Los operativos policiacos que se llevan a cabo en distintas partes del Distrito Federal contra la delincuencia despiertan cada vez más interrogantes. La más importante es sobre su eficacia: según informes oficiales, se ha realizado un promedio de 15 acciones de este tipo cada día, a pesar de lo cual el número de delitos que se cometen en la ciudad, desde asaltos hasta homicidios, sigue aumentando.

Al mismo tiempo, versiones no oficiales dan cuenta de la imperfección con que se realizan dichos operativos: se sabe, por ejemplo, que los cabecillas de las bandas delictivas son avisados sobre la inminente llegada de agentes con la anticipación suficiente para huir.

El aspecto más controvertido de estas acciones policiacas se refiere a su legalidad. Ayer mismo, la Comisión de Derechos Humanos del DF hizo ver varias irregularidades, como la ausencia de órdenes de arresto y de cateo. En este sentido, llama la atención que de los cientos de detenidos durante los operativos, apenas una decena haya sido consignada formalmente.

Ante las evidencias de sus anomalías, su ineficacia y ante las reacciones que han despertado entre diversos grupos de opinión, las medidas con que la Secretaría de Seguridad Pública busca combatir la delincuencia en la ciudad rebasan ya el ámbito meramente policiaco. Se han convertido en un dilema que exige una respuesta y corresponde a las autoridades darla. En los meses previos al cambio de mando en el gobierno de la capital, es de esperarse que la administración saliente ponga fin a las medidas cuestionadas, para abrir paso a la transición pacífica que la ciudadanía está esperando.

El asesinato alevoso del senador liberal colombiano Jorge Cristo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y amigo del presidente Ernesto Samper, pretende llevar a la anulación de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre próximo. De este modo se unen dos fuerzas opuestas: la del extremismo guerrillerista y la de los altos mandos militares ``duros'', con sus grupos paramilitares, que se oponen a la eventual paz con las guerrillas y proponen la continuación de la actual guerra sucia ``hasta la victoria'', es decir, el agotamiento de Colombia.

En esta espiral infernal se ve atrapado el pueblo colombiano, harto de una violencia que ha pagado ya con demasiada sangre y deseoso de una solución política y pacífica al problema de la guerrilla, que afecta gravemente al país desde hace más de tres décadas. En efecto, si la violencia, en un comienzo, en la primera mitad de este siglo que acaba, era la expresión de la lucha entre los terratenientes y los campesinos y si la guerrilla era entonces la respuesta armada al terrorismo de aquéllos y sus guardias blancas, hoy ha perdido buena parte de su justificación política y de su base de masa; ya no es más una fuerza campesina de autodefensa y actúa por sobre los campesinos y el pueblo, a quienes dice representar, dando argumentos y reclutas a la extrema derecha. Colombia está atrapada en una situación trágica, pues mientras los sectores ultraizquierdistas guerrilleros creen que una dictadura y una explotación brutal llevarán al pueblo a la insurrección general, la extrema derecha tiene también interés en acabar con la legalidad y en instaurar un régimen que le permita mantener los bajísimos salarios imperantes en la industria bananera, en Urabá, o en los sectores cafetaleros, así como en la incipiente industria colombiana.

Así, por obra de pocos, el país sigue sumido en el terrorismo.

En efecto, ni en esa martirizada región ni en el resto de nuestro continente la guerrilla parece ser una solución política viable. Una cosa es, en efecto, la autodefensa de las comunidades rurales frente a la violencia ajena y otra el intento de sustituir la lucha de ideas, la conquista de las mentes y las voluntades, la acción política, por la violencia de pequeños grupos armados que se arrogan una representación nacional que nadie les ha dado. Es ridículo a este respecto pretender, como ellos lo hacen, que la vía de las elecciones equivale a una traición a los intereses de las clases trabajadoras, pues la experiencia mundial prueba que también en las urnas se miden las fuerzas y se enfrentan los intereses y que sólo en la paz es posible conquistar consenso, construir conciencias, organizar mayorías, en una palabra, avanzar.

Al mismo tiempo que corresponde repudiar los asesinatos políticos, cualesquiera que sean sus ejecutores, es de esperar, por lo tanto, que los sectores más politizados de las propias guerrillas puedan llevar a los extremistas a las negociaciones de paz y que el gobierno colombiano pueda resistir las presiones de quienes desean responder a la ciega violencia guerrillera con la brutal violencia del Estado policiacomilitar.