El filósofo francés Jacques Maritain, considerado el ideólogo de la democracia cristiana que marcó la inteligencia católica de los años 30 a los 60 del agónico siglo XX, afirmó en su trabajo cumbre, Humanismo integral, que ``la idea de hacer de este mundo el Reino de Dios puro y simple es una herejía para el cristiano''. Por ello, la afirmación a Proceso del obispo de Torreón y vicepresidente de la CEM, Luis Morales, de que ``los ministros de culto deben ocupar cargos de elección'', simple y sencillamente es absurda. Tal afirmación es tan descabellada como la preocupante carga de subjetividad y prejuicios de varios analistas y comentaristas de radio y prensa.

Un cura que desee ocupar cualquier cargo de elección deberá enfrentar la normativa eclesiástica. Dicho de una manera más contundente: el Código Canónico prohíbe tajantemente tal presunción. En la mencionada revista se introducía que todo esto contaba con la bendición del Papa, otro equívoco mayúsculo. Juan Pablo II no puede abiertamente cobijar la supuesta pretensión política del episcopado. Por el contrario, ha sido muy severo con aquellos religiosos que han ejercido cargos públicos. Recordemos los casos de Fernando y Ernesto Cardenal en Nicaragua, en la década de los 80, y el de Jean Bertrand Aristide -quien tuvo que renunciar como religioso para ejercer la Presidencia de Haití. Para aquellos que duden en el signo ideológico, en la reconstrucción de Europa del Este están documentados casos similares. En resumen, tanto en términos de autoridad y disciplina como en la práctica de los últimos 30 años, la Iglesia católica no sólo ha rechazado una estrategia de cooptación directa del poder por sus estructuras, sino que la ha prohibido. La doctrina cristiana establece desde el siglo pasado una enseñanza moral basada en el quehacer político. Es decir, sin abandonar el campo específico del poder ni de la política, las estructuras católicas depositan en sus fieles laicos la tarea especializada del ejercicio y compromiso de la política en el sentido estricto.

Lo que está en juego es que los obispos, a nombre de los religiosos y clérigos del país cuestionan, en términos de igualdad de condiciones y de derechos humanos, el hecho de que sean discriminados y excluidos de su libertad de ser votados como cualquier ciudadano mexicano, independientemente de que al interior de la Iglesia tengan prohibido aspirar ni ejercer cualquier función pública. Sin embargo, es un reclamo menor en la amplísima agenda de querellas que tiene la jerarquía con las autoridades y con la propia sociedad. Por ello resulta hasta ocioso que muchos analistas se hayan desgarrado las vestiduras al imaginar el regreso a las oscuridades petrificadas del ejercicio público de la clerecía y la reapertura fantasiosa de la santa Inquisición. Son poses ultralaicas que en lugar de ayudar a comprender, desubican y calientan el clima, corriendo el riesgo de enrarecerlo.

Al obispo Luis Morales se le pasó la mano, hay que reconocerlo, y estas declaraciones pueden poner en riesgo su fuerza y posición como candidato a la presidencia de la CEM. No obstante, otros temas son verdaderamente importantes, como la presencia de la Iglesia en la educación y la posesión de los medios de comunicación. Finalmente, si la actitud del clero es de exigencia radical de igualdad de derechos a los de cualquier mexicano, por qué no discutir también las obligaciones fiscales. Porque usted y yo pagamos impuestos. ¿Las Iglesias por qué reciben un trato diferenciado?