Tortura, práctica ``sistemática'' de policías judiciales y Ejército: ONU

David Aponte Ť La tortura persiste como una práctica sistemática en México, ``especialmente por las policías judiciales, tanto federales como locales, y en el último tiempo por efectivos de las fuerzas armadas bajo el pretexto de la lucha antisubversiva'', de acuerdo con informes ``fiables'' recabados por el Comité contra la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Hay una ``profunda dicotomía'' entre las medidas jurídicas y administrativas tomadas por las autoridades mexicanas para combatir la práctica de la tortura y la realidad que vive México, argumenta.

El texto, elaborado previamente a la visita a México del relator especial, Nigel S. Rodley, señala que la ``impunidad'' es el factor principal que obstaculiza las iniciativas para poner fin a la tortura en el país. Las propias cifras mexicanas lo demuestran: entre junio de 1990 y mayo de 1996, sólo se han registrado dos casos condenatorios fundados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y cinco por homicidio provocado por esa causa.

Los números contrastan con la cantidad de quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que no tiene facultades para iniciar procesos judiciales en contra de los presuntos violadores de las garantías individuales, continúa.

El documento, elaborado entre abril y mayo de 1997 como parte del análisis de un informe presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, menciona que el Comité contra la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, aprecia los esfuerzos de México para perfeccionar el estatuto legal de protección a las víctimas, fundamentalmente las nuevas disposiciones para restituir, compensar y rehabilitar a las mismas.

Añade que la parte mexicana muestra un esfuerzo ponderable en el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos y la sociedad en general. Sin embargo, señala que existe una fragilidad en la cultura y una falta de sensibilidad, que no permiten un castigo severo y apegado a derecho en contra de las personas que ejercen tortura.

Como elemento adicional, la CNDH no tiene capacidad procesal para instar por el progreso de las investigaciones de las denuncias, lo que constituye una limitación que inhibe el cabal cumplimiento de ese organismo nacional para proteger y promover los derechos humanos, agrega.

En el apartado denominado Motivos de preocupación, explica: ``El comité ha recibido abundante información fiable según la cual, no obstante las medidas legales y administrativas que ha adoptado el gobierno (mexicano) para erradicarla durante el cuadrienio que cubre el informe que se ha examinado, la tortura ha continuado practicándose sistemáticamente en México, especialmente por las policías judiciales, tanto federales como locales, y en último tiempo por efectivos de las fuerzas armadas bajo el pretexto de la lucha antisubversiva. El comité constata con preocupación la profunda dicotomía entre el abundante andamiaje jurídico y administrativo instalado para poner término a la tortura y a los tratos crueles y degradantes, y la realidad que muestran esas informaciones''.

La práctica continúa por la impunidad y la persistencia de las autoridades judiciales de aceptar declaraciones obtenidas bajo tortura, a pesar de las disposiciones legales que prohíben su admisibilidad. El incumplimiento en las investigaciones clausura el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación del daño, considera.

En el último apartado, el comité recomienda al gobierno de México sancionar de manera efectiva a los funcionarios públicos que incurran en este tipo de violaciones a los derechos humanos; otorgar facultades jurídicas a la CNDH y a las comisiones estatales para ejercer acción penal; intensificar los programas de formación de los servidores públicos, especialmente sobre la prohibición de la tortura, y diseñar procedimientos de difusión relativos a los derechos de los detenidos. El comité exhorta a las autoridades mexicanas a entregar información de carácter nacional con cifras sobre quejas por violaciones a derechos humanos, específicamente sobre tortura, las recomendaciones emitidas, las averiguaciones previas instruidas, los casos de responsabilidad penal y los asuntos en que se haya hecho efectiva la sanción en contra de los servidores públicos.

Nigel S. Rodley, relator especial contra la tortura, inicia este jueves sus trabajos en México para recabar información de supuestos actos de esta naturaleza realizados por miembros del Ejército Mexicano en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.