Pedirá Amnistía a Washington detener la ejecución del mexicano Murphy

David Brooks, corresponsal, Nueva York, 12 de agosto Ť La muerte de Mario Mur-phy, mexicano preso por homicidio en el estado de Virginia, está programada para el 17 de septiembre. Según su defensa, su caso -semejante al de Irineo Tristán Montoya, ejecutado el 18 de junio en Texas- es otro ejemplo de violación del gobierno estadunidense a un tratado internacional.

El caso de Murphy, originario de Tijuana, será presentado ante la Suprema Corte a principios de septiembre, como último recurso para detener la ejecución. La defensa alegará que los derechos del mexicano fueron violados al no respetarse las obligaciones de Estados Unidos con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en cuyo artículo 36 se establece el derecho de un extranjero detenido a contar con el apoyo y asistencia de las autoridades consulares de su país.

Amnistía Internacional (AI) está por emitir una alerta urgente y, por primera vez en estos casos de pena de muerte, solicitar la intervención directa del Departamento de Estado para detener la ejecución por violar la Convención de Viena.

El gobierno mexicano envió una nota diplomática a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, sobre el caso de Murphy en junio pasado, confirmaron a este corresponsal la embajada y el consulado general de México en Washington.

La cancillería mexicana ha mantenido una activa presencia en este asunto desde mayo del año pasado. La semana anterior, Enrique Loaeza, encargado de protección de ciudadanos en el exterior, y Miguel Angel González Félix, asesor jurídico, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunieron con el abogado de Murphy y funcionarios del Departamento de Estado.

El consulado de México en Washington, al que corresponde el caso en el vecino estado de Virginia, también ha estado involucrado, aunque fue informado por primera vez en mayo de 1996. Mónica Velarde, de dicha representación diplomática informó que el cónsul Salvador Casián ha mantenido contacto continuo con ese caso y hasta el momento no se ha recibido respuesta del Departamento de Estado sobre la nota diplomática mexicana.

William H. Wright Jr., abogado de Murphy, explicó que ese caso es significativo porque presenta la interrogante de si el gobierno estadunidense respetará sus obligaciones internacionales. Por el momento, señaló el defensor, el estado de Virginia, donde fue juzgado y sentenciado su cliente, ``violó y sigue violando desde hace 28 años la Convención de Viena. La pregunta ahora es si el Departamento de Estado continuará permitiendo que los gobiernos estatales y sus fiscales continúen atentando contra las obligaciones internacionales''.

De acuerdo con Wright, no hay duda de la culpabilidad de su cliente en un homicidio por contrato, pero sí sobre las condiciones bajo las cuales fue juzgado y sentenciado. De los seis acusados, sólo a él no le fue ofrecido un acuerdo de reducción de sentencia a cambio de su admisión de culpabilidad, y sólo Murphy -el único mexicano del grupo- fue sentenciado a muerte.

En julio de 1991 Mario Murphy (su apellido de nacimiento es Mario Benjamín Rodríguez, pero lo cambió cuando su madre se casó con un estadunidense), en complicidad con otras cinco personas, participó en el homicidio por contrato de James Radcliff en la ciudad de Virginia Beach. El crimen fue planeado por su0 esposa Robin y su amante Gerardo Hinojosa, quienes contrataron a cuatro individuos, entre ellos Murphy, quien entonces tenía 19 años. Entre los objetivos del crimen, más allá de resolver un obstáculo a la relación con el amante, estaba un seguro de vida por 100 mil dólares.

El 4 de septiembre de 1991, Murphy fue arrestado y de inmediato cooperó con las autoridades. Sin embargo, la esposa de la víctima, su amante, y los otros tres involucrados negociaron su admisión de culpabilidad a cambio de una reducción de sus sentencias y evitar la pena de muerte.

Juzgado el 20 de julio y sentenciado el 19 de octubre de 1992, las justificaciones del fiscal al imponerle una sentencia más grave que a los demás, según su abogado, fueron que Murphy reclutó a otros para participar en el crimen y tuvo un papel primario en el asesinato. Ambos alegatos son rechazados por la defensa

Pero, señaló Wright, lo que empeoró el caso fue que ``a Mario no se le informó de sus derechos bajo el artículo 36 en algún momento de su juicio y sentencia. Como resultado, la condena ocurrió sin ningún involucramiento del cónsul mexicano y éste no fue informado del problema hasta cinco años después del arresto''.

Una vez enterado de su derecho, Murphy solicitó que se le informara a las autoridades consulares mexicanas de su situación y, según AI y su abogado, el director de la prisión estatal Mecklenburg, donde está encarcelado, rehusó hacerlo. Cuando se le pidió al procurador general del estado, también se negó. Según Wright, el estado ha argumentado que Murphy ``tiene la culpa'' de no haber notificado al cónsul, ya que las autoridades expresaron no tener la responsabilidad de informar a un gobierno extranjero sobre uno de sus ciudadanos.