Héctor Aguilar Camín
La contaminación del ejército
Las realidades del narcotráfico y el fuego de la opinión pública han puesto al ejército en el banquillo de los acusados. Desde los años veinte quizá no estaban las fuerzas armadas en una situación de desprestigio como la que le han traído los últimos meses, luego de la aprehensión del general Gutiérrez Rebollo, máxima autoridad en la lucha contra el narco, acusado de asociación y complicidad con sus perseguidos. Han echado leña seca a la hoguera las revelaciones de prensa de la quincena pasada. Información del mismo ejército, ha mostrado a comandancias militares completas en fluidas relaciones de negocios y trabajo con redes de narcotraficantes.
La imagen pública, en particular la imagen exterior que estos hechos producen, es la de un ejército altamente contaminado por los intereses del narcotráfico. Autoridades y observadores subrayan que la situación es excepcional y que la oficialidad corrupta es debidamente castigada por el mismo ejército, como lo muestran los casos del general Gutiérrez Rebollo y de los militares investigados por la Secretaría de la Defensa. La imagen dominante, sin embargo, es que la alta jerarquía militar de los acusados permite sospechar --y la sospecha se ha vuelto una especialidad de la opinión pública mexicana-- que hay o puede haber mucho más. Lo irreversible es el daño a la imagen del ejército, hasta hace poco una institución libre de suspicacia y hoy entre la espada y la pared.
El fundador de la revista Siempre!, José Pagés Llergo solía decir, incluso en los años setenta, que había tres cosas intocables para un periodista en México: el Presidente de la República, la Virgen de Guadalupe y el Ejército. Es posible medir la libertad alcanzada por la prensa en México constatando hasta qué punto se han desmoronado esos tres tabús. Criticar al presidente es un deporte universal, el propio abate encargado de la basílica de Guadalupe ha externado reservas sobre la aparición de la Virgen Morena y las relaciones del ejército con el narcotráfico son el último escándalo nacional.
La pérdida de credibilidad y la corrupción del ejército es una de las peores noticias que pueden darse a la incipiente democracia mexicana. La mayor asignatura pendiente del cambio de régimen que vive México quizá sea el de la seguridad pública y el efectivo control de la violencia --de la violencia política, de la violencia social y de la violencia criminal, en particular la del narcotráfico. El ejército, las fuerzas armadas, son la trinchera última de esa tarea, connatural a todo estado político estable. Si el ejército es en esto parte del problema y no parte de la solución, hay una grieta en el corazón mismo del Estado.
Es un asunto en el que deben tomar cartas los nuevos actores de la democracia mexicana. El Congreso federal debe crear una comisión ad hoc para investigar el estado de la lucha contra el narcotráfico en todos sus órdenes, incluido el de la contaminación del ejército, los compromisos internacionales de México en la materia, la actividad de agencias extranjeras y de las corporaciones nacionales dedicadas al asunto. El gobierno debe limitar al máximo razonable la participación del ejército en esa guerra. La sociedad toda debe conocer, asumir o replantear sus compromisos en la materia. El conjunto de las fuerzas políticas debe ventilar públicamente la cuestión, ratificar o rectificar estrategias y definir consensos mínimos frente a las presiones de fuera, que son parte sustancial aunque invisible del problema.