Un arzobispo, el titular de la Junta Interventora de la Policía hondureña

Afp, Ap y Reuter, Tegucigalpa, 20 de agosto Ť El Congreso de Honduras nombró anoche al arzobispo capitalino y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Oscar Andrés Rodríguez, como titular de la Junta Interventora de la Policía, en una decisión que provocó reacciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad hondureña.

Rodríguez, cuya designación fue sancionada por 126 contra dos votos, estará al frente de ese organismo que durante un periodo de ocho meses deberá encargarse de supervisar el traspaso de la policía de los militares a los civiles, proceso recomendado por una comisión ad hoc.

El comandante de la policía, coronel Julio Chávez, sostuvo que la junta interventora ``va a hacer funciones de un ministerio, atenderá asuntos administrativos, pero monseñor no va a andar en una patrulla o va a estar dirigiendo las operaciones como piensan aquí''.

La posición de Chávez, quien destacó que ``el ministro espiritual y todos los miembros de la junta son bienvenidos'', contrastó con otros sectores, en especial de los defensores de los derechos humanos, mientras el episcopado afirmó que no tenía comentarios y añadió que Rodríguez se encuentra en Estados Unidos, donde recibe atención médica.

Ramón Custodio, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, cuestionó: ``¿Es qué el Estado de Honduras ha dejado de ser un Estado laico? ¿Estamos pasando a ser un Estado religioso o vamos más allá?''. Tras aclarar que no dudaba de ``la calidad moral del arzobispo hondureño'', calificó la decisión como un ``paso lamentable''.

En similares términos se pronunció el comisionado gubernamental de los derechos humanos, Leo Valladares, quien dijo que ``nadie duda del honor y la credibilidad de monseñor Rodríguez, pero creo que cada persona debe desempeñar el papel que le corresponde''.

El diario La Prensa, consideró que la decisión ``rompe con la ortodoxia y creará discusiones'', aunque agregó que ``el crimen se ha entronizado de tal forma en Honduras que ya los procedimientos tradicionales no funcionan y ello obliga a buscar remedios de carácter excepcional''.

La junta interventora se encargará de supervisar el proceso mediante el cual la policía militarizada, en poder de las fuerzas armadas desde 1963, y la Dirección Nacional de Investigaciones (DIC), una especie de policía judicial, se unifiquen bajo un mando civil.

La DIC, actualmente una dependencia del ministerio público, descubrió a altos oficiales y agentes de la policía militarizada en robos de vehículos, bancos y otras actividades ilícitas.

Al respecto, Custodio abogó porque se mantenga separadas a las policías de manera que, indicó, ``se puedan prevenir e investigar actos irregulares o abusos'' de oficiales y agentes.