La tortura debe ser delito federal: ONG

Jesusa Cervantes Ť Integrantes de agrupaciones de derechos humanos expusieron ayer al relator especial contra la tortura de la ONU, Nigel S. Rodley, la necesidad de que dicha práctica se tipifique como delito federal, informó Rocío Culebro, secretaria técnica la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Durante la primera fase de la reunión llevada a cabo en la sede de la ONU en México, por lo menos diez organismos no gubernamentales expusieron el marco jurídico y la forma en que se aplican las leyes en el país.

Además, recordaron su petición presentada ante Naciones Unidas, de que el gobierno mexicano ``retire la reserva'' ante el Comité contra la Tortura de esta organización.

Culebro explicó que de acuerdo con esta ``reserva'', cuando un organismo o una persona denuncian ante la ONU haber sido torturados, México alega que el tema no debe ser discutido en esa instancia, ya que el país cuenta desde 1991 con la Ley para la Prevención y el Control de la Tortura.

Por existir esta primera instancia de indagación, agregó, se pretende que automáticamente la denuncia no sea analizada en el seno de las Naciones Unidas.

Sobre la demanda de tipificar el delito de la tortura a nivel federal, Culebro comentó: ``Tenemos el problema de que a nivel de estados, donde cada uno tiene su propia ley pero también penalidades distintas, (ello) implica que las sanciones sean distintas. Una forma de hacer una lucha más grande contra la tortura es elevarla a delito federal y así se evitarían distintas concepciones de lo que es'' esta práctica, agregó.

Aclaró que el relator de la ONU no hizo comentarios ni sugerencias sobre cómo erradicar la tortura, ya que se limitó a escuchar.

La dirigente añadió que una ventaja más de elevar a rango federal el delito de tortura es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pueda ``atraer'' los casos que ocurran en algún estado.

``Con esta nueva tipificación disminuirían quizá los casos en que se avanza lentamente o que definitivamente no son atendidos por alguna comisión estatal, aunque finalmente esto tampoco es garantía'', señaló.

En ese contexto, Rocío Culebro comentó que incluso recomendaciones de la CNDH no se cumplen en su totalidad.

La integrante de la red insistió en que un problema de la CNDH es que no esta enterada de muchos casos de tortura que se dan a nivel estatal y esto se deriva del temor que tienen quienes han sido víctimas de dicha práctica.

``Entonces, si el delito es federal, también tendrían que ser atraídos todos los casos a la CNDH, de ahí su importancia'', dijo.

La vocera de los organismos no gubernamentales ante los medios, insistió en que no habrá un informe en lo inmediato por parte del relator, pero que cuando esto ocurra, seguramente habrá recomendaciones por parte de Nigel S. Rodley.

``La sola visita del relator (de la ONU) ya tiene una gran importancia, porque eso significa que está tomando en cuenta la serie de denuncias que le han llegado desde México'', añadió.

Ante la posibilidad de que las recomendaciones se emitan y el gobierno mexicano no las acatara, comentó: ``A nivel internacional, el Estado mexicano no tiene ninguna voluntad por modificar prácticas que violan las garantías individuales. Y (en consecuencia) sería señalado a nivel nacional de que no cumplió recomendaciones emitidas por la propia ONU''.

Las recomendaciones ya existen

De acuerdo con ``las recomendaciones y conclusiones del Comité contra la Tortura'' de la ONU, que consta de seis páginas, ya existen puntualizaciones hacia México.

En el punto nueve del documento destaca que el comité ``ha recibido abundante información fiable según la cual, no obstante las medidas legales y administrativas... la tortura ha continuado practicándose sistemáticamente en México, especialmente por las policías judiciales, tanto federales como locales y, en el último tiempo, por efectivos de las fuerzas armadas bajo el pretexto de la lucha antisubversiva''.

Sobre este punto, participantes en la reunión dijeron que la presencia del Ejército Mexicano y su participación en la tortura fue tema expuesto de manera breve.

El documento de la ONU hace hincapié en ``la dicotomía'' que hay entre ``el gran andamiaje'' legal para prevenir, evitar y castigar la tortura, contra la realidad.

Establece también que uno de los motivos por los que se dan casos de tortura obedece a la impunidad de que gozan los torturadores, y a que declaraciones obtenidas mediante ellas se admitan en algún juicio. El documento fue elaborado en abril de 1997.

Parte número uno

Entre los casos que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro documentó, están la tortura de que fue objeto el agente del Ministerio Público en San Luis Río Colorado, Sonora, donde se pretendió, mediante tortura, que aceptara haber participado en la desaparición de media tonelada de cocaína.

Junto con él se pretendió involucrar a 14 agentes de la Policía Judicial. ``Esto también tiene relación con el asesinato del periodista Benjamín Flores, que investigaba el caso'', informó el primer visitador del centro, Rafael Alvarez.

Se incluyó también la tortura en Chiapas de los sacerdotes jesuitas Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas, además de otros casos.

Por la tarde, el relator de la Organización de las Naciones Unidas escuchó los testimonios de tortura de indígenas de San Agustín, Loxichas, en el estado de Oaxaca, así como otros de Guerrero y Tabasco.

Hoy y mañana, el relator visitará Chilpancingo, Tlapa y Tlacoachistlahuaca.