El espionaje, desde cuerpos estatales de seguridad: Samper

Afp, Efe, Dpa, Ap, Ansa y Reuter, Santafé de Bogotá, 20 de agosto Ť El presidente de Colombia, Ernesto Samper, responsabilizó hoy a los organismos de se- guridad del Estado de interceptar llamadas telefónicas de funcionarios y ordenó a las autoridades del ramo una investigación para aclarar el caso de dos de sus ministros que renunciaron.

Expresó su preocupación por ``la significación que para la seguridad nacional, independientemente de este caso, tiene el hecho de que las mismas agencias oficiales estén interceptando comunicaciones de altos funcionarios del Estado'', en alusión a los ex titulares de Comunicaciones, Saulo Arboleda, y de Energía y Minas, Rodrigo Villamizar.

Por ello, indicó que su gobierno ordenó al ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y al jefe de la policía secreta, general Luis Enrique Montenegro, iniciar investigaciones del caso para establecer el origen y determinar quiénes son los responsables de la grabación filtrada a la revista Semana, que al ser difundida provocó un nuevo escándalo político.

Arboleda y Villamizar, a quienes se grabó cuando hablaban sobre cómo favorecer a amigos suyos y del presidente Samper en la concesión de radioemisoras de frecuencia modulada, se vieron obligados a renunciar la víspera al darse a conocer lo anterior, poniendo de nuevo al presidente en un vendaval político.

Sin embargo, el gobernante parecía haber superado esta nueva crisis tras la dimisión de ambos y el nombramiento este día de sus remplazantes. En Comunicaciones designó a José Fernández Bautista, quien era viceministro del despacho, y en Energía y Minas a Orlando Cabrera, quien era titular de Desarrollo.

Con todo, el mandatario sostuvo que la adjudicación de las emisoras fue acorde con la ley y los cánones éticos, pero que de todos modos había solicitado a la Procuraduría una investigación a fondo sobre la transparencia del proceso de licitación.

En medio de este panorama no faltaron las versiones de que las fuerzas armadas estarían involucradas en la intercepción del telefonema entre Arboleda y Villamizar; sin embargo, la cúpula castrense se apresuró a deslindarse de cualquier responsabilidad, y el comandante de las fuerzas militares, general Manuel Bonett, pidió una investigación.

Algunas versiones señalaban que se trataría de una ``venganza'' ante la reciente destitución del comandante de las fuerzas militares, general Harold Bedoya. Pero este militar, considerado de línea dura y fuerte crítico del gobierno samperista, también negó toda responsabilidad y dijo que en el mercado existen equipos electrónicos para intercepciones.

En contrapartida, medios de prensa como El Tiempo sostenían que ``la hipótesis más fuerte'' sobre la intercepción de la llamada telefónica tendría su origen en personajes particulares, por lo que descartó que detras estuvieran agentes del propio Estado.

Si bien continuaban las críticas contra la corrupción en el gobierno samperista, el presidente aparentemente estaba a salvo de un nuevo juicio político. El Senado prefirió posponer para la próxima semana un debate sobre este asunto.

En los últimos cinco meses son ya cuatro los ministros que se han visto obligados a renunciar en situación de escándalo. Y cuando esto aún no termina, comienza a perfilarse otro escándalo al abrirse una investigación fiscal contra el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por autorizar una venta desventajosa de una central térmica.

El dimitente ministro Rodrigo Villamizar pidió excusas al presidente y al país por el ``error'' que dijo haber cometido, en tanto que el candidato presidencial Alfonso Valdivieso propuso suspender la licitación de dos canales de televisión debido al escándalo desatado por el tráfico de influencias en el caso de las radioemisoras.

Mientras la guerrilla dinamitaba un nuevo tramo petrolero y asesinaba a otro concejal en Antioquia, se supo que 30 influyentes intelectuales colombianos, encabe- zados por el escritor Gabriel García Márquez, solicitarán a la ONU su intervención para buscar la paz en Colombia.

En tanto, una comisión senatorial aprobó este miércoles en el quinto de los ocho debates reglamentarios el controvertido proyecto de reforma constitucional para restablecer la extradición de nacionales colombianos. El ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, se declaró satisfecho, aunque criticó la prohibición en cuanto a delitos políticos y conexos.

En este contexto, Washington anunció la reanudación de la ayuda militar a Colombia por ser ``vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos''. Este año fiscal, la asistencia, destinada a la lucha antinarcotráfico, podría ser superior a los 30 millones de dólares, y en créditos por 600 millones.