Muchos relieves, aparentemente insignificantes, amén de múltiples deslices ínfimos, han emergido a la luz de la opinión pública con motivo del nuevo Congreso surgido como consecuencia del reciente proceso electoral.

Por descontado está el fenómeno consistente en la pérdida de la mayoría absoluta con que el primero de los partidos oficiales contaba en ambas cámaras colegisladoras. Frente a esa derrota, los recios y seculares militantes del PRI se han dividido en dos grandes sectores: el de aquéllos que, convencidos de la debacle, buscan ocultar o desmanchar su antigua militancia, y el de quienes se afanan en empequeñecer su fracaso y continuar en el ejercicio del poder, algunos amparándose en la figura presidencial, autocrática aún, otros, acogiéndose a los millones y las influencias salinistas.

Entre ambas fracciones se entrecruzan gran cantidad de posibles artimañas. La primera es recordar que, si bien han perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, conservan la de Senadores, y que tal circunstancia les permitirá contar como importante factor de apoyo parlamentario a la política presidencial salino-zedillista. Por otra parte, no dejan de hacer presente el dato de que la unión de las bancadas PRI y PAN, ambas íntimamente vinculadas a la orientación neoliberal y globalizante, les da el control de ambas Cámaras; además de una abierta simpatía de la hegemonía del norte, agregan el instrumento del voto presidencial. Pero ahora, con motivo del acomodamiento de las distantes fracciones y la aparente consolidación de una ``mayoría opositora'', ha aparecido una nueva línea de argumentos que pretende condenar a una supuesta inconstitucionalidad el intento opositor de conformar una mayoría en la Cámara de Diputados que tendrá una importancia decisiva en cuestiones relativas al presupuesto, leyes fiscales y cuenta pública, considerando la competencia exclusiva en que estas materias toca a la llamada Cámara baja, sin intervención de los senadores. Ante esa perspectiva, los juristas forestales empiezan a recordar y exaltar la existencia del veto presidencial, instrumento inútil cuando el Ejecutivo controlaba la mayoría absoluta de ambas Cámaras.

Es muy importante recordar que diputados y senadores, una vez que toman posesión del cargo para el que fueron elegidos, se convierten en representantes del pueblo, independientemente del partido político al que pertenezcan. Sus votos que, según se dice, no dependen ya de las indicaciones presidenciales, deben estar inspirados en la concepción que cada legislador tenga de los intereses de la ciudadanía que representa. El dato de que pertenezcan a un partido político no los mantiene en el Congreso como representantes de tal partido. La elección los convierte en representantes o mandatarios del pueblo, como conjunto, y no de la fracción partidista a la que pertenecen. Por ello, resulta ilógico y hasta ridículo el empeño de algunos legisladores por sugerir que ellos asumen la línea política que la disciplina de su partido les impone. De esa manera nuestro novísimo Congreso de la Unión estaría instituido por priístas y sus socios panistas; por ex priístas, ecologistas verdes y petistas, antes que por 500 representantes del pueblo que deben formar la Cámara de Diputados y 128 que deben integrar la de Senadores.