Implican a abogados del Estado Mayor con narcos

Gustavo Castillo, enviado, Almoloya de Juárez, Méx., 20 de agosto Ť Juan Galván Lara, testigo de cargo de la PGR, afirmó que Amado Carrillo Fuentes y Eduardo González Quirarte ``se iban a ir del país porque no se habían arreglado con las autoridades'', refiriéndose a ``unos abogados del Estado Mayor Presidencial''.

El testigo completó lo afirmado en su declaración del 16 de febrero en la cual dice ``que también -Amado Carrillo y González Quirarte- le dijeron que una vez que se arreglaran con las autoridades iban a meter barcos de 30 toneladas con cargamentos de cocaína y que se mostraban molestos con Juan José Quintero, Juan Esparragoza alias El Azul y con tres hermanos de apellido Beltrán porque estaban metiendo trabajo por otro lado sin el consentimiento de Amado Carrillo''.

Ante el señalamiento de que abogados del Estado Mayor Presidencial negociaban con Amado Carrillo Fuentes, el general brigadier Marcial Rafael Macedo de la Concha aseguró que no tenía conocimiento de esto, pero dijo que si se presentara una denuncia formal se investigaría a fondo.

El procurador de Justicia Militar puntualizó que Galván Lara en ningún momento había asegurado que los abogados fueran militares ``pero en caso de que exista una denuncia formal se investigará y se castigará a los responsables''.

Aun cuando el acceso a la prensa se dio casi al término de la ampliación de declaración de Juan Galván Lara, se pudo escuchar cuando el general Gutiérrez Rebollo le preguntó: ``diga el sentido en que escuchó a Amado Carrillo llamarle la atención a otras personas a quienes comunicó que no iba a trabajar, refiriéndose al narcotráfico, hasta que no tuviera arreglo con unos licenciados del Estado Mayor'', en respuesta Galván Lara dijo que sí había escuchado la conversación, y a pregunta expresa de a qué Estado Mayor se refería, el testigo de la PGR afirmó ``al Estado Mayor Presidencial''.

Textualmente, en la foja 70 del expediente del caso de Gutiérrez Rebollo, Galván Lara dice ``que sabe que los citados Amado Carrillo y Eduardo González Quirarte se dedican a la actividad del narcotráfico, ya que en una de las visitas que el de la voz -Galván Lara- le hacía a las personas mencionadas le habían dicho que en 1990 habían bajado un avión en Ciudad Juárez, Chihuahua, en que transportaban cocaína y que en esa ocasión llegaron militares al lugar por lo que se escaparon en unas camionetas de 3.5 toneladas por la sierra.

``Asimismo, le refirieron que el 22 de enero de 1997 se iban a ir del país porque no se habían arreglado con las autoridades, refiriéndose a unos abogados del Estado Mayor'', que hoy precisó eran del Estado Mayor Presidencial.

En la misma declaración fechada el 16 de febrero de este año, Galván Lara asegura ``que en el departamento 3 del edificio de Tamarindos 100, se encontró a Amado, que éste recibió una llamada y que escuchó que le decía a la persona con la que hablaba que eran chingaderas porque estaban trabajando sin la autorización de él''.

Por su parte, el director general de Control de Procesos de la PGR, Rogelio Figueroa, dijo a los medios de comunicación que en esta audiencia Galván Lara había afirmado que el general Gutiérrez Rebollo había estado presente en dos ocasiones con Amado Carrillo y que eso tiraba las aseveraciones que el militar ha declarado negando el hecho.

Sin embargo, con el testimonio conseguido y a la pregunta hecha por Rebollo, la declaración cayó en una contradicción.

Rogelio Figueroa consideró ``imprecisa la referencia de que elementos del Estado Mayor Presidencial negociaran con Amado Carrillo''.

Por lo que respecta a otros términos de la audiencia, se reiteró que el general Jesús Gutiérrez Rebollo recibió de Eduardo González Quirarte, integrante del cártel de Juárez, equipo de comunicación y vehículos. Además, según el testigo Artemio Flores Martínez, le había ordenado que si sabía de algún operativo para detener al narcotraficante, lo reportara a través de un celular que le había entregado el capitán Javier García Hernández.

Por su parte, Artemio Flores Martínez, otro testigo de cargo de la PGR en contra del general Gutiérrez Rebollo, dijo que el militar preso en Almoloya tenía tres cuentas bancarias, la primera de ellas por 32 mil pesos, la segunda por 128 mil en una cuenta de inversión, y una tercera por 150 mil depositados a un plazo de tres meses, así como varias casas.

El testigo de la PGR aseguró que además de Eduardo González Quirarte y Luis Octavio López Vega, director de la policía municipal de Zapopan, otros civiles que visitaban a Gutiérrez Rebollo en la quinta región militar eran Irma Lissete Ibarra, la cual le fue presentada por el general Vinicio Santoyo Feria. Dijo que juntos asistieron como en tres ocasiones y que después, sin precisar fechas, ella lo había visitado sola dos ocasiones más y que apenas ``por los medios de información'' se enteró que estaban vinculados con el narcotráfico.

Gutiérrez Rebollo resaltó durante una declaración asentada en autos, que el licenciado Isabel Chavarría Piña firmó de representante legal en todas las declaraciones ministeriales tanto de sus coacusados, Horacio Montenegro Ortiz y Javier García Hernández, así como de todos y cada uno de los testigos de cargo. Dijo que éste era un mayor dependiente de los tribunales militares y que desconocía si ahora había dejado la milicia y se había convertido en funcionario de la PGR.

Aseguró que ni él ni sus coacusados y acusadores habían nombrado a Chavarría Piña como su abogado de confianza, por lo que le parecía extraño que la firma del militar apareciera en todas las declaraciones como el abogado designado por ellos para estar presente durante su declaración ministerial.

Por su parte, Macedo de la Concha, procurador militar, aseguró que en el caso de Gutiérrez Rebollo no se actúa en su contra ``por encargo'' y que su proceso se realizará, por lo que respecta a la justicia militar, con apego a derecho.

Dijo que su presencia en las diligencias judiciales civiles obedece a un mero interés institucional y que los procedimientos militares son distintos, pero que aun cuando la justicia militar es firme y dura, se actúa siempre con estricto apego a derecho.

Puntualizó que consideraba a Gutiérrez Rebollo como un presunto acusado y que quienes decidirán su situación serán los tribunales militares.