Brasil: Cardoso militarizaría zonas amenazadas por el MST

Efe, Dpa y Ap, Brasilia, 20 de agosto Ť El gobierno brasileño anunció hoy estar dispuesto a enviar tropas del ejército a los estados amenazados por invasiones del Movimiento de los Sin Tierra (MST), mientras los hacendados de la región de Pontal do Paranapanema continuaron con la organización de milicias privadas para evitar ocupaciones de ese grupo campesino, y Uruguay decidió reforzar su vigilancia militar en la frontera con Brasil.

El portavoz de la presidencia, Sergio Amaral, confirmó que el mandatario Fernando Henrique Cardoso ofreció a los gobernadores de los 27 estados del país la posibilidad de enviar refuerzos militares en caso de problemas de seguridad generados por el MST.

Amaral lamentó ``que el MST, además de traer intranquilidad al interior, lo que dificulta la reforma agraria, también provoque ahora intranquilidad en las zonas de frontera, lo que dificulta las relaciones de Brasil con sus vecinos''.

El ministerio uruguayo de Defensa sostuvo hoy que las ocupaciones de tierras brasileñas a unos 10 kilómetros de la frontera con Uruguay ``han causado preocupación en la opinión pública, en el ejército y el gobierno, por lo que se decidió tomar medidas (de vigilancia) extraordinarias'', pero el coordinador del MST, Joao Pedro Stédile, reiteró que ``nunca se nos ocurrió llegar hasta Uruguay; eso es pura paranoia de los milicos uruguayos''.

El anuncio de que el gobierno federal está dispuesto a militarizar la zonas amenazadas por el MST se produce un día después de que la organización campesina anunciara la próxima ocupación de agencias bancarias de Pontal do Paranapanema, interior del estado de Sao Paulo, para lograr la liberación de créditos destinados a la reforma agraria que ya fueron aprobados por el gobierno.

Paradójicamente, los dirigentes de la Unión Democrática Ruralista, un grupo de terratenientes que combate las invasiones del MST, apoyaron el anuncio que hicieron los campesinos.

``Si quieren presionar al gobierno (para que agilice la reforma agraria), deben invadir bancos, las haciendas que ya fueron expropiadas y otras propiedades del gobierno'', dijo Antonio Prata, uno de los líderes de ese grupo de terratenientes.

Pero otro dirigente de la UDR, Narciso Clara, advirtió que si los sin tierra vuelven a ocupar fincas en la región de Pontal, los pistoleros contratados por los hacendados ``dispararán a matar''.

Precisamente este miércoles un militante del MST, José Dos Santos, murió en Paraná tras haber sido baleado el sábado pasado por guardias privados de una hacien- da de dicho estado.

La policía de Paraná teme que se registren más enfrentamientos en la región luego de la muerte del campesino, ya que se espera que unas 5 mil personas acudan a su entierro.

El ministro brasileño de Reforma Agraria, Raúl Jungmann, acusó por su parte al MST y a la UDR de ``crear una crisis artificial'' con el objetivo de ``fabricar cadáveres para sacar provecho electoral'', en alusión a la comicios generales de 1998, y advirtió que la invasión de agencias bancarias ``es un caso para la policía''.

El MST, que representa a unos 2.5 millones de campesinos sin tierra y que se ha convertido en el principal movimiento popular de oposición, reinició el pasado lunes sus invasiones de haciendas ociosas en Pontal do Paranapanema, donde han sido frecuentes los enfrentamientos entre hacendados y campesinos.

Las haciendas ocupadas fueron las de Maturi y Primavera, las cuales están siendo negociadas para su inclusión en el programa de reforma agraria, proceso que marcha con demasiada lentitud según los sin tierra.

La organización campesina precisó hoy que ``en la actualidad tenemos a unas 53 mil familias acampadas y listas para participar en invasiones. Al finalizar este año tendremos unas 100 mil familias acampadas'', según Deolinda Alves de Souza. La líder del MST hizo estas declaraciones durante la visita que efectúa desde el lunes a Londres y en la que busca obtener el apoyo para la causa del MST de organizaciones como Amnistía Internacional.

Por otra parte, el Instituto Médico Legal del estado de Paraíba reveló hoy que siete de los ocho presos que murieron en julio pasado en un motín en la cárcel de Roger, en la capital de ese estado, fueron previamente torturados por los policías que controlaron la revuelta.

Finalmente, en una agitada sesión en la que militantes católicos y protestantes intercambiaron insultos, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó hoy por 24 votos contra 23 la práctica del aborto en hospitales públicos en casos de violación y riesgo de muerte de la madre.