Se generaliza en Chiapas el retiro de tropas
Juan Balboa y Helio Enríquez, corresponsales, San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de agosto Ť El Ejército Mexicano inició la reducción de sus tropas y el desmantelamiento de campamentos en las tres regiones de conflicto que existen en Chiapas, con influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y, paralelamente, releva a unos 5 mil militares en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, confirmaron fuentes castrenses y organizaciones políticas.
Previo al tercer Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo y en una acción sin precendente desde que apareció en 1994 el EZLN, el Ejército Mexicano destruye sus propios asentamientos y retira sus tropas de siete campamentos castrenses en los Altos de Chiapas, la zona norte y la selva Lacandona.
Los campamentos desmantelados hasta el momento, según la información obtenida este domingo por La Jornada, son: San Cayetano, Jolnachob, Santiago el Pinar, Chanal, Navehchauc y dos de la región de Patihuiz, en la zona de conflicto.
Los más importantes se encontraban asentados en San Cayetano y Chanal. Unos mil militares que integraban el 22 Batallón de Infantería y el grupo élite de la Secretaría de la Defensa Nacional conocido como Fuerza de Tarea Arcoiris, quemaron y abandonaron el miércoles pasado el de San Cayetano.
El agrupamiento Lugo de la Fuerza de Tarea Arcoiris, al mando del coronel de infantería Miguel Lugo Rodríguez, habría abandonado el campamento de Chanal, distante unos 130 kilómetros de la capital chiapaneca, que fue instalado en enero de 1994.
Paralelamente, la séptima Región Militar anunció en días pasados cambios de tropas en los tres municipios de la zona de conflicto -Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano-, pero nunca informó sobre el desmantelamiento de campamentos.
``Desaparecieron sin hacer ruido''
``Desaparecieron así, de repente'', es la respuesta que se repite en cada uno de los indígenas tzotziles entrevistados que habitan los poblados cercanos al campamento de San Cayetano, el principal en San Andrés Larráinzar, quemado y abandonado sorpresivamente hace unos días.
Mariano López resume la retirada de los militares: ``Empezaron a quemar todas sus viviendas y quitaron sus trincheras, bueno, en verdad se fueron en la madrugada sin tanto ruido como cuando llegaron''. El poblado zapatista de Jolnachoj -otro de los campamentos destruidos por los propios militares- fue el más afectado por la presencia castrense.
A decir de los representantes de la agencia rural municipal, los militares mantenían un constante hostigamiento contra la población: ``Violaron mujeres, se emborrachaban, hacían escándalos a altas horas de la noche y fomentaron la prostitución''. Las autoridades rurales de Jolnachoj presentaron por lo menos diez oficios al gobierno del estado por el hostigamiento que sufrieron varios habitantes, pero nunca se investigó una sola denuncia.
Sorprende la retirada
El presidente del gobierno municipal autónomo y popular de San Andrés Larráinzar, Juan González, se muestra sorprendido por el retiro de los militares de sus principales posiciones al tiempo que expresa un aire de satisfacción en su rostro, y en la plática con el corresponsal deja una pregunta en el aire: ¿nos quiere decir el gobierno que quiere regresar a los diálogos de paz?
Las ONG también fueron sorprendidas por el desmantelamiento de los campamentos, pero aseguraron que es necesario el retiro del Ejército Mexicano de las zonas y comunidades que invadió.
Un estudio de la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz (Conpaz) señala que en todo el estado existen cerca de 40 mil soldados -30 por ciento del total de los militares que forman el Ejército Mexicano- distribuidos en 70 por ciento de los 111 municipios de Chiapas.
Varios organismos no gubernamentales que luchan por los derechos humanos en Chiapas han señalado que la desmedida presencia militar en el estado ``corrompe la moral y las buenas costumbres''.
En el documento Chiapas: donde la justicia no tiene lugar, aseguran que el Ejército Mexicano ha traído prostitutas y se han puesto burdeles en muchos poblados; ``en comunidad hasta utilizan la escuela para este fin'', indican.
``La irrupción violenta del Ejército -dicen-, agravada por su injerencia en la vida de estas comunidades, viene a ser otro ejemplo más de falta de respeto hacia las comunidades indígenas, sus derechos, sus costumbres y su identidad cultural''.
Actualmente 80 por ciento de las comunidades identificadas como zapatistas, principalmente en la zona de conflicto -Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano-, son vigiladas por campamentos militares localizados a tan solo 500 metros de ellas. En otras invadieron las cabeceras donde instalaron pistas aéreas y, en varios casos más, viven alrededor de la problación indígena.
Las principales cañadas de la selva Lacandona fueron invadidas por el Ejército Mexicano a partir del 9 de febrero de 1995, fecha en que el presidente Ernesto Zedillo ordenó a las fuerzas armadas iniciar un embate militar de grandes dimensiones contra el EZLN. Sin disparar una sola bala, los militares invadieron la mayoría de las regiones zapatistas.