Los testigos de la Procuraduría mostraron que Gutiérrez Rebollo no es culpable de acopio de armas, señaló la defensa

Gustavo Castillo, enviado, y Ana Salazar, corresponsal, Almoloya de Juárez, Méx., 12 de agosto Ť La defensa del general Jesús Gutiérrez Rebollo afirmó que el militar debe ser exonerado del cargo de acopio de armas ``ante las coincidencias de los testigos presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que fueron transportadas en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y utilizadas en operativos antinarcóticos con conocimiento del secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.

``Los propios testigos de la PGR han aportado elementos que demuestran que no cometió ese delito, además de que el coronel José Luis López Ruvalcaba, ex director de la Policía Judicial Federal (PJF), reconoció en su ampliación de declaración que durante su desempeño como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas el general Gutiérrez Rebollo logró decomisar más narcóticos que las autoridades anteriores en todo 1996'', agregó Edgar Herrera, uno de los abogados del militar preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya.

Expuso que se pidió la cancelación de los careos constitucionales programados para este martes debido a que, durante la ampliación de declaración de los testigos presentados por la PGR, todos coincidieron en que las armas no fueron utilizadas para actos ilegales ni estaban para uso exclusivo de Gutiérrez Rebollo.

Insistió en que ``el armamento fue trasladado de la ciudad de Guadalajara al Distrito Federal, debido a un faltante de 300 armas en el extinto INCD, y que de acuerdo con las leyes militares se permite su uso siempre y cuando una autoridad militar lo autorice, como en este caso, del cual el general secretario tuvo conocimiento''.

El abogado dijo a su salida de la audiencia en la que Gustavo Roana y Emilio Arreguín estaban citados para carearse con Gutiérrez Rebollo: ``No tenía ningún caso realizarla, ambos coinciden, y de sus declaraciones se desprende que no hubo delito alguno de acuerdo con las leyes militares''.

Mencionó que ``los argumentos aportados por los testigos -Juan Galván Lara y Lucio Coca- durante la audiencia del lunes dejaron en claro que aun cuando las armas no estaban clasificadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, el propio titular de la Sedena estuvo enterado de su uso y traslado, ya que en varias ocasiones, y una en especial, se reunió con el grupo de inteligencia de la quinta Región Militar para felicitarlos por sus logros, y durante la misma supo del armamento''.

Aseguró que ``si en este momento el juez dictara sentencia, el general Gutiérrez Rebollo quedaría exonerado del cargo de acopio de armas, por lo que estudiaremos la petición del cierre de instrucción para avanzar hacia la conclusión de este juicio que, creo, tenemos ganado gracias a los testimonios de los testigos de la PGR''.

Asimismo, Edgar Herrera aseguró que lo dicho por López Ruvalcaba ``provocó un serio disgusto del Ministerio Público Federal PGR y los abogados militares que lo han asesorado durante todo el proceso, por lo que cuestionaron al ex director de la PJF como si se tratara del acusado''.

Puntualizó que ``con los elementos aportados por los testigos de la PGR se ha establecido que no existe delito qué perseguir, pues las armas se utilizaban con el control del capitán Javier García Hernández; que no sólo el general Gutiérrez Rebollo disponía de ellas; que también para utilizar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se requiere la autorización del propio secretario de la Defensa Nacional, y que las armas eran usadas como parte del equipo de los elementos del INCD y el grupo de información de la quinta Región Militar para realizar operativos antinarcóticos''.

Respecto al señalamiento de que el general ``regalaba'' armas al ex director de la Policía Municipal de Zapopan, Luis Octavio López Vega, el abogado indicó: ``Esa es otra afirmación de Cesáreo Vázquez Tafoya que desmintieron los testigos de la PGR, pues a final de cuentas todos coincidieron en que las armas decomisadas se llevaban a las instalaciones de la quinta Región Militar y eran las mismas que estaban en el INCD, con las cuales se le ha formulado el cargo de acopio a Gutiérrez Rebollo''.

Congela la Sedena una cuenta de la amante de Gutiérrez Rebollo

La Secretaría de la Defensa Nacional exigió la congelación, desde el 26 de febrero pasado, de una cuenta bancaria a nombre de Lilia Esther Priego Ruiz, amante del general Gutiérrez Rebollo.

Ante ello, la afectada interpuso el lunes un amparo para que la Casa de Bolsa Banorte le permita disponer de los 2 millones de pesos que tiene colocados en instrumentos de intermediación bursátil.

El abogado Juan José Pliego informó que, ``sin tener fuero para hacerlo, la Sedena ordenó la confiscación de la cuenta bancaria, y tanto la institución crediticia como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cometieron un ilícito, por lo que ambas instancias podrían ser demandadas por daños y perjuicios''.

Lilia Esther Priego ha sido señalada, durante los procesos que enfrenta el militar, como la persona que rentó el departamento que presuntamente era propiedad de Amado Carrillo Fuentes y en el cual, según la PGR, se encontraron diversas pruebas de la relación entre el ex director del INCD y el jefe del cártel de Juárez.

De acuerdo con la información obtenida, la cuenta bancaria fue congelada por órdenes del procurador de Justicia Militar, general brigadier Marcial Rafael Macedo de la Concha, y el titular de la 12 agencia del Ministerio Público Militar, mediante un oficio a la Casa de Bolsa Banorte, localizada frente al centro comercial Perisur.

El abogado aseguró que ``la Secretaría de la Defensa Nacional procedió de manera ilegal en el congelamiento de la cuenta, pues no tiene fuero para ello debido a que Lilia Esther Priego Ruiz no fue ni es elemento militar, situación que no faculta a esa dependencia para hacer lo que hizo''.

Dijo que ``hasta el momento la cuenta bancaria tiene un depósito de 2 millones de pesos colocados en instrumentos de intermediación bursátil, y que son los ahorros de toda la vida'' de la mujer.

Destacó que, ante la acción de la Sedena, ``se procedió a interponer un amparo y a pedir que la autoridad civil exija un informe a la dependencia del porqué de esa determinación y también la causa por la cual las autoridades de la institución crediticia y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aceptaron acatarla''.