EL TONTO DEL PUEBLO Ť Jaime Avilés
País Vasco: limpieza étnica

Almería, Andalucía, 8 de agosto Ť La ``sospechosa'' muerte de José Luis Salegui Elorza, ciudadano español de origen vasco, acaecida a principios de esta semana cerca de Irapuato sugiere que podríamos estar ante un asesinato perpetrado en territorio mexicano por agentes del gobierno de José María Aznar, de acuerdo con declaraciones de Edurne Egilegor, la viuda, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Según los servicios de inteligencia del Estado español, Salegui Elorza, alias Txipi (léase Chipi), había sido jefe de los desaparecidos Comandos Autónomos Anticapitalistas de ETA, y vivía ilegalmente en México desde 1989, después de haber sido sometido a proceso penal como presunto involucrado en el asesinato del senador socialista Enrique Casas, que se verificó el 23 de febrero de 1984. Pero en 1992, la fiscalía española retiró los cargos en su contra por falta de pruebas y ``no tenía solicitada su extradición'' (El País, 8/08/97).

Con base en la información publicada hoy aquí por ese diario, Salegui Elorza salió a correr por las faldas del cerro de Arandas, en las proximidades de Irapuato, el lunes pasado, y no regresó a su casa. El miércoles, su cuerpo fue encontrado con ``un golpe en el lado izquierdo de la cabeza'' y le faltaba un zapato. Las autoridades mexicanas que le practicaron la autopsia determinaron que la causa del deceso había sido ``un infarto agudo del miocardio''.

El cadáver estaba en un paraje del cerro de Arandas por donde Edurne Egilegor y otras personas habían pasado sin hallar los restos de Salegui, según el testimonio de Rafael Alvarez del centro Miguel Agustín Pro, quien dijo: ``Los conocidos (de Salegui Elorza, lo) habían buscado por la zona donde apareció, y no habían encontrado nada, por lo que el cuerpo pudo ser colocado ahí''. Y más: ``Después de la autopsia --agregó Alvarez (y este es el dato clave que nutre las peores sospechas)-- se presentaron en el Ministerio Público cinco hombres y una mujer con acento español. Llevaban el zapato que le faltaba al cadáver. Después de reconocerlo, pidieron que se le enterrara en la fosa común. Nadie tomó sus nombres''.

Las preguntas abundan ahora: ¿por qué lo ``reconocieron''? ¿Por qué llevaban el zapato faltante? ¿Por qué pidieron que lo enterraran en la fosa común? ¿Por qué nadie, en el Ministerio Público de Irapuato, les preguntó cómo se llaman? ¿Por qué, al menos en las informaciones de prensa que se conocen, el forense no mencionó el origen ni la naturaleza del golpe en la parte izquierda del cráneo del muerto?

Y la más inquietante: ¿por qué, al día siguiente de estos hechos, la policía mexicana aprehendió a Edurne Egilegor, la viuda de Salegui Elorza (detalle que por cierto no mencionó en su nota la corresponsal de El País en México, Maite Rico, pese a que el arresto de la mujer ocurrió en presencia de David Aponte, reportero de La Jornada)?

El 27 de julio, día en que se inauguraba en Madrid el segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, el periódico español de ultraderecha ABC, de inspiración y tradición franquistas, publicó a doble página con fotos y toda suerte de datos y señas los nombres y direcciones de los presuntos miembros de ETA que viven en México.

Ese mismo día, en la ciudad española de Oviedo, hubo una fiesta para despedir a 15 agentes de la Procuraduría General de la República (la PGR mexicana), que terminaban un curso de adiestramiento en disciplinas como ``combate al terrorismo'', ``contrainsurgencia'', ``lucha contra el narcotráfico'' y ``lavado de dinero''. Por lo menos uno de estos elementos se habría infiltrado posteriormente en la reunión intergaláctica convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A mediados del año pasado --uso deliberadamente, y a petición expresa, datos difusos--, un ciudadano español de origen catalán, que se encontraba en Chiapas en uno de los campamentos internacionales por la paz dentro de una comunidad del EZLN, fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en un paraje de la cañada de Las Margaritas, cuando viajaba de regreso a San Cristóbal de Las Casas.

Meses más tarde, en Madrid, y a raíz de una riña tumultuaria en una discoteca del barrio de Huertas, fue arrestado por la policía española y trasladado a una comisaría, donde permaneció 72 horas. Durante su breve estancia detrás de las rejas, sometido a un largo interrogatorio, recibió una sorpresa mayúscula cuando el personal de servicio le preguntó por qué había sido interceptado por la policía mexicana en Chiapas, y le hizo ver que conocía perfectamente el día y la hora en que aconteció el suceso, lo que habla de una estrecha coordinación entre los aparatos de seguridad de los gobiernos de José María Aznar y Ernesto Zedillo.

Las corporaciones policiacas de México y del Estado español comparten intereses comunes, que de momento se evidencian en los procesos de mutua extradición del ex fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla --preso en Madrid en la cárcel de Carabanchel--, y del vasco Oscar Cadenas Lorente, cautivo en la ciudad de México.

Pero los vínculos se manifiestan, asimismo, en los cursos de capacitación que la policía hispana proporciona a sus colegas mexicanos, como lo prueba el caso de los 15 agentes de la PGR que acaban de ser entrenados en Oviedo.

A cambio de esta ``cooperación amistosa'', el gobierno de Aznar exige a la administración de su colega mexicano una sumisión incondicional ante la guerra encubierta que libra contra ETA, un tema de la agenda bilateral que expone a México a las más intensas y descarnadas presiones, no sólo en el ámbito policiaco, sino incluso en el terreno de la economía.

