Intentan marginar al ombudsman de la niñez del caso de Yéssica Díaz
Triunfo Elizalde y Emmanuel Salazar, corresponsal Ť La lucha de los familiares de Yéssica Yadira Díaz Cázares en busca de justicia continúa y podría llegar a la Presidencia de la República, luego que la madre de la menor suicida, María Eugenia Cázares, anunció que viajará esta noche de Durango a la capital del país para buscar una entrevista con la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco.
Al informar de lo anterior vía telefónica, la señora Cázares Díaz comentó: ``Estoy en el momento más álgido de mi lucha, la cual se inició cuando denuncié la violación tumultuaria a mi hija; luego, cuando se suicidó, y desde entonces mi reclamo público por que se castigue a sus agresores y a las autoridades que se han negado a impartir justicia''.
Comentó que en la oficina de Nilda Patricia Velasco, Jorge Reyes Méndez, director de Documentación, le informó que ``la agenda de la esposa del Presidente está llena, sin embargo...''
Por su parte, Benjamín Santamaría El Rey Mono, ombudsman de la niñez en Durango, dio a conocer que en la capital duranguense está ocurriendo una ola discriminatoria contra aquéllos que no son de la entidad. ``Se nos califica de `extranjeros' y se nos reclama que vengamos a Durango a intervenir en problemas locales... nosotros les recordamos, como dijera la escritora italiana Andrea Barona, que los derechos de los niños y las niñas es una zona sagrada y su defensa no está sujeta a discusión; ni aquí ni en otra parte del país caben actitudes racistas'', expuso.
En tanto, hay temores de que las comisiones de Derechos Humanos de Durango (CEDH) y Nacional (CNDH) traten de aislar la misión del ombudsman de la niñez del estado en el caso Yéssica.
La CEDH, presidida por Jesús Mena Saucedo, conoció oficialmente de la violación que sufrió la menor Yéssica Yadira Díaz el 17 de julio de este año. Se abrió el expediente CEDH/267/97 para investigar a los agentes investigadores del Ministerio Público, Mesas 2 y 15, y de la Policía Judicial, ``por irregular integración de la averiguación previa y detención arbitraria en agravio de las quejosas''. Un mes después de que la menor se había suicidado (el 16 de julio) emitió la recomendación 21/97 dirigida al procurador Juan Francisco Arroyo Herrera, quien la aceptó el 31 del mismo mes.
En ese periodo, María Eugenia Cázares se desplazó a la ciudad de México para dar a conocer -el 10 de julio- el caso, mediante un documento, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y solicitarle su intervención, ya que el ombudsman duranguense no había hecho recomendación alguna hasta esa fecha (fue seis días después).
La CNDH le hizo saber el 30 de julio que como la instancia estatal ya se había pronunciado en este caso y la autoridad a que estaba dirigida tenía 15 días para aceptarla o rechazarla, la inconforme debían interponer por escrito ante la CEDH de Durango el recurso de impugnación en un plazo de 30 días naturales, a partir de que tuviera noticia de la información definitiva de la Procuraduría sobre el cumplimiento de la recomendación.
Dado lo anterior, se lee en el documento firmado por el primer visitador general, Mario Alvarez Ledesma, y con base en la ley y reglamento internos que regulan las actividades de la CNDH, ``el organismo nacional tiene por concluido el presente expediente y lo remite a la CEDH del estado de Durango, a fin de que sea dicha instancia la que dé seguimiento al cumplimiento de la recomendación citada''.
Renovado interés por el caso
¿Qué sucedió después, para que de pronto la CNDH volviera a interesarse en el caso Yéssica? Hay varias versiones. Según una de ellas, Mireille Roccatti, presidenta de esa institución, recibió un comunicado de la oficina de Nilda Patricia Velasco, haciéndole saber que la esposa del Presidente tenía conocimiento de las diversas anomalías que se suscitaron en el caso Yéssica propiciadas por autoridades de Durango, razón por la cual se solicita su intervención en la solución al problema. El mismo texto habría sido dirigido al secretario particular de Maximiliano Silerio Esparza, gobernador duranguense.
Igualmente, pudo haber influido en la ``nueva actitud'' de la CNDH la difusión y reacción de la sociedad y de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales ante lo que se considera ``injusticia'' de las autoridades contra una modesta familia duranguense.
Esas presiones explican de alguna manera la ``prisa'' de la primera visitaduría general de la Comisión Nacional para que la señora Cázares interpusiera, ``aunque sea por teléfono y luego por escrito'', el recurso de impugnación que justificaría solicitar a la CEDH el pronto envío de una copia del expediente.
Sobre los violadores de Yéssica Yadira -José Alfredo Almeraz Lozano, Jesús Rafael Almeraz Miranda y Jesús Gómez Cisneros- la Procuraduría General de Justicia estatal informó que ``son buscados no sólo en estados circunvecinos sino en el extranjero, por lo que se ha pedido colaboración a las embajadas (no especificó a cuáles), con objeto de lograr la aprehensión de aquéllos''. Asimismo, agregó que se han realizado varios cateos en domicilios de familiares que viven en otros estados, donde pudieran estar ocultos''.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez volvió a invitar ayer a Carlos Cuentas Zavala, responsable del Unicef, para que como responsable de ese organismo de Naciones Unidas se pronuncie públicamente y exija a las autoridades de Durango esclarecer los hechos en el caso de la menor Yéssica Yadira Díaz Cázares.