La reciente explosión de violencia delincuencial habida en diversas áreas de la capital de la República, muestra palmariamente el estrepitoso fracaso de la política policial en la ciudad de México y la escasa utilidad de poner a militares al frente de las corporaciones que pretendidamente garantizan el orden público.

Víctima de esa violencia incontenible, Alejandro Ortiz Martínez fue asesinado en las Lomas de Chapultepec, zona donde son comunes la policía privada, las casetas de vigilancia, los guardaespaldas, los sistemas de alarma y otros medios de protección que la suficiencia de recursos económicos permite y que de uno u otro modo disuaden o dificultan la acción delictiva. La conclusión derivada de este homicidio difícilmente puede ser más desesperanzadora: si eso ocurre en una de las zonas mejor vigiladas de la ciudad y al hermano de uno de los hombres más influyentes del país, el secretario de Hacienda, ¿qué esperanza le resta a quienes no poseen tales características?

Agravada a niveles irritantes por la impunidad y la corrupción, la inseguridad es el principal problema de la macrópolis, como lo es también en otras entidades del país. Asuntos que están en el centro del debate nacional, como el formato del Informe del Ejecutivo o la reducción del Impuesto al Valor Agregado, palidecen ante la magnitud y la prioridad que reclama la falta de seguridad. Y cómo no había de ser así cuando preciados bienes, e incluso la vida, le son arrebatados en segundos al ciudadano, con una alta probabilidad, además, de que el delito quede sin castigo.

El problema no puede verse sino con pesimismo, no sólo por la escandalosa ineficiencia de las policías sino también por su vinculación con el delito, como lo apuntaron coincidentemente el domingo pasado el secretario de Agricultura y ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa --``cuando fui gobernador quedó muy claro que no había delincuencia grande que no estuviera protegida por los cuerpos de seguridad''-- y Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha recibido del propio secretario de Seguridad, general Enrique Salgado Cordero, informes sobre la infiltración de la fuerza pública por los delincuentes.

Como el actual gobierno capitalino no hará en unos meses lo que no ha logrado en dos años y medio, habrá que poner los ojos en la nueva administración, que presidirá Cárdenas, quien ha prometido ``limpiar'' de corrupción a las corporaciones. Para este fin, ha de ser bienvenido el compromiso del Presidente de aceptar las sugerencias cardenistas para el nombramiento del procurador general de Justicia y del jefe de la policía preventiva. Se trata de un plausible gesto de Ernesto Zedillo, pues prácticamente le cede a Cárdenas facultades constitucionales que le competen a aquél. Así y todo, es también una decisión política conveniente para el Ejecutivo porque traslada a Cárdenas la responsabilidad de nombramientos que, si no son acertados, pronto le serán reprochados al nuevo gobierno capitalino.

¿Podrá hacerse algo efectivo en materia de seguridad pública en sólo dos o tres años? Difícilmente, pero por supuesto que es obligado intentarlo. El intento ha de excluir la improvisación y las pretensiones taumatúrgicas, así como recordar que para lograr buenos resultados no bastarán los ceses de agentes y cambio de jefes y ni siquiera la sola ampliación del presupuesto. La implantación de una auténtica carrera policiaca, salarios altos, selección de personal entre ciudadanos probos y capaces, de entre lo mejor de la ciudadanía, y su preparación integral, son apenas algunos rubros que será preciso incluir en la construcción de cuerpos de policía honrados y eficientes. La dimensión del desafío es enorme.

El asombroso crecimiento de 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 1997 es una buena noticia y sería irracional regatearle importancia. Sin embargo, aun cuando recordarlo pudiera parecer un lugar común, es preciso ponerle al entusiasmo por la buena nueva la sordina de los millones de mexicanos que no tienen de qué asombrarse porque todavía no reciben los beneficios de tal expansión del PIB.