Reportó el Centro Fray Bartolomé 11 casos de tortura al relator de la ONU

Alma E. Muñoz Ť El informe sobre tortura del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entregado al observador de la ONU, Nigel S. Rodley, dio atención especial al papel del Ejército mexicano en Chiapas. Habló de las consecuencias provocadas por las acciones militares a partir del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y presentó 11 casos de tortura en contra de indígenas y campesinos.

Para el organismo no gubernamental la finalidad de las fuerzas armadas ``ha sido el sometimiento de una parte importante de la población indígena de esta zona a la lógica militar que ha traído consigo una fuerte modificación en la dinámica social, política y cultural de las comunidades''.

Recuerda que las amenazas a la seguridad pública, acusaciones falsas o arbitrarias, así como los interrogatorios de este cuerpo castrense a la población civil, constituyen una violación a las garantías y seguridad jurídicas, protegidas por los artículos 7 y 8 de la Convención Americana; 9 y 14 del Pacto Internacional, así como 14, 16 y 17 de la Constitución Política mexicana.

Denuncia que bajo ``color de autoridad del Estado y con el poder de las armas en sus manos, el ciudadano razonablemente cree no tener recurso legal ni garantías bajo la ley contra tales amenazas y acusaciones'' y a la intimidación personal suma la ``exhibición excesiva de la fuerza'' con sobrevuelos de helicópteros artillados sobre las comunidades, entrada de numerosos vehículos militares y presencia masiva de tropa entre la población.

Para el centro de derechos humanos, la presencia del Ejército corrompió la moral y las buenas costumbres de los ciudadanos ``al traer prostitutas, poner burdeles en muchas comunidades y distribuir bebidas alcohólicas y mariguana que venden o regalan a los habitantes''.

El apartado sobre la acción del Ejército en Chiapas recalca que la acción militar desequilibró la vida cotidiana y los medios de sobrevivencia en la entidad pues la llegada de éste provocó la pérdida de cultivos, animales y pocas pertenencias de los pobladores.

En un análisis sobre la tortura, el informe que se entregó al relator especial de la ONU ofrece un recuento sobre seis hechos ocurridos en 1995 contra campesinos-indígenas y cuyo trato de policías y militares fue ``detención arbitraria, traslado de la víctima a lugar donde no hay testigos, intensos maltratos, tortura sicológica, interrogatorio en torno al EZLN (confesión de quiénes son zapatistas, información sobre sus miembros, declarar dónde están las armas''.

A partir de enero del 1997, presenta seis casos más, ocurridos contra comerciantes, indígenas y campesinos, quienes fueron sometidos de manera arbitraria por judiciales y policías vestidos de civil.

Destaca el caso de los jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales, quienes en marzo pasado fueron acusados de participar en una emboscada contra elementos de seguridad pública.

Narra también la detención de militantes priístas y perredistas en San Pedro Nixtaculum en el mismo mes, y la tortura que padecieron 27 personas por parte de elementos de seguridad pública y el Ejército mexicano.