La Jornada 11 de agosto de 1997

El gobierno y el ACNUR deben proteger a quienes llegaron al país como refugiados, dice Mariclaire Acosta

Alma E. Muñoz Ť La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CDPDH) llamó al gobierno federal y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) a tomar medidas de protección para los vascos radicados en México, quienes, al igual que otros extranjeros, llegaron al país en busca de apoyo como refugiados.

En entrevista, Mariclaire Acosta pidió a las autoridades mexicanas y a la representación diplomática española esclarecer el crimen de José Luis Salegui Elorza, ocurrido el miércoles pasado en Irapuato, Guanajuato, pues los indicios señalan que no murió de manera natural.

Planteó además la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para garantizar la autenticidad de la investigación y de la autopsia al cuerpo.

En nombre del organismo no gubernamental, Acosta habló de dudas serias y fundadas sobre la muerte de Salegui Elorza, quien, aseguró, no tenía orden de arresto en su país y, por lo tanto, ``no había causa penal en su contra''.

Por ello pidió al gobierno mexicano y al ACNUR apoyar a los vascos radicados en este país, por ser un grupo ``extremadamente vulnerable y expuesto al máximo riesgo'', situación que ocasiona hechos como el ocurrido con el ciudadano acusado de pertenecer a los Comandos Autónomos Anticapitalistas y que fue encontrado muerto.

Recomendamos a los familiares, manifestó Mariclaire Acosta, pedir la intervención de la CNDH para obtener una investigación seria en el caso, así como de la embajada española para tener garantías de imparcialidad.

La situación, agregó, provoca inconformidades desde el momento mismo en que el gobierno mexicano no garantiza el derecho de asilo para los provenientes del País Vasco, como ocurrió con los guatemaltecos y salvadoreños que buscaron refugio en nuestro país por problemas de tipo político-militar. Dijo asimismo desconocer el número de ciudadanos vascos radicados en México, pero recordó la cifra mencionada por la Cancillería española, al menos 130.