El nuevo programa del gobierno federal para encarar la pobreza extrema contiene todos los defectos de sus antecesores. El mayor problema estriba en que se analiza la pobreza solamente como la escasez de medios de subsistencia sin considerar sus causas.

Para el gobierno y su partido, la pobreza debe combatirse proporcionando bienes de consumo a los pobres. Esta elemental conducta --la limosna-- es un sustituto de las reformas sociales, es decir, ante la falta de un programa social, se utiliza una parte mínima del gasto público para atenuar la desnutrición y la falta de equipamiento municipal.

El gasto social fue en el pasado concebido como un instrumento para impulsar la producción y como un medio para redistribuir ingreso y, a veces, riqueza. Los grandes jalones históricos que se dieron en este aspecto estuvieron siempre vinculados al concepto de justicia social, tanto de carácter redistributivo como en la creación de nuevas estructuras sociales.

Hoy, el mayor esfuerzo (que es muy pequeño) se dirige hacia el subsidio de la obra municipal y de alimentos. Al final, voltearemos la cabeza para ver detrás de nosotros y encontraremos siempre una pobreza mayor. Es claro que los municipios son tan pobres que deben ser ayudados a construir sus obras públicas y que, en muchos lugares del país, se requieren alimentos baratos o gratuitos, subsidiados por el Estado. Pero ése no puede ser el sentido principal del gasto social.

El combate a la pobreza tiene que ir dirigido hacia la eliminación de las causas de ésta. En México, los pueblos han sido despojados, como lo fueron en la época del porfiriato, de tal manera que la gente pobre carece de medios de producción y se encuentra sometida a una creciente opresión social. Asimismo, las inversiones para potenciar la estructura productiva son cada vez más escasas, pues el Estado se ha desentendido de esta tarea.

Tomemos de ejemplo cualquier región indígena. Nada realmente trascendente se podrá lograr sin devolverle sus recursos a los indios: tierras, aguas, bosques; y sin canalizar crecientes inversiones para garantizar producción y comercialización. Pero quienes han realizado los despojos controlan el poder político, son el PRI. Por más que a cada familia se le entreguen tres pesos diarios, sus integrantes no producirán un kilo más de maíz o un peso más por sus productos comercializables.

El llamado Progresa comete también otros serios errores. Como se trata de un subsidio a los más pobres de entre los pobres, alguien deberá decidir a quién hay que entregar la ayuda. Si es la comunidad en asamblea, habrá conflicto; si son los caciques, lo habrá aún mayor. Ya dentro de la familia, nadie podrá garantizar que el dinero entregado se use en la compra de alimentos, ni que éstos sean proporcionados a los más pequeños. El Progresa introduce nuevos puntos de conflicto sin brindar más esperanza.

En cuanto a los subsidios alimentarios, más valdría usar el dinero de Progresa en el reparto igualitario y comunitario de alimentos, como paliativo a la desnutrición, mientras se llevan a cabo las reformas sociales, es decir, se abren verdaderos campos de trabajo de diverso género según la región.

No hay razón alguna para limitar los servicios médicos a quienes sean admitidos en el programa. La medicina debe ser para todos los miembros de la comunidad sin distinción alguna. Lo que ocurre aquí es que el gobierno no se siente obligado a garantizar el servicio médico, lo que le permite seguir presentando a éste como una dádiva y no como una función pública elemental. El derecho social mexicano se ha convertido en uno de los más atrasados del mundo.

La economía de las desigualdades --modelo impuesto al país por los neoliberales-- reproduce el atraso, de tal manera que el número de pobres va en aumento, mientras que el ingreso y la riqueza continúan concentrándose. Ningún subsidio alimentario podrá, por sí solo, detener ese fenómeno económico y social. La producción de básicos y su distribución es cada vez más difícil en las zonas menos atrasadas, debido a la competencia con el exterior donde existe una mejor tecnología, pero en las zonas de pobreza extrema las cosas son mucho peores pues muchas veces no alcanzan los alimentos precariamente producidos.

Por esto, no hay más camino que producir más devolviendo a los más pobres sus medios de producción y garantizar la comercialización de sus productos a través de mecanismos de garantía. Los comerciantes han expoliado demasiado a los pobres como para seguir pensando en el libérrimo comercio como solución de las tremendas iniquidades en el intercambio.

Pero existe otro problema, el político. El Progresa no existe en el Presupuesto Federal. Se trata de una decisión personal del Presidente de la República. Como la Constitución prohibe hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto, el Progresa carece de la cualidad jurídica para operar. Así, al margen de la representación popular, el poder Ejecutivo resuelve por sí y ante sí repartir mil 200 millones, de la manera como él lo decide y a quienes él determina. No hay aquí el menor asomo de ``normalidad democrática''.