Castigo a 2 militares acusados de filtrar informes a medios

Jesús Aranda y Gustavo Castillo Ť El coronel Pablo Castellanos García y el capitán Miguel Angel Hernández Torres, acusados de filtrar informacion secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que se vincula a jefes, oficiales y tropa de esa dependencia con narcotraficantes, fueron trasladados presuntamente en ``castigo'' a la cárcel militar de la 15a. Zona Militar, con sede en Jalisco, indicó una fuente castrense que pidió no ser identificada.

Por su parte, el abogado defensor de Pablo Castellanos, Cuauhtémoc Sotelo Rosas, interpuso un amparo ante el cuarto Juzgado de Distrito, para reclamar la ``inconstitucionalidad'' del hecho, al que calificó de ``ilegal y arbitrario'', y responsabilizó al titular de la Sedena, general Enrique Cervantes Aguirre, de haber ordenado esta acción así como de la integridad física del coronel ``y de los que estamos alrededor suyo''.

A su vez, en la Sedena no se pudo confirmar de manera oficial la versión, ya que los encargados de la oficina de prensa no fueron localizados. En la dependencia sólo contestaron: ``Oficial de guardia (...) yo no puedo responder nada al respecto''.

En tanto, el informante castrense indicó que a las 2 horas de este domingo y luego de permanecer dos días en una celda de castigo, ambos militares fueron subidos a unidades del Ejército para ser trasladados a Jalisco. Castellanos y Hernández ``se opusieron, pero fueron trasladados'', indicó.

Mencionó que los militares que obligaron a subir al coronel y al capitan a los vehículos estuvieron encabezados por el subdirector de la prisión del Campo Militar número 1, teniente de zapadores Raymundo Modesto Antimo Miranda.

De acuerdo con la versión obtenida, ``ambos fueron conducidos desde el viernes por la tarde a una celda alejada de los sitios donde permanece el resto de los internos. Se les prohibió cualquier contacto con sus familiares o abogados, incluso vía telefónica''.

Agregó la fuente que ``el traslado pudo deberse a un castigo por lo que hicieron'' y que ``su llegada a la 15 Zona Militar fue confirmada al filo de las 5 horas, luego de ser trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que partió de la base del aeropuerto de la ciudad de México''.

Ante la ``presunción clara'' de que el coronel Castellanos fue trasladado de manera ``ilegal y arbitraria'', la defensa de éste interpuso un amparo para combatir la ``inconstitucionalidad'' de esa medida. Cuauhtémoc Sotelo Rosas, abogado del coronel Castellanos, responsabilizó al titular de la Sedena, general Cervantes Aguirre, de haber ordenado esta acción y de la integridad física del coronel ``y de los que estamos alrededor suyo''.

En entrevista, Sotelo Rosas exigió a Cervantes que cumpla con su obligación de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita en el caso Castellanos, al tiempo que sostuvo que no existe fundamento legal alguno para haber trasladado al coronel -y presumiblemente también al capitán Hernández- a la ciudad de Guadalajara.

Explicó que el objetivo del amparo solicitado es el de evitar un traslado ilegal y que en caso de que éste se hubiera consumado antes de las 13:15 horas de ayer -hora en que se interpuso el recurso-, el juez tendría la facultad de solicitar a un actuario que localice a Castellanos y que lo presente para que ratifique el amparo en su favor.

En caso de no ser encontrado o que la Sedena no proporcione la información requerida, dijo, el juez deberá poner en conocimiento del Ministerio Público Federal para que este investigue el presunto delito de traslado ilegal.

El propósito de este recurso es el de, en primer lugar, encontrarlo con vida, así como evitar tortura y malos tratos en su contra, aseveró.

Con esta acción queda en evidencia la desesperación de la Sedena al ver que las acusaciones en contra del coronel Castellanos y el capitán Hernández, radicadas en la averiguación previa 251-97, carecen de fundamento, además de la ``prepotencia y vileza'' con que actúa la dependencia que dirige el general Cervantes Aguirre, dijo.

Advirtió el riesgo de que la justicia militar pretenda involucrar al coronel Castellanos en delitos contra la salud o de tener vínculos con el general Jesús Gutiérrez Rebollo, y que por eso habría sido trasladado a la capital de Jalisco. Sin embargo, rechazó cualquier posible involucramiento del coronel en alguna acción de ese tipo y además aseveró que de existir alguna averiguación previa al respecto, ésta tendría que sumarse a la que ya está radicada en el juzgado segundo de lo militar. No hay ningún fundamento jurídico para haber realizado ese traslado, sostuvo.

Con esta acción, insistió, la Secretaría de la Defensa Nacional trata de separar al coronel de su defensa ``sin importarle'' actuar al margen de la ley y pisoteando las garantías individuales de Castellanos.

Entre las irregularidades del proceso seguido en contra del coronel, indicó, está el que apenas el viernes pasado elementos militares realizaron un cateo con lujo de fuerza en la casa de los suegros de Castellanos, en donde los uniformados buscaron infructuosamente documentación ``confidencial'', aunque la acción no tuvo éxito. El abogado llamó la atención en el hecho de que la orden de cateo fue girada por el juez quinto de lo militar, siendo que es en el juzgado segundo donde se lleva a cabo el proceso. Esta es una irregularidad muy grave, sostuvo.

Sotelo Rosas explicó que la esposa de Castellanos recibió una llamada telefónica el sábado por la noche en la que le avisaban que el coronel había sido trasladado a Guadalajara. Ayer domingo, el mismo abogado se presentó al Campo Militar número 1 para corroborar la presencia del coronel preso en el lugar y el encargado de la lista de reclusos le aseguró que no podía ver a Castellanos ``por órdenes superiores''.

``Solicité al comandante mayor información para cerciorarme si lo habían trasladado, pero no me dejaron entrar (como lo hacía habitualmente los domingos desde que Castellanos fue detenido por los delitos no graves que se le imputan, como infracción a los deberes comunes de los militares y ejercicio indebido del servicio público). Tenemos la presunción clara de que lo trasladaron ilegalmente y por eso interpuse el amparo'', dijo.

Señaló que la violación de la ley por parte de la Sedena no debe quedar impune y alertó que de seguir así las cosas, tanto militares como civiles estaremos expuestos a sufrir la violación de nuestras garantías individuales.

Caso Gallardo

Por otra parte, familiares del general José Francisco Gallardo, informaron que luego de visitar este domingo a su padre en la prisión del Campo Militar número 1, ``nos enteramos que el sargento segundo, Delfino de la Cruz Martínez, lleva cuatro días en una celda de castigo por haber ayudado a mi padre a que trasladara sus pertenencias a la nueva celda a que fue asignado''.

Marco Vinicio y José Francisco Gallardo aseguraron en entrevista telefónica que el sargento De la Cruz Martínez ``fue amenazado de que lo trasladarían a la 15 Zona Militar en los próximos días por haber ayudado a mi padre. En tanto, permanece en una celda de las llamadas negras, que tiene una dimensión de 1.20 por 2.20 metros, en la que no existe ventana alguna, sólo un pequeño tragaluz en la azotea''.

Mencionaron que por lo que hace al general Gallardo, ``éste se encuentra mental y físicamente en perfectas condiciones, pese a que este domingo fue objeto de un nuevo cateo en el cual le quitaron su tarjeta de identificación militar y nueve audiocasetes en los que había grabado sus participaciones en un diplomado de derechos humanos, realizado en 1992 en la Facultad de Derecho de la UNAM''.