Anualmente, en ocasión de los exámenes de ingreso, se presenta el problema de los cupos en las universidades públicas de la ciudad de México, pues no pueden ingresar a ellas decenas de miles de recién egresados del bachillerato o jóvenes que durante años han intentado entrar, sin lograrlo, y flotan en un mercado de trabajo que no les ofrece alternativas. Tampoco pueden inscribirse en las universidades privadas porque carecen de recursos para pagar sus costosas colegiaturas. Los conflictos en las instituciones se repiten y se convierten en públicos y sociales. Sin embargo, este problema no se ventila públicamente, con participación de todos sus actores; se aborda sólo en círculos oficiales cerrados o en instancias cupulares de la educación superior, sin que las políticas derivadas tengan efecto significativo por no involucrar concertada y coordinadamente a todas las partes. Las variables del asunto son complejas y deberían ser abordadas en su conjunto y democráticamente.
1. Los bajos resultados en el examen de ingreso a la universidad muestran graves deficiencias en todo el sistema educativo; no son sólo responsabilidad de los jóvenes, pero éstos pagan las consecuencias. Con matices, derivados de la condición económica de los estudiantes, la situación en la educación media superior pública y privada es la misma.
2. Sin que tenga la capacidad instalada para atender esta demanda, la universidad pública capitalina atrae a miles de aspirantes de todo el país, por la insuficiencia de la oferta en sus lugares de origen, por el prestigio de que gozan y la alta concentración en ellas de programas de investigación y posgrado.
3. Aunque se las tilda de ``privilegiadas'', las grandes universidades capitalinas sufren graves carencias presupuestales, de instalaciones e infraestructura, y la mayoría de sus investigadores, docentes y administrativos reciben salarios y prestaciones inadecuados en relación con su calificación y las tareas que deben cumplir.
4. La infraestructura y equipamiento, saturada en el turno básico, es subutilizada en el vespertino por ausencia de presupuesto y plantilla de personal (controlada estrictamente por la Secretaría de Hacienda); se llega a la contradicción de que es posible adquirir cualquier equipo material, pero imposible contratar a quien lo utilice o mantenga.
5. La inexistencia de un diálogo fluido, constante, basado en intereses institucionales comunes, entre las autoridades gubernamentales y universitarias y las organizaciones sindicales, no ha permitido construir una regulación laboral consensada y asumida por ambas partes, que garantice la adecuada responsabilidad, eficiencia y productividad del trabajo universitario.
6. Las universidades públicas se concentran mayoritariamente en el Distrito Federal, mientras que en los municipios conurbados del estado de México hay carencias casi absolutas, dando lugar a desplazamientos excesivos de estudiantes y trabajadores que saturan al transporte, afectan el tránsito vehicular, elevan los costos familiares y restan tiempo y eficiencia a las tareas académicas.
7. La dependencia vertical de las universidades públicas ubicadas en la zona metropolitana hacia el gobierno federal, y la ausencia de instancias y formas eficientes de relación, coordinación y programación conjunta entre las instituciones, no permiten establecer programas integrados de desarrollo que articulen los proyectos de cada institución en la respuesta a las necesidades globales de la población de la gran ciudad y su desarrollo.
8. A diferencia del estado de México, que administra a la mitad de la ciudad, el gobierno del Distrito Federal carece de jurisdicción sobre el sistema educativo en su conjunto por no haber sido descentralizado aún, y no posee instituciones de educación superior. Por ello, no tiene instrumentos para incidir en este campo vital del desarrollo urbano y social.
9. Finalmente, el gobierno, PRI y PAN, cúpulas empresariales y sectores sociales conservadores, han creado un clima adverso a la universidad pública, postulando infundadamente la superioridad de la privada; esta ideología privatizante justifica, según ellos, el estancamiento del crecimiento de la oferta pública de educación superior.
Hay que recordar que en la globalización dominada por los países hegemónicos y los grandes capitales monopólicos multinacionales, incrementar la productividad y mantener la competitividad en todos los campos, así como elevar la calidad de vida de la población exige el mejoramiento de la educación para toda la población, rápido, no elitizada ni excluyente. La universidad debe ser la conclusión natural de un proceso y no una cima alcanzable sólo para una reducidísima minoría. El esfuerzo hecho hasta ahora, en la capital y en el país, es insuficiente. Es urgente cambiar las prioridades presupuestales y políticas para dar un sitio a la educación; en unos más años puede ser tarde, pues habremos perdido nuestra soberanía y autonomía en este campo.