ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Al rebasar el lapso tradicional de ejercicio del poder en México que ha sido el sexenio, Víctor Cervera Pacheco ha abierto el camino del retorno al poder de cuando menos 16 gobernadores interinos del salinismo (entre ellos el panista Carlos Medina Plascencia), y a las tentaciones de reelección inmediata de presidentes municipales, diputados y senadores, y la inmediata o discontinua de los gobernadores y el propio Presidente de la República.

Amparado en las reformas a la Constitución yucateca hechas para su propio provecho en su primer periodo de gobierno, cuando fue interino por cuatro años, Cervera Pacheco aduce legalidad incontrovertible en el ejercicio de su segundo periodo, este sexenal, como gobernador electo por voto popular directo.

De esa manera, con la ley local en la mano (ley tramposamente acomodada a conveniencia, como se ha dicho), el ex secretario de la Reforma Agraria cumplió el pasado viernes 15, a las 24 horas, seis años discontinuos en el poder, y el sábado 16, en su primer minuto, inició el largo camino que terminará en el 2001, cuando complete la marca histórica de diez años como gobernador.

Legalidad y legitimidad

La hazaña cerverista de superar el concepto sexenal, y la venidera de gobernar durante diez años, puede tener tanto sustento legal --asunto que esta por verse--, como en su momento lo tuvo el porfirismo.

Pero el problema no sólo está en la legalidad derivada del artículo 116 de la Constitución Federal, que en su primer párrafo establece que los gobernadores no podrán durar más de seis años, sino en la legitimidad; no en la interpretación de las leyes que se haga desde el poder, sino en la percepción política y social que se tenga de la prolongación extraordinaria del ejercicio de gobierno.

En el plano de la legitimidad, está claro que Cervera se preparó el camino para regresar al poder luego de su interinato de cuatro años, que fue reelecto en ese interinato en dos ocasiones contra la prohibición constitucional expresa y vigente, y que con su transgresión de la barrera sexenal está instalando un antecedente que podría llevar a las camarillas en el poder a perpetuarse mediante diversos malabarismos legales.

Y en el plano de la legalidad está pendiente la resolución judicial a la que obligarán los partidos, organizaciones y ciudadanos que promoverán juicio contra el gobernador yucateco ante la Suprema Corte de Justicia. Además, las fracciones parlamentarias no priístas, en conjunto, están dispuestas a iniciar acciones en el Congreso de la Unión contra el decenato cerverista.

La pesada sombra de la reelección

Sin embargo, y a pesar de la importancia que para los yucatecos tiene el asunto, sus consecuencias trascienden la península del sureste y se instalan plenamente en el interés nacional.

Hay dieciséis casos de gobernadores interinos recientes que con el ejemplo de Cervera podrían reavivarse políticamente e intentar postularse para sexenios de elección popular. En la tradición política priísta, los interinatos eran jugadas de sacrificio político recompensables por otras vías, pero condenadas a no volver al ejercicio del poder. Ahora, con Cervera abriendo brecha, los interinos del salinismo podrían intentar el retorno. Uno de ellos sería Carlos Medina Plascencia, coordinador de los diputados electos panistas y, bajo esa óptica, candidato natural a buscar otros seis años de gobierno después de Vicente Fox.

Por otra parte, en caso de ser favorable a Cervera la resolución de la Suprema Corte, revolverá las aguas políticas en entidades cuyas constituciones locales prohíben tajantemente cualquier forma de reinstalación en las gubernaturas.

La normalidad democrática

Como en el derrotado intento exploratorio de Gonzalo Martínez Corbalá en San Luis Potosí --cuando renunció al interinato que cumplía en lugar del derrocado Fausto Zapata Loredo, para intentar postularse como candidato a las elecciones inmediatas cuyo ganador terminaría el periodo constitucional--, ahora la suerte de Cervera Pacheco tiene lectores atentísimos.

Embriagados todavía por el súbito ascenso de México al primer mundo de la democracia, hay quienes se preguntan desde el máximo poder si en esta flamante normalidad democrática no habría lugar para el estilo estadunidense que da oportunidad a los políticos a mantenerse en el poder cuantas veces la voluntad popular así lo decida, con el candado, en el caso presidencial, de sólo dos periodos consecutivos.

Ya en ocasiones anteriores se han escuchado las voces que pugnan por la oportunidad de reelección abierta para diputados locales y federales y senadores, de tal manera que los muy democratizados mexicanos tengamos una verdadera carrera legislativa, en la que el único límite de la estancia en ese poder sea el voto ciudadano en contra cuando el representante incumpla o falle.

Respecto de quienes ejercen una función ejecutiva, sean presidentes municipales, gobernadores o Presidente de la República, suele decirse que el tiempo disponible para realizar sus proyectos es insuficiente. Nada mejor, se argumenta, para incentivar el buen gobierno, que la oportunidad del mandatario de refrendar en las urnas su valía y conseguir un lapso más para redondear la obra.

En el caso específico de la Presidencia de la República, el tema de la reelección ha sido tabú desde que León Toral cerró ese expediente en 1928, pero la sombra de Alvaro Obregón no ha sido suficientemente densa como para que los siguientes presidentes no piensen en el tema en sus noches de insomnio.

Tales son las implicaciones del aparentemente inocente trastocamiento del orden político que se ha dado en Yucatán.

No se trata de estar a favor o en contra de Cervera Pacheco, ni de ver con desdén regionalista el asunto, o de usar un ábaco simplista en el que dan lo mismo días más que días menos, sino de entender que, en estos momentos de recomposición política, permitir maniobras para que alguien, o algunos, se mantengan en el poder más tiempo del tradicionalmente aceptado, sería abrir la rendija por la cual las peores lecciones históricas del pasado se nos pueden volver realidad presente.

Para refrescar la memoria

En noviembre de 1932, el Bloque de Diputados del Partido Nacional Revolucionario (uno de los tres nombres que ha tenido el actual PRI) presentó un ``proyecto de reformas constitucionales'' para cancelar la modificación favorable a Obregón con la que se permitía la reelección presidencial dejando pasar un periodo de gobierno, y para establecer la vigente prohibición tajante de cualquier forma de retorno al poder.

En ese proyecto, los diputados pre-priístas decían: ``La historia nos enseña que en todos los países, y en todas las épocas, ha sido una tendencia invariable de quienes se han perpetuado en el poder abusar de él en provecho exclusivo de los intereses unilaterales de una facción o de una camarilla, y con menosprecio de los grandes intereses colectivos encomendados a su cuidado''.

La hostilidad y repulsión de los mexicanos contra la perpetuidad en el poder, agregaban los diputados oficiales --con una tersa dedicatoria al obregonismo, explicable por el maximato callista que se vivía-- se ha manifestado no sólo contra mandatarios tiranos y déspotas, ``sino aun contra gobernantes fundamentalmente buenos, respetuosos de la ley, que prestaron valiosos servicios a la República pero que, en un momento dado, dejándose llevar de un impulso de conservación, indiscutiblemente humano, pretendieron retener por tiempo indefinido el poder, es decir, perpetuarse''.

En 1932 te lo dijeron, Alvaro, para que lo entendieras, Víctor.

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