Christopher Dodd *
La equivocada decisión de Clinton

Por primera vez en casi 20 años los militares latinoamericanos tendrán acceso a armamento ofensivo sofisticado estadunidense, que podría ser altamente desestabilizante para el hemisferio occidental. Esto será posible por la decisión tomada el primero de agosto por el presidente Clinton de abandonar una muy exitosa política de restricción de armas a nivel re- gional. También ha elevado las probabilidades de engendrar una carrera armamentista que podría ser altamente desestabilizadora no sólo para los países involucrados, sino para la totalidad del hemisferio.

Nadie está sugiriendo que los países latinoamericanos o que los militares latinoamericanos no tengan necesidades de defensa y de seguridad nacional legítimas y que sólo puedan ser satisfechos por fuentes extranjeras. Yo argumentaría firmemente que nuestra política previa era absolutamente compatible con la habilidad de esos países de solventar esos requisitos legítimos. Las ventas de artículos y equipos de defensa estadunidenses apropiados han continuado y deberían continuar. Pero una limitación de armas colectiva debería formar parte de cualquier esfuerzo de los líderes regionales para preparar a sus fuerzas armadas hacia su papel en el siglo XXI. Abrir la puerta a nuevas adquisiciones de armas sofisticadas antes de poner en su lugar tal acuerdo de control de armas es una receta para el desastre.

Sólo recientemente la región entera se ha recuperado de una década de crecimiento negativo. Y, mientras que el crecimiento está ahora al alza en muchos países, actualmente más de la mitad de éstos cuentan con niveles de ingreso per cápita inferiores a los que habían logrado hace diez años.

Los sistemas educativos a lo largo de la región necesitan mayores inyecciones de recursos para preparar a los hijos de las Américas para la próxima década. Actualmente, menos de la mitad de los niños que ingresan al primer grado siguen en la escuela hasta el quinto grado. Esta es una estadística asombrosa que debe cambiar. Sin embargo, esto no ocurrirá a menos que los recursos gubernamentales sean destinados a este objetivo.

No debería resultar sorprendente que los expertos económicos hayan señalado los peligros inherentes a una política agresiva de promoción de armamentos. El Fondo Monetario Internacional (FMI), responsable del monitoreo de las políticas económicas y la balanza de pagos en todo el mundo, también le ha otorgado una prioridad particular al advertir sobre los peligros de la compra de armas. Más recientemente, el 19 de junio, durante las llamadas consultas de Artículo IV con Estados Unidos, en donde se evaluó el desempeño de la economía estadunidense, el equipo del FMI ``instó a Estados Unidos, junto con otros países mayores, a administrar sus políticas de ventas militares a los países de economía en desarrollo y transición de una forma que evite promover los gastos no productivos y la intensificación de tensiones de seguridad''.

Entonces, ¿por qué el presidente decidió llevar a cabo esta acción? Tal vez porque fue ampliamente cabildeado no por otros gobiernos en la región en busca de un cambio en nuestra política, sino por intereses internos que están a la búsqueda de abrir un nuevo frente para ventas de muchos dólares de tecnología militar de punta a países del hemisferio occidental --particularmente a aquéllos de Sudamérica.

Desde los gobiernos de la región no han sonado tambores exigiendo que el presidente Clinton abandone nuestra política de limitación de armamentos. De hecho, los líderes políticos del hemisferio han expresado públicamente sus preocupaciones por una modificación de la política estadunidense. Conocen mejor que nosotros el tipo de presiones que enfrentarán por parte de sus propios militares una vez que el proverbial gato salga de la bolsa. Una tras otra, las instituciones militares buscarán justificar demandas de más y más costosos gastos de defensa para poder mantener la paridad con militares vecinos --en algunos casos militares con los cuales han tenido conflictos durante los últimos 20 años-- tan recientemente como 1995, Perú y Ecuador.

Si uno escuchara a algunos contratistas de defensa estadunidenses pensaría que nuestra política previa les privó de ganarse siquiera un dólar en ventas de armas a América Latina. Nada podría estar más lejano de la verdad. Entre 1992 y 1995, Estados Unidos fue el mayor abastecedor de armas de América Latina, capturando más del 25 por ciento de ese mercado. Durante los años fiscales 1993-1996, las ventas de armas de Estados Unidos a las naciones latinoamericanas fueron en promedio de casi 200 millones de dólares anuales.

Soy un firme promotor de esfuerzos para mejorar el desempeño exportador de Estados Unidos. Ciertamente, todos queremos ver que las exportaciones de Estados Unidos continúen creciendo --las exportaciones son críticas para la salud de nuestra propia economía y una fuente primaria de empleos para los estadunidenses que tan duramente trabajan.

Sin embargo, yo argumentaría que es miope de nuestra parte promover que los países del hemisferio desvíen recursos para compras de armas de sola ocasión, no productivas, cuando estos recursos podrían ser más sagazmente destinados en reparar infraestructuras muy erosionadas y en otras inversiones productivas que generarían empleos para así establecer un mercado más estable y sostenible para las exportaciones estadunidenses no militares.

A quienes tenemos interés en América Latina en el Congreso nos ha preocupado profundamente en estos últimos meses la posibilidad de que pudiera ocurrir este cambio en la política estadu- nidense. Fue por esta razón que en junio yo presenté un proyecto legislativo para codificar lo que había sido la política existente. Estuve acompañado en ese esfuerzo por el senador Joseph Biden de Delaware, el miembro de más alto rango de la minoría en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Desafortunadamente el Senado todavía no ha actuado sobre el Acta de Control de Armas para América Latina de 1997, aunque argumentaría que la urgencia por hacerlo ahora es más grande que cuando fue presentado dicho proyecto.

La región está en paz. La democracia es el orden del día. Nunca han sido mayores las demandas sobre los gobiernos de la región para resolver las necesidades económicas y sociales urgentes, mientras los recursos gubernamentales están severamente limitados. Ahora no es el momento para que Estados Unidos nutra una carrera armamentista regional. Sería la ironía final, después de todo el tiempo y esfuerzo que el presidente y su administración han invertido en ayudar a plantar las semillas de la democracia en nuestro propio hemisferio, y de nutrir tan cuidadosamente estas semillas para que germinaran y florecieran, si esta decisión poco sabia sirve, finalmente, para socavar todos estos esfuerzos. Hasta la fecha no se ha hecho ninguna venta, no se ha firmado ningún contrato. Aún hay tiempo para que el presidente reconsidere esa decisión. Lo instaría firmemente a que lo haga.

(*Este artículo fue escrito originalmente para el diario The Day de New London, Connecticut, estado por el cual Dodd es senador. El autor autorizó esta versión en castellano especial para La Jornada. Dodd fue presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata durante 1996, y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y es considerado experto en las relaciones con América Latina).