El condenable asesinato de Alejandro Ortiz Martínez, banquero y hermano del secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, debe ser plenamente esclarecido y despejadas las dudas a que ha dado pie. Por desgracia, en episodios delictivos como el que tuvo lugar el sábado pasado en las Lomas de Chapultepec, en esta capital, es frecuente que la información que llega a la opinión pública presente contradicciones e incongruencias que fortalecen el escepticismo de la sociedad y el descrédito de las instituciones responsables de procurar justicia. El homicidio señalado no ha sido la excepción: por una parte, existen versiones contrapuestas sobre el sitio en el que falleció la víctima -el mismo lugar de la agresión o el Hospital Central Militar- y, por la otra, parece un tanto apresurada la insistencia de las autoridades en descartar hipótesis y líneas de investigación distintas al intento de robo.

Es pertinente destacar que en las reacciones de diversos personajes públicos y organizaciones ante el crimen se señala, como una constante, la existencia de vínculos de complicidad entre la delincuencia organizada y las corporaciones policiales.

Desde sus muy diversas posturas, al comentar el homicidio de Ortiz Martínez, coincidieron en este punto Francisco Labastida Ochoa, secretario de Agricultura; Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno electo del Distrito Federal, y líderes de organismos cupulares del sector privado.

Ciertamente, el grave margen de impunidad, la capacidad operativa y de movilización y el poder bélico de que disponen los grupos delictivos no pueden entenderse si no es con la existencia de ``contratos de protección'' entre tales grupos e instancias de alto nivel de las corporaciones policiacas preventivas y judiciales, e incluso de otros ámbitos de la administración pública.

Por ello, si realmente se tiene la voluntad de confrontar y combatir la delincuencia, habrá que empezar por admitir que ésta, en sus diversas modalidades -narcotráfico y lavado de dinero, asalto bancario, secuestro, robo a mano armada-, se ha infiltrado con éxito en importantísimos sectores de nuestros cuerpos policiales, y que casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, más que excepciones, parecen ser en cambio la punta del iceberg de la infiltración y la descomposición de las instituciones de justicia y el combate a la delincuencia.

Desde esta perspectiva, cualquier intento serio de reducir la exasperante criminalidad que campea en el país tendría que ir precedido de una depuración y moralización a fondo y en gran escala de los aparatos federales, estatales y locales de seguridad pública y procuración e impartición de justicia.