``Necesito dos paquetitos, uno rosa y otro celeste.'' En la grabación telefónica grabada por la policía, la intermediaria Cristina Giglio tranquiliza al ``comerciante'' argentino Ramón Villon que hablaba desde Alemania: ``Están listos''. Afuera de la cabina pública, una joven de bajos recursos, Juana Rita Espinoza, de 22 años y embarazada por tercera vez, aguardaba pacientemente con los ``paquetitos'': sus bebés. Precio en el mercado libre: mil pesos argentinos, equivalentes a mil dólares. Rápida como la muerte neoliberal, la intermediaria propuso dos al precio de uno. El trato fue cerrado.

A fines de mayo de 1995, días antes de la entrega, Villon alojó a una pareja de alemanes en el suntuoso Alvear Palace Hotel de Buenos Aires y les mostró a la nena. Cuando los alemanes vieron los ojos celestes pagaron sin dudar los 50 mil dólares convenidos en Europa. A la salida del hotel, Villon y la pareja fueron detenidos y así quedó al descubierto una de las tantas redes que en Argentina se especializan en la venta ilegal de niños. En este caso, la banda tenía su sede en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, y contaba con la complicidad del inspector de Migraciones Alejandro Malecky, que en el aeropuerto internacional de Ezeiza servía de apoyo a los compradores.

El tráfico ilegal de bebés argentinos trascendió en marzo de 1994, con motivo de una investigación del diario Clarín, de Buenos Aires. Por esos días, la monja Martha Pelloni, que desde hace muchos años vive de milagro por sus acciones a favor de los niños y jóvenes en situación límite, había denunciado que Goya era un ``centro internacional de tráfico de bebés''. En noviembre de 1993, precisamente el fiscal Miguel Alegre había presentado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, un informe que contabilizaba 102 casos de adopciones irregulares ocurridas en el decenio anterior. Por su lado, la directora de Minoridad y Familia de esta provincia, Graciela Hraste, había detectado 26 hechos similares.

La organización de Villon, quien se hacía pasar como exportador de cuero y tenía su domicilio legal en Munich, fue detectada después que el juez correntino Antonio Ballastra dejó en libertad bajo fianza a tres inculpados que servían de contacto con las madres de bebés, que revendían a 15 y 20 mil dólares después de comprarlos a 500 o mil dólares.

Otro caso fue el de una partera de apellido Santoro, de Buenos Aires. La mujer anotaba los hijos a su mucama, quien con las actas de nacimiento concurría a un escribano que extendía las escrituras y entregaba los bebés a mujeres estadunidenses que aguardaban alojadas en un hotel céntrico. El precio de la Santoro rondaba los 25 mil dólares.

Según la periodista Norma Morandino, de un total de 74 entrevistas realizadas sobre casos concretos de venta se constató que tan sólo en 20 hubo alguna retribución económica para la madre. En 12 de los casos se pagaron los gastos del parto en la clínica. En cambio, todos los intermediarios cobraban por sus servicios: médicos, parteras, abogados y policías judiciales. Otras investigaciones dieron cuenta de que en Argentina existe riesgo de tráfico para 4 mil niños cada año.