En México abunda la información económica. No toda es de la misma calidad ni igualmente confiable. Esa información proviene fundamentalmente del INEGI, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, y existe una calendarización --todavía no muy estricta-- para su publicación. Los resultados de la política económica se expresan en esa información que es toda ella de carácter oficial, y en la que se basan los análisis privados de la evolución de la economía y, supuestamente, también muchas decisiones de los agentes económicos. La información es, así, una parte integral de la gestión económica y tiene que convertirse no sólo en una fuente oportuna sino sólidamente confiable.

Por eso es relevante la polémica suscitada esta semana en torno a la publicación adelantada de las últimas cifras trimestrales del crecimiento del producto y la publicación atrasada de los datos del desempleo. Esto pone una vez más en la disputa el hecho de que el gobierno no puede actuar como el proveedor privilegiado de la información económica. Además, los datos sobre el desempeño del PIB fueron bastante mejores a lo esperado y son motivo de alguna controversia. Finalmente, el banco central sigue siendo la fuente única de la medida de la inflación y actúa entonces como juez y parte, y en este caso persiste la discrepancia entre el registro oficial del aumento de los precios y la expresión de los mismos en las transacciones cotidianas en muchos mercados.

El Producto Interno Bruto creció conforme a las cifras del INEGI en 8.8 por ciento entre el segundo trimestre de 1997 y el mismo periodo de 1996. Se sabe que el aumento del producto ha estado sustentado en la industria manufacturera, que registró una tasa de 12 por ciento en ese lapso. Pero la explicación que ha dado Hacienda del crecimiento del PIB apunta a la rápida expansión del sector agropecuario con una tasa de 10.4 por ciento. Este dato parece demasiado bueno cuando se aprecia que entre el segundo y el primer trimestre de este año ese sector sólo creció 1 por ciento, y parece también un tanto sobrevaluado cuando esta actividad ya sólo representa 5.8 por ciento del total de la producción. El otro sector señalado en la explicación a la que hacemos referencia es el de comercio, restaurantes y hoteles, que tuvo una tasa de expansión de 11.7 por ciento y que debería estar apoyado en una fuerte expansión del gasto de consumo de la población, y expresado en un aumento bastante grande de las ventas al mayoreo y menudeo. Este sector tiene una participación elevada en el total del producto pues representa 18.2 por ciento del mismo.

El crecimiento medido entre dos periodos con distancia anual es distinto que aquel medido entre trimestres consecutivos. Así, en el segundo trimestre de este año, el PIB creció 5 por ciento frente al primero, la industria manufacturera 6.8 por ciento, el comercio 12.1 por ciento y el transporte y comunicaciones 6.6 por ciento. En todo caso, las cifras del crecimiento del producto que se comentan están generadas por el lado de la oferta y, como se sabe, tienen que ser iguales a aquellas que resulten cuando se mide por el lado de la demanda. Este dato aún no está disponible y es el que contiene la información sobre el crecimiento del consumo de la inversión, el gasto del gobierno y el saldo comercial. Esas cifras tendrán que avalar de manera creíble los datos que se dieron a conocer en los días recientes. Ahí el dinamismo del consumo y de la inversión deberá ser muy fuerte, puesto que el saldo comercial se ha reducido de manera permanente, mes a mes, frente a los resultados del año anterior. Entre junio de 1997 y junio de 1996, la balanza comercial se redujo 59.8 por ciento, mientras que entre el primer semestre de este año y el primero del año pasado la caída es de 49.4 por ciento.

La credibilidad del programa económico está sustentada en dos bases, cuando menos. Una es su manifestación en el funcionamiento del conjunto de las empresas, y no sólo de aquellas más grandes ligadas a la dinámica de la exportación y en las condiciones de las familias. La otra reside en la información, su veracidad y oportunidad. En el primer caso la recuperación del mercado interno y del ingreso está todavía rezagada y no existen los detonadores en la política económica ni en el mercado financiero para su expansión. En el segundo caso, las transformaciones que está viviendo el país, sobre todo en términos de la participación social y su repercusión en las instituciones políticas, tiene una contrapartida en el ámbito económico que va a la zaga. La autonomía del INEGI y su vinculación con los órganos de representación ciudadana como es el poder legislativo, es una exigencia del cambio que se está gestando. Este debe ser sin duda uno de los puntos de la agenda del Congreso para el periodo que se inicia en septiembre.