La Jornada 21 de agosto de 1997

Ofreció Silerio pedir la renuncia al subprocurador: familia de Yéssica

Triunfo Elizalde, enviado, y Emmanuel Salazar, corresponsal, Durango, Dgo., 20 de agosto Ť El gobernador Maximiliano Silerio Esparza ofreció a la familia de Yéssica Yadira Díaz Cázares solicitar mañana la renuncia del subprocurador de Justicia, Godofredo García Ríos, luego de que dicho funcionario le habría dicho a María Eugenia Cázares de Díaz, madre de la hoy occisa: ``Mire, señora: a usted no le conviene seguir con esto. Más le vale que ya se deje de cosas''.

Silerio hizo este ofrecimiento luego de reunirse en privado con la familia de la víctima, a la que le pidió tres meses para resolver el caso. Les explicó que no podía destituir al procurador Juan Francisco Arroyo Herrera, porque no estaba preparado para remplazarlo de inmediato y porque esa medida ``desestabilizaría'' su administración.

Les advirtió que si revelaban lo que habían hablado la noche del martes 19 en Casa de Gobierno él lo desmentiría; sin embargo, María Eugenia lo dio a conocer en entrevista ``porque tenemos mucho miedo; creemos que nuestra vida corre peligro''.

Se buscó una entrevista con el gobernador a través de Sergio Fragoso Bernal, secretario particular de Silerio Esparza, pero no fue posible. Más tarde, por medio del director de Comunicación Social, Ricardo López Pescador, se envió un mensaje con ``la postura del gobernador en el asunto Yéssica''.

El texto, escrito a máquina en una hoja sin membrete, firma ni fecha, dice: ``El gobernador del estado, Maximiliano Silerio Esparza, en reiteradas ocasiones ha señalado que el compromiso de su gobierno es que se castigue a quien infrinja la ley. En el caso concreto de los hechos en que se relaciona a Yéssica Yadira Díaz Cázares existe orden de aprehensión en contra de los violadores y se están realizando todas las acciones para detener a dichas personas.

``Maximiliano Silerio Esparza ha dialogado en varias ocasiones con la madre de esta jovencita y le ha reiterado que su voluntad sigue firme para que los responsables de estos acontecimientos sean detenidos y se les castigue.

``El jefe del Ejecutivo estatal ha escuchado a diferentes organizaciones políticas, grupos de profesionistas y a la ciudadanía en general; unos solicitan la destitución del procurador estatal y otros apoyan la política de seguridad pública del gobierno del estado y la labor de la Procuraduría de Justicia, a cargo de Juan Francisco Arroyo Herrera.

``La firmeza y voluntad política del gobernador del estado por que estos hechos se resuelvan y se dé respuesta a la demanda de justicia en el caso de Yéssica siguen en pie, por lo que se está trabajando y no se descansará hasta que los culpables de este lamentable hecho sean castigados y cumplan su deuda con la sociedad duranguense''.

En tanto, María Eugenia Cázares comentó temerosa que luego de la entrevista con Silerio Esparza, a la que asistieron ella, su esposo Arturo Díaz Prieto y sus hijos Juan Manuel, María Guadalupe, Eugenia Elizabeth y Sofía Angélica, así como el abogado Cándido Adame Aguirre y Eduardo Campos, subsecretario de Gobierno, ``la impresión que me queda es que quiere ganar tiempo de alguna manera y él así lo entiende. Creo que el gobernador, al permitir que el procurador esté sacando infamias en contra de mi integridad moral, de alguna manera está jugando dos cartas; hay un doble juego y es por ello que tengo mucho miedo de estas personas''.

Según la madre de Yéssica Yadira, el diálogo fue cordial. Le pidió al gobernador destituir al procurador Arroyo Herrera, a lo que respondió que nada podía hacer al respecto porque ``no le conviene'', pues no está preparado para sustituirlo.

Ella le preguntó si no había otra persona ``con capacidad, preparación y honestidad en Durango'', sobre todo ``cuando el procurador se está convirtiendo también en un delincuente por sus actitudes y declaraciones públicas''.

Silerio Esparza le reiteró que no es posible cambiar a un funcionario tan rápido y volvió a pedirle tres meses para resolver el caso de Yéssica, ``pero me pareció que es mucho tiempo, por lo que le hice saber que voy a seguir con mis acciones públicas: marchas, plantones y protestas, exigiendo justicia a la brevedad posible. No puedo quedarme sin pelear por mis derechos humanos en representación mía y de mi familia''.

Cuando se enteró de que el subprocurador intentó disuadir a María Eugenia de que sostuviera su demanda, Silerio Esparza le prometió destituirlo ``el jueves''.

