El crecimiento cuantitativo y cualitativo acelerado de la universidad pública en el país y la ciudad de México debe ser prioridad política, como soporte del desarrollo económico y social con soberanía; hoy no lo es. En esta óptica, la universidad pública no debe ser elitizada, ni rediseñada para una minoría de la población, ni pensada dominantemente como centro de investigación y posgrado, ni subordinada a las condiciones reales o imaginarias del mercado actual, ni relacionada exclusivamente con la empresa privada, ni orientada básicamente a la formación tecnológica o tecnoburocrática.

El sistema público de educación superior debe responder a las necesidades presentes y futuras de toda la sociedad, aún oponiéndose a la coyuntura presente del mercado profesional; tener un carácter innovador y anticipador del futuro; combinar adecuadamente la licenciatura, el posgrado y la investigación, dando particular atención al primer nivel, que sustenta el resto de su estructura; relacionarse con todos: las instituciones, agentes y sectores sociales; incluir transdisciplinariamente distintas áreas del conocimiento; mantener su carácter crítico; y crecer continuamente para responder a la demanda social de ingreso, sobre todo la de los sectores mayoritarios excluidos.

Para lograrlo, es necesario un cambio real de la política gubernamental y un incremento muy importante de sus aportes presupuestales; el mejoramiento rápido y sustancial de las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores universitarios; y una planeación democrática, consensual, de sus orientaciones y ubicaciones en todo el territorio nacional. Para la ciudad de México, sugerimos a la discusión algunos criterios particulares.

1. Sin afectar presupuestalmente, ni frenar el crecimiento de las universidades ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), habría que aumentar el número y ampliar los recursos humanos, materiales y financieros de los planteles del resto del país, para reducir la migración de estudiantes hacia la capital.

2. Localizar el crecimiento de la oferta educativa en la periferia de la ZMCM, sobre todo en los municipios conurbados del estado de México, donde más crece la demanda, para atenderla localmente y evitar la concentración en el Distrito Federal.

3. Aprovechar la experiencia y la masa acumulada de equipamiento, infraestructura, conocimiento y personal altamente calificado de las grandes universidades ya instaladas (UNAM, IPN, UAM, UPN) para elevar la oferta educativa en licenciatura y posgrado, mediante: a) el uso intensivo de instalaciones con el doble turno, en igualdad de condiciones de calidad; y b) la creación de nuevas unidades descentralizadas y semiautónomas, ubicadas en los municipios conurbados de más alta densidad poblacional y demanda de cupos. Se liberarían así cupos en las unidades localizadas en el DF, para los aspirantes locales.

4. Crear un Consejo Metropolitano de Educación Superior, con participación calificada y representativa de todos los actores del proceso: autoridades gubernamentales y universitarias, docentes, investigadores, alumnos y organizaciones de la sociedad civil, como hacedor de la política universitaria, coordinador de las acciones de las instituciones y vehículo de la participación ciudadana en este ámbito fundamental del desarrollo económico, social y urbano.

5. Definir y aplicar una política sistemática de colaboración, sin afectar la autonomía de las instituciones y el conocimiento y su contenido crítico, con todos los agentes y sectores sociales: público, privado y social, para cumplir plenamente la función social de la universidad y formar a sus estudiantes en la práctica real.

En este marco, debe discutirse ampliamente la conveniencia y viabilidad de la creación de la Universidad del Distrito Federal. La simpatía que despierta la idea puede nublar otros aspectos del problema. Ella aparecería como concentradora, cuando hay muchas razones para la desconcentración en los municipios conurbados; el Distrito Federal carece de estructuras y recursos para su instalación, operación y gestión; su costo operativo sería superior al de una unidad nueva de otra universidad; y al arrancar de la nada, no se beneficiaría de la experiencia acumulada por otras universidades públicas. En todo caso, si luego de una amplia discusión se juzga necesario y viable construirla, sugerimos que sea autónoma, con gobierno democrático y que se ubique en una de las delegaciones más populares y populosas del DF; no en el Cerro del Ajusco como algunos proponen.