En el informe final de la comisión legislativa establecida para dar seguimiento a las investigaciones en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio se resume con precisión, y de manera por demás fundamentada, el disgusto y la decepción de la sociedad ante el errático, equívoco e ineficiente trabajo realizado por la Procuraduría General de la República a lo largo de los tres años y medio transcurridos desde el crimen de Lomas Taurinas. Más aún, los legisladores miembros de la Comisión Colosio apuntan a la posibilidad de que, tras las omisiones, los errores y las deficiencias que caracterizan las tareas investigadoras encabezadas por cuatro procuradores y otros tantos subprocuradores o fiscales especiales, haya habido intenciones deliberadas de enturbiar o encubrir la verdad sobre lo ocurrido en Tijuana en marzo de 1994.

En suma, el desempeño de la institución que debiera procurar justicia viene a constituirse, en el caso Colosio, en un agravio adicional al crimen mismo, en la medida en que no ha habido una respuesta satisfactoria al clamor nacional que, desde la tarde de aquel 23 de marzo, exigió un esclarecimiento pleno y verosímil del atentado. En cambio, los sucesivos equipos de la PGR manipularon pruebas, filtraron a la prensa pistas a la postre falsas o abandonadas, consignaron ante los tribunales a varios supuestos cómplices de Mario Aburto que acabaron siendo absueltos y dejaron de lado importantes vertientes de la investigación, empezando por la del entorno político del abanderado priísta sacrificado. Hoy, la institución mencionada vuelve a ofrecer al país las dudosas versiones iniciales del asesino solitario y del giro de 180 grados del cuerpo del candidato priísta. De esta manera, a decir de la comisión legislativa, ha generado un indeseable e inadmisible divorcio entre la verdad jurídica y la verdad histórica.

En tal circunstancia, es evidente la necesidad de que en el seno de la 57 Legislatura se reactive la comisión mencionada y se le otorguen facultades adicionales en el marco de la ley para que sus integrantes tengan acceso a toda la documentación e información relativa al crimen que se encuentre en poder de la PGR. En esta perspectiva reside la última esperanza sólida de enderezar y limpiar la investigación y conducirla a resultados válidos y convincentes y, por ende, de hacer justicia.

De la continuidad de la supervisión legislativa depende, también, la posibilidad de restituir la credibilidad de la PGR y preservar la del Congreso mismo.

Finalmente, no debe olvidarse que la inminente recomposición del Legislativo representa una circunstancia propicia tanto para profundizar las investigaciones mencionadas como para retomar otras que, como la de los actos de corrupción en Conasupo, fueron en su momento frenadas y congeladas por la mayoría priísta en la legislatura que está a punto de concluir.