En la polémica en torno a la posible reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que podría realizar la próxima Legislatura se distinguen, como hilos conductores del debate, dos aspectos centrales: por un lado, las consideraciones de índole política que han permeado -y en ocasiones contaminado- la reflexión pública y las posiciones de los diferentes actores involucrados en el tema y, por el otro, los razonamientos de estricta índole técnico-económica relacionados con las implicaciones que tendría para la nación la disminución de ese impuesto.
En el primero de estos aspectos, la discusión sobre la disminución del IVA se ha politizado de manera considerable en la medida en que ocurre en un contexto de pugna por el control de la Cámara de Diputados y ha dado lugar, por parte de algunas instancias gubernamentales y del partido oficial, a descalificaciones a priori y sin fundamento de las propuestas de los antagonistas. Pero más allá de esta circunstancia, ha de considerarse que la reducción del IVA es una demanda social que, en buena medida, desempeñó un papel en el resultado electoral del 6 de julio. Si se parte del supuesto que el voto popular representa un mandato otorgado a los partidos por los electores -y se tiene en cuenta que la propuesta sobre la disminución de ese impuesto figuró en los programas de acción de los partidos de oposición, especialmente del PAN y del PRD- el análisis y, en su caso, la aprobación de esta medida en el Legislativo se encuentra fundamentada en la nueva composición política del país -más equilibrada y plural-, resultante del pasado proceso electoral.
En el plano económico, debe tenerse en cuenta -como lo han señalado diversas voces en los partidos de oposición y en las instancias académicas- que los 25 mil millones de pesos que, según cifras oficiales, dejarían de percibirse en las arcas nacionales si se aprobara la reducción del IVA, si bien representan una suma considerable, son de una magnitud manejable para el gobierno federal. En la medida en que esta disminución fiscal equivaldría a inyectar a la economía esos 25 mil millones de pesos y que, con ello, sería posible una expansión del mercado y del empleo, un alza de los niveles de consumo y una ampliación de la base gravable, la administración estaría en la posibilidad de encontrar fórmulas de financiamiento para compensar a mediano plazo la brusca reducción de sus ingresos tributarios y favorecer, al mismo tiempo, la recuperación económica del país.
Por su parte, el gobierno federal ha participado en el debate sobre el IVA con argumentos razonables que deben ser analizados para aquilatar el alcance y las consecuencias que podría tener la baja de la tasa del IVA. Entre estas consideraciones destaca el informe presentado ayer por el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, a los legisladores priístas electos, donde se señala que los beneficios de la acción propuesta se concentrarían en los sectores con gran capacidad de consumo y que ésta tendría un efecto menor entre la población de menores ingresos.
Los partidos políticos y las instancias gubernamentales deben dejar de ver en el tema del IVA un pendón de guerra y de orgullo partidario, y emprender un esfuerzo de consenso y negociación razonada a fin de readecuar una medida que, como el incremento al IVA, fue aplicada -el año antepasado- en el marco de una emergencia económica que, en voz del propio gobierno federal, ha sido superada. De esta forma será posible atender la irritación social que sigue causando la tasa impositiva mencionada y abrir la perspectiva del generalizado reordenamiento fiscal que el país requiere.