En ningún otro tiempo los habitantes de la ciudad de México han conocido mayor inseguridad que durante los días recientes, cuando, con el argumento de velar por la seguridad, miles de ciudadanos, pobladores de diversas colonias, han sido objeto de sucesivos ataques por parte de los agentes policiacos, por el simple hecho de haber parecido sospechosos o de cometer el gravísimo ``delito'' de vivir en el único lugar que les permite el magro ingreso que la crisis les deja para renta.

Más de mil 700 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, apoyados por helicópteros y miembros de otras corporaciones, muchos de ellos equipados como para una versión urbana de la ``tormenta del desierto'' (cascos de combate, chalecos antibalas, bombas de humo, fusiles de asalto, trajes camuflados, etcétera), han traído peligrosamente a la realidad lo que en la pantalla es aburrido por común en las violentamente hollywoodescas cintas de Mario Almada y Lola la trailera: el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.

La Jornada nos ha relatado, paso a paso, los operativos con que agentes de las policías Preventiva, Judicial, Auxiliar y Bancaria e Industrial, y elementos de la Secretaría de Hacienda, con participación de los grupos de Zorros, Potros, Jaguares, Delta, Montada, Transformación 2000, Femenil y Motopatrulla, han ocupado colonias enteras, deteniendo a los automovilistas, rompiendo puertas y exigiendo su identificación a cuanta persona se encontraba a la vista. Las colonias Buenos Aires, Doctores y la Merced, en el centro; la Central de Abastos al sur-oriente; y Atlampa, al norte citadino, fueron los primeros objetivos del macrodispositivo de combate a la delincuencia organizada. Según la prensa se realizaron unos 91 operativos nocturnos en unidades habitacionales, avenidas y transporte público durante los primeros días. El saldo fue de 465 personas detenidas, pero, de todas ellas, únicamente diez eran delincuentes. Más tarde nuestro periódico, siguiendo a la noticia, nos dio cuenta de la detención de otras 700 personas, de las que sólo 12 fueron remitidas a los reclusorios.

El doctor Luis de la Barreda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ya se pronunció en relación con estos operativos. ``Son más espectaculares que eficaces'', ha dicho. Preocupado por la masiva violación a los derechos humanos, el Ombudsman capitalino precisó que no habrá críticas ni reproches en la medida en que las acciones de combate a la delincuencia respeten las garantías individuales y den resultados que sean satisfactorios en materia de seguridad para los ciudadanos. La CDHDF ha señalado también que está convencida de que en la lucha contra el delito es absolutamente indispensable que termine todo contubernio de agentes del Ministerio Público y policías con delincuentes.

Ciertamente la seguridad personal y patrimonial es un derecho que todos los ciudadanos debemos exigir a la autoridad. Para eso se establecen los cuerpos policiacos; para que cumplan esa función se pagan impuestos. También es cierto que la seguridad de los habitantes de la capital se ha deteriorado gravemente en los últimos tiempos por muchas razones, entre ellas la ineficacia y corrupción de las corporaciones policiacas. La sustitución de civiles por militares en funciones de seguridad pública fue la medida adoptada hace más de un año por las autoridades. Dicha disposición fue criticada severamente desde diversos sectores. El temor manifestado entonces por las organizaciones civiles era que los militares no tuviesen la preparación profesional específica que se requiere en la lucha contra la delincuencia. Los operativos que observamos hoy son una muestra de que aquella preocupación era válida: se han producido muchas violaciones a los derechos humanos y se tienen pocas consignaciones de delincuentes.

En el combate a la delincuencia debe tenerse presente el texto de la Constitución, cuando señala que nadie puede ser molestado sin que medie un mandato de autoridad competente, a no ser que sea sorprendido en flagrante delito. Las razzias o redadas; los retenes; la violenta irrupción a viviendas particulares, sin orden de cateo; la detención sin orden de aprehensión ni flagrancia; la conculcación del derecho al libre tránsito, son ilegales y son violaciones a los derechos humanos. La justa exigencia ciudadana de mejoramiento en materia de seguridad debe cumplirse, sí, pero en el marco de la legalidad constitucional. La prevención y, en su caso, la persecución del delito deben realizarse, también, con un razonable grado de eficacia, y sin afectar a inocentes.