Sin embargo, el gobernador no se comprometió a promover alguna sanción administrativa o penal en contra de los agentes del Ministerio Público que conocieron de la denuncia de violación, que encarcelaron a las quejosas y que dejaron libre al único de los tres presuntos responsables que había sido detenido, porque ``no había flagrancia'', pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su recomendación 21/97, solicita que se actúe en su contra.

Como este asunto se ha empantanado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) decidió intervenir, posiblemente en respuesta al comunicado que el 29 de julio envió a Mireille Roccati la oficina de Nilda Patricias Velasco, esposa del presidente Ernesto Zedillo.

La madre de Yéssica Yadira pidió a Silerio Esparza hacer efectivas las órdenes de aprehensión contra José Alfredo Almeraz Lozano, Rafael Almeraz Miranda y Jesús Gómez Cisneros; destituir al procurador Arroyo Herrera, depurar la Procuraduría estatal, cesar las amenazas e intimidaciones, ``que limpien nuestro nombre o que el procurador demuestre las afirmaciones que ha hecho en nuestra contra'', y por último ``le dije que si no nos quieren aquí que nos dejen salir con vida''.

En la reunión privada también se habló sobre Cándido Adame Aguirre, abogado asesor de la familia Díaz Cázares, quien asumió la responsabilidad de este asunto por ser vecino de los afectados y amigo de ellos desde hace muchos años. El padre de Yéssica Yadira le pidió ayuda la noche en que un agente del Ministerio Público ordenó encarcelar a su esposa, a dos de sus hijas y a una nieta.

Según María Eugenia Cázares, se ha comentado que el abogado tiene pendiente ``una investigación en la Procuraduría General de Justicia'', pero ``yo más bien considero que es una acción para que deje de asistirnos. Parece que quieren que nos quedemos solos, sin quien nos defienda, pero no será así; por ello llevaremos a cabo una nueva marcha y un nuevo plantón con el apoyo de la sociedad duranguense el próximo viernes''.

Comisiones legislativas darán seguimiento a las investigaciones

Andrea Becerril Ť El Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y Senadores, dará seguimiento del caso de Yéssica Yadira Díaz, quien se suicidó después de que la violaron presuntos familiares del procurador de Justicia de Durango, Juan Francisco Arroyo, funcionario que obstaculizó la investigación y la detención de los responsables.

Legisladores de todos los partidos expresaron indignación por los hechos, narrados ante el pleno de la Comisión Permanente por Alfonso Ríos, diputado del Partido del Trabajo. Por su parte, la diputada perredista Rosario Robles y el senador Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional, exigieron que el crimen no quede impune.

Ríos relató los abusos de que fue objeto Yéssica Yadira, desde la violación hasta la negativa del procurador Arroyo Herrera para castigar a los responsables de la agresión.

Expuso que la víctima, su madre y una sobrina de dos años fueron detenidas durante 11 horas cuando acudieron a denunciar a uno de los violadores, al que lograron identificar, y fueron además amenazadas e insultadas por agentes de la Policía Judicial.

Más tarde se encontró la camioneta en que la joven fue ultrajada y resultó ser un vehículo que estaba guardado en una propiedad del procurador de Durango, donde reside uno de sus hermanos.

Sin embargo, añadió el diputado del PT, la policía se negó a investigar el origen del vehículo y dejó en libertad a tres implicados en el caso, además de hostigar a Yéssica Yadira y a su familia, lo que orilló a la muchacha de 16 años a suicidarse el 16 de junio.

Eduardo Andrade, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, subió a la tribuna e informó que ya había iniciado las gestiones ante las autoridades competentes para que se esclarezca el caso.

Andrade expuso que también se pondrá en contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya tiene conocimiento del asunto, y se comprometió a llevar a cabo las gestiones necesarias para que se castigue a los responsables.

La diputada perredista Rosario Robles también dijo estar indignada y expuso que ha enviado varias cartas para que se investiguen los hechos, pero insistió en que es importante la intervención de los legisladores para acabar con la impunidad de funcionarios del gobierno de Durango.

Al respecto, el panista Juan de Dios Castro, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, informó que el 11 de julio informó al gobernador de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, sobre la queja presentada por la madre de Yéssica, María Eugenia Cázares, acerca de que no se había realizado gestión alguna para detener a los responsables de la violación, pese a que hay tres órdenes de aprehensión.

Agregó que recientemente Silerio Esparza respondió y aseguró que se hará justicia, pero los legisladores deben estar pendientes para que ``ese crimen no quede impune'', insistió.