El predominio del gran capital inmobiliario privado en la construcción o reconstrucción de la ciudad, propio en México de los tiempos neoliberales, tiene como expresión y símbolo a los megaproyectos urbano-arquitectónicos, desarrollos horizontales extensivos o en volumen y altura con alta intensidad de uso del suelo, o una combinación de las dos formas, para oficinas, comercio y servicios, turismo, recreación y vivienda de lujo, que involucran grandes masas de capital financiero.

En la ciudad de México se construye el Conjunto Santa Fe al noroeste; están pendientes el Proyecto Alameda en el Centro Histórico y el Club de Golf en Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, y ahora se debate sobre la Torre Chapultepec (avenida Reforma) y el Conjunto Cuicuilco en Periférico Sur e Insurgentes, junto a la zona arqueológica.

Estos megaproyectos urbanos vienen acompañados siempre de polémica y conflicto social porque las autoridades y los inversionistas los proyectan, aprueban y ponen en marcha en función de sus intereses e ideologías con métodos autoritarios, sin tener en cuenta integralmente las necesidades colectivas de la ciudad y los ciudadanos. Creemos necesario tener en cuenta cinco aspectos en el tratamiento de estos grandes proyectos: el económico, el social, el patrimonial, el urbano y, como problema central, el de la participación ciudadana.

No hay duda que los megaproyectos son inversiones rentables para el capital inmobiliario; de lo contrario, no los emprenderían. Pero la gran superficie construida desocupada acumulada en los últimos años, así como la conversión de muchos pequeños constructores y compradores en deudores morosos, que perdieron o pueden perder su inversión, nos coloca frente a un fenómeno especulativo. La construcción tiene un impacto multiplicador sobre la actividad industrial y comercial de donde provienen sus insumos; pero a diferencia de la inversión en inmuebles que sirven de soporte material a procesos productivos permanentes, los megaproyectos se orientan básicamente al consumo suntuario sin efecto económico posterior importante. Si el mercado no absorbe los espacios construidos, la inversión se congela económicamente y es socialmente inútil; y si son ocupados, liberan otros espacios ya construidos que no son reutilizados, quedando como inversión muerta y lastre para la ciudad como colectividad.

El empleo generado es significativo durante la fase de construcción, pero de carácter transitorio, para luego desaparecer. La mayor parte de los obreros de la construcción son pagados con salario mínimo, devaluado cerca del 70 por ciento en los últimos 20 años, totalmente insuficiente para la sobrevivencia familiar. En la fase de funcionamiento, el nuevo empleo es muy limitado; el existente se desplaza físicamente. Por ello, los gobiernos metropolitanos no deben asumir como criterio justificador general de los megaproyectos, el ``desarrollo económico'', pues no es válido en todos los casos en términos de costo-beneficio urbano colectivo; cada caso amerita un análisis particular y detallado.

Los megaproyectos implican elevados costos financieros pasados, presentes o futuros para la comunidad urbana, representados por inversiones en infraestructura vial, agua, drenaje y electricidad, mantenimiento de áreas verdes, etcétera, necesarias para su articulación a las redes maestras cuando son periféricos (Santa Fe y Santa Cecilia), o para la reutilización de la existente cuando están en áreas urbanizadas (Torre Chapultepec, Alameda, Cuicuilco), o para atender a la población residente desalojada hacia la periferia (Alameda y Santa Fe). Esta inversión la paga toda la ciudadanía en impuestos, beneficia sólo a los inversionistas y usuarios, es transferencia de subsidios colectivos a beneficio privado y desplaza necesariamente otras inversiones públicas para beneficio de sectores mayoritarios desprovistos de lo esencial.

Los megaproyectos pueden causar la destrucción directa (desalojo) o indirecta (competencia desigual) de actividades económicas más débiles, agropecuarias (Xochimilco), pequeño comercio y artesanía (Alameda), realizadas por agentes sociales distintos a los beneficiados por la inversión y a los cuales no se ofrece alternativa alguna. No siempre la valorización de la zona generada por el proyecto es un beneficio para los vecinos; puede no ser captable por ellos (inquilinos) o convertirse en maleficio que implica pago de mayores rentas o impuestos prediales y pérdida de condiciones de trabajo y vida.

Para justificar y aprobar los megaproyectos no basta un análisis de costo-beneficio económico privado; es necesario uno social integral que tenga en cuenta todas las variables.