Los recientes acontecimientos en Chiapas, entre los que destacan las protestas pacíficas contra la reinstalación del campamento que el Ejército Mexicano mantenía en San Cayetano y el anuncio de la próxima marcha de zapatistas a la ciudad de México, han devuelto al primer plano el tema chiapaneco en circunstancias de especial significación política, como son las negociaciones entre los partidos con miras al inicio de los trabajos de la 57 Legislatura y la presentación, por parte del Ejecutivo, de su tercer Informe de gobierno.

En el caso de la reinstalación de los campamentos castrenses en diversas localidades de la zona de conflicto, las protestas indígenas son un indicador del grave estado de desesperación en el que se encuentran las comunidades, en cuyos campos de labranza se han instalado los grupos de las fuerzas armadas. Incidentes como el sucedido en San Cayetano resultan en extremo preocupantes, ya que pueden derivar en enfrentamientos que en nada ayudarían a reactivar las negociaciones de paz y que, por el contrario, podrían afectar aún más el de por sí tenso clima que se vive en la región.

Por ello, ante la urgente necesidad de propiciar la distensión en la zona y posibilitar, de esta manera, las condiciones para el reinicio del diálogo, el gobierno federal debe considerar el retiro definitivo de los campamentos militares de la región de los Altos y retomar los acuerdos de San Andrés y la propuesta de ley formulada por la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas, como las principales vías para alcanzar una paz justa en Chiapas.

En esta tesitura, resultan auspiciosos los señalamientos formulados el viernes por la Secretaría de Gobernación en el sentido de que los zapatistas tendrán garantizados su seguridad y libre tránsito en la marcha hacia el Distrito Federal. Sin embargo, debe señalarse -como lo han hecho diversos legisladores y miembros de la sociedad civil- que de las condicionantes puestas por Bucareli para permitir la llegada de los representantes del EZLN a la capital del país -no portar armas y mantener el rostro descubierto-, la única jurídicamente válida, y que los representantes indígenas se han anticipado a respetar, es la primera, ya que en ningún momento la ley impide a los ciudadanos ocultar su rostro detrás de pasamontañas o paliacates.

La Cocopa, por su parte, tiene en la próxima Legislatura -luego de la mayor pluralidad y equilibrio políticos resultantes del 6 de julio- una oportunidad invaluable para ampliar sus márgenes de acción e interlocución e incidir de manera positiva en la solución del conflicto chiapaneco.

Mantener un estado de guerra latente en Chiapas, por los indeseables factores de tensión y enfrentamiento que tiene implícitos, representa un riesgo elevado que debe evitarse. En esta perspectiva, tanto el gobierno como el EZLN y las instancias de mediación deben emprender nuevos esfuerzos para destrabar y concretar las negociaciones de paz, y dar comienzo, en consecuencia, a las acciones para resolver las causas profundas del alzamiento zapatista: la marginación, la falta de educación y salud, el racismo, la explotación y la impunidad que padecen los pueblos indígenas.