En el informe militar dado a conocer por Proceso, aparecen los nombres de varios oficiales que pasaron por la escuela de enfrentar a la guerrilla de Lucio Cabañas y a otros grupos armados de la entidad suriana.

El mismo general secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, estuvo en los años más críticos del enfrentamiento con los guerrilleros, entre 1972 y 1974. También el ahora general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, mencionado dos veces en los documentos confidenciales ahora públicos, participando en reuniones con el capo del narcotráfico Amado Carrillo Fuentes, de quien recibía dinero ``a cambio de protección'', según el reporte de un tal ``X''.

Asimismo, el arrestado coronel Pablo Castellanos García, quien fue comandante en 1972 del batallón de Cruz Grande, comandante en San Luis Acatlán (la tierra de Genaro Vázquez) y que participó en la campaña contra Lucio Cabañas.

Otros textos periodísticos nos han recordado que conocidos narcotraficantes hicieron sus pininos en la guerra sucia de los 70 contra los grupos alzados en armas, en la que jugaron un papel protagónico integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, la temible policía política de la época, judiciales federales y estatales y soldados del Ejército mexicano. De hecho la Brigada Blanca, el compendio de lo que fue la actuación ilegal con la que el régimen combatió la ilegalidad de los grupos armados, estuvo formada por militares, judiciales federales y miembros de la DFS.

Una vez desarticulada la guerrilla, se cuenta que varios de aquellos que actuaron como torturadores o simples ejecutores se alzaron con diversos botines de guerra, y otros se sintieron con la fuerza política suficiente por sus servicios al régimen como para seguir actuando de manera ilícita, sólo que ahora en el narcotráfico.

Un caso ilustrativo es el de Carlos Morales García, el Pelacuas, de quien Miguel Angel Granados Chapa (Reforma, 3 de agosto) escribe que era ``jefe de una banda delincuencial cuya impunidad se pagaba con servicios criminales prestados a la jefatura de zona militar y la Dirección Federal de Seguridad, y dirigidos contra disidentes y opositores [...] Su protector [...] el general Amaya Rodríguez, había sido un verdadero rector de la violencia política en Guadalajara''.

En Guerrero esta condición la ejerció Acosta Chaparro, tenido ampliamente entre amigos y enemigos como la cabeza de la persecución que significó tormentos inhumanos, asesinatos brutales y la desaparición de centenares de guerrerenses, sobre todo del municipio de Atoyac, en aquellos mismos años en que el Pelacuas y el general Amaya actuaban en la capital tapatía.

Con la aparición del EZLN y luego del EPR, los sectores duros de las cañerías del sistema han querido reciclarse presentándose como los grandes conocedores del movimiento subversivo. Pero, como se ve, ni han sido tan eficaces y además representan un pasado de fanatismo, represión y terrorismo de Estado que no son ninguna solución en el México de hoy, cuyos ciudadanos se alejan tanto de la convocatoria a la lucha armada como de la corrupción, incapacidad y ausencia de un proyecto para la grandeza de México de los gobiernos priístas.

Acosta Chaparro, por ejemplo, en 1995 repartió como volante un panfleto de su autoría en donde decía que el ex Presidente general Lázaro Cárdenas del Río era el precursor de la subversión moderna en México, entre otros fundamentalismos que apenas servían de pretexto para publicar una larguísima lista de supuestos subversivos, entre los cuales destacaban ciudadanos respetados y respetables, honorables padres y madres de familia y ponderados dirigentes del PRD.

Crecen las voces que claman por una discusión pública en torno al Ejército nacional. Que el tema ya no sea tabú. En este camino tal vez conoceremos a generales y oficiales que se ufanen de no haber matado a nadie, de no haber mandado matar, torturar o desaparecer a nadie, y que asuman que el Ejército debe ser una pequeña, muy capacitada y muy profesional porción de mexicanos que cumplen estrictamente el mandato constitucional, como corresponde a las naciones en que rige un Estado de derecho y no hay espacio para combatir a la ilegalidad con la ilegalidad. En la hora de los ciudadanos y del voto, no caben guerras sucias ni más historias de militares que matan y torturan, cuando podrían estar honorablemente en sus cuarteles, propiciando así que la sociedad y sus representantes tomen la iniciativa en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Si de esto se trata.