moderna en el intercambio de fuerza de trabajo''.

En contestación a la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos, Doris Meisnner, la senadora electa rechazó que los mexicanos ``roben'' plazas de trabajo a los estadunidenses. ``Si estamos allí es porque se nos requiere y porque nuestra mano de obra es de extraordinaria calidad''.

Durante la inauguración del Congreso Nacional de la citada central campesina en este centro vacacional, Paredes Rangel manifestó ante sus correligionarios que dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) ``el trabajo de los peones migratorios se da en una relación económica poco comprendida y poco respetada''.

Respecto al tema de la apertura comercial, apuntó, es necesario reconocer que los pequeños productores viven un proceso de transición, y su inserción en el esquema del libre mercado en condiciones de desigualdad ``es injusto''.

Por ello, Paredes exigió el mismo tipo de subsidio para el campo que otorgan las economías desarrolladas a sus productores, y que en México exista una política de precios que garantice el consumo de las cosechas nacionales y respalde la sobrevivencia de la planta productiva en el sector primario.

La dirigente señaló que la lucha por los precios justos y por un intercambio equitativo con el conjunto de la sociedad será uno de los puntos medulares de la relación del movimiento campesino. Advirtió que esa reivindicación puede ser ``foco de tensiones o de controversia''.

Reclamó la necesidad de impulsar una política de respaldo a la transición entre un mercado cerrado y un mercado abierto, con el fin de impedir el desplazamiento de los productores mexicanos y que los campesinos estén en condiciones de recuperar sus costos de producción y obtener una legítima ganancia.

En la línea de las desigualdades marcadas en la política de puertas abiertas con el vecino país del norte, subrayó el apoyo de esa central campesina a su filial Unión Nacional de Productores de Caña, ya que la importación de azúcar ``no corresponde a las necesidades ni de la planta industrial ni de los productores del dulce''.

Paredes estuvo acompañada en el presídium por el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Francisco Labastida Ochoa -quien con la representación presidencial inauguró el encuentro-, el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett y el mandatario electo de Sonora, Armando López Nogales.