Pero aquí, en la península ibérica, a diferencia del oscuro paisaje que se observa desde nuestro país, la guerra del Estado español contra ETA cobra dimensiones escalofriantes, y deja al descubierto que la propaganda del gobierno de Aznar --como sucedió también durante la gestión de Felipe González-- encubre la otra cara de la moneda. Sí, porque no se trata sólo de la guerra de ETA contra el Estado español, sino también de la disimulada, hipócrita e inclemente forma en que el Estado español combate a los separatistas vascos, cuyo ejercicio del terrorismo como método principal de lucha los ha dejado en abierta desventaja ante el ejercicio del terror que practica subrepticiamente el Estado español contra ellos.

Algunos ejemplos, algunas reflexiones.

No hace mucho --el episodio aún está fresquísimo--, un comando de ETA asesinó a un joven concejal del Partido Popular de Aznar en un pueblo perdido del País Vasco. El pobre hombre, así como lo pescaron, vivo y lleno de salud, no valía cinco pesetas para la opinión pública española. Era alguien por cuya salvación nadie, en el equipo de Aznar, iba a pagar el valor de un cacahuate, y mucho menos el muy elevado precio político que exigían por él sus secuestradores. Para uno y otro bando era, desde el principio, un condenado a muerte.

Bajo este criterio, y en una reacción sumamente habilidosa, el gobierno de Aznar montó una operación progandística de grandes dimensiones, contando con que fuera cual fuese el resultado final de todos modos la jugada le rendiría dividendos: si obtenía la liberación del joven Miguel Angel Blanco, perfecto; si no, mejor todavía. Así, la campaña sacó a la calle a cientos de miles de personas, y los secuestradores, con una estrechez de miras alucinante, con una falta de sensibilidad política monstruosa, con una torpeza superlativa y con muy pero muy mala leche, ejecutaron a su rehén. Aznar procedió entonces a cobrar una apuesta que tenía ganada de antemano, y que ahora induce a pensar que los militantes de ETA encargados de la acción se condujeron más como enemigos de ETA que del Estado español, al que acabaron sirviendo.

¿Qué pedían los secuestradores por la vida del doblemente desdichado concejal? Una demanda simple: que los presos de ETA, de acuerdo con las leyes en vigor, fuesen traslados a cárceles cercanas a los lugares donde tenían fijada su residencia. Pero, ¿a qué responde esta petición? A que el castigo aplicado contra los presos no sólo no ayuda a cumplir los postulados de regeneración y rehabilitación social de los reos, sino que además inflinge severos daños a sus familiares.

Por ejemplo --dije que iba a dar algunos ejemplos--, en el País Vasco son comunes los casos de familias de presos de ETA que se ven obligadas a viajar enormes distancias para ir a visitar a sus detenidos. Así que cogen el auto y, en cuanto salen del pueblo, comienzan a ser víctimas de los peores atropellos. La policía de tránsito los detiene cada cierto número de kilómetros y les impone multas que a la postre suman fortunas considerables. Luego, en los pueblos del camino, les niegan el servicio en las gasolineras, les impiden usar los baños o les prohíben alojarse en los hoteles. Y ellos no han puesto bombas, no han asesinado a nadie, no viven clandestinamente, no están en guerra. Son, tan sólo, padres, madres, hermanos, primos o cónyuges de militantes de ETA. ,Y sin embargo, no los tratan como a tales, sino como a víctimas del odio racial.

Ocho días después de la ejecución de Miguel Angel Blanco, un etarra preso se ``suicidó'' cuando después de purgar seis años de encierro le faltaban tres meses para salir. Las hipótesis dicen: lo asesinaron en su jaula, lo cual es común, o se quitó la vida él mismo en efecto, porque ya no era capaz de seguir aguantando los horrores cotidianos.

Y si la cárcel es un infierno para los activistas de ETA implicados en hechos de sangre, no lo es menos para aquellos que colaboran como informadores o brindan apoyo material de algún tipo. Da lo mismo: en la comisaría son golpeados en la cabeza con gruesos directorios telefónicos, reciben horribles torturas o son sometidos a simulacros de fusilamiento.

La estrategia de Aznar --igual que la de Felipe González-- contra ETA consiste en asfixiar a ETA mediante una guerra encubierta que se vale de todos los recursos lícitos e ilícitos, y que no consigue sino cerrarle todas las puertas a la política, exacerbar el odio racista y prolongar inútilmente la guerra, bajo un esquema que, toda proporción guardada, santifica los mismos criterios de limpieza étnica que destrozaron a las naciones internas de Yugoslavia.

Y ahora, a través de continuas presiones diplomáticas, y cobijado por la prensa y la televisión, el gobierno de Aznar luce resuelto a extender hasta México los límites de su cruzada xenofóbica, lo cual es evidente aún, incluso, si la sospechosa muerte de Salegui Elorza en Irapuato fue accidental. Pero acorralada de esta suerte por las inmorales habilidades propagandísticas de Aznar y también, y desde luego, por sus monumentales errores internos, ETA aparece como el único de los dos bandos en disputa que tiene, hoy por hoy y con urgencia, la imperiosa necesidad de alterar el esquema de la guerra, decretando una tregua unilateral que contribuya a imponer en la opinión pública lo que tarde o temprano sucederá de un modo o de otro: la idea de que Aznar, como lo dijo ayer Julio Anguita, coordinador de Izquierda Unida, ``está cometiendo una locura'' que puede tener consecuencias tan impredecibles como funestas. Después de todo, el caso del País Vasco comparte muchos elementos comunes con el del Estado palestino en Israel. Hay que disipar un poco el humo de la propaganda frenética para comprenderlo.