Antes de que comience a sesionar la nueva Legislatura (electa el 6 de julio) una serie de poderosos consorcios está moviéndose con gran rapidez para establecer su control sobre las nuevas rutas estratégicas del transporte en México con objeto de lograr su dominio sobre este sector durante los próximos decenios. ¿Por qué tanto apuro? El problema central consiste en que el gobierno y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han acordado ofrecer enormes subsidios a algunas de las empresas (y empresarios) más influyentes del país para consolidar estos ambiciosos proyectos antes de que los nuevos diputados ocupen sus curules.
En todo caso, la nueva Legislatura tendrá que investigar por qué se ha resuelto usar los dineros públicos para subsidiar a varios de los grupos económicos más acaudalados. Por el momento se indica que las mayores constructoras concesionarias, ICA, Tribasa y GMD, recibirán un regalo de 40 mil millones de pesos de los contribuyentes. Se trata de una historia al revés, a la cual, lamentablemente, ya nos hemos acostumbrado en los últimos años: se extrae dinero de los sectores medios y pobres a través de impuestos para trasladar estos fondos a los sectores con mayores fortunas.
Pero el problema es más complejo, pues de lo que se trata es de una profunda transformación de todo el sistema de transportes en el país. Para comenzar, debe tenerse en cuenta que la privatización de los ferrocarriles, actualmente en marcha, está directamente ligada al programa de rescate de las constructoras y al nuevo plan carretero. Los nuevos oligopolios del transporte controlarán tanto las principales redes ferroviarias como los diez ejes troncales carreteros del país. Entre 1998 y el año 2000, el gobierno planea gastar 84 por ciento del presupuesto público para la modernización carretera en los ejes troncales y apenas 16 por ciento en caminos rurales. Ello sugiere que se seguirá afianzando un modelo económico basado en dos velocidades, lo que no facilita la integración entre el sector moderno y el atrasado.
Un ejemplo notorio de los procesos de concentración y control del transporte, la construcción y el almacenamiento en el México contemporáneo se observa en el caso de la empresa ICA, la cual no sólo está pugnando por obtener algunos de los principales contratos carreteros, sino que ya ha adquirido control del segundo grupo ferroviario del país (el Pacífico Norte), junto con el Grupo Carso de Carlos Slim Helú y la poderosa firma Union Pacific Corporation, de Estados Unidos. A su vez, ICA ha logrado el control de la red de almacenes y distribución de granos (en el centro y sur de la República) de la nueva empresa Alsur, a raíz de la reciente privatización de lo que fue Almacenes Nacionales de Depósitos (ANDSA).
Este conjunto de operaciones refleja las ambiciosas estrategias de algunos de los grupos más poderosos del país para controlar los sectores más lucrativos de la construcción carretera y de infraestructura, del transporte y de la comercialización de productos industriales y agrícolas claves del México moderno. Sin duda, modernizar es bueno, pero la pregunta que se tienen que hacer los legisladores es cómo debe financiarse. Por el momento, la estrategia adoptada parece consistir en subsidiar los proyectos de los oligopolios más fuertes con transferencias de fondos públicos. ¿Es ésta la manera más indicada de gastar los dineros de los contribuyentes?