Por primera vez en muchas décadas, un proyecto inmobiliario traspasa las fronteras privadas y se torna en parte de un amplio debate público. Nos referimos a las diversas opiniones que ha generado la propuesta de edificar, al lado de la pirámide de Cuicuilco, una torre de 22 pisos y la remodelación comercial de la antigua fábrica de papel Peña Pobre, muy al estilo de la Plaza Loreto. Parte del debate es el Foro que hoy concluye, convocado por algunas instituciones académicas y otras organizaciones culturales, la mayoría opositoras al proyecto. Con el propósito de encontrar una solución, y más allá de las posturas políticas o ideológicas de algunos de sus participantes, sus conclusiones deberían ser tomadas en cuenta por los promotores inmobiliarios, el INAH y el gobierno del DF.

Se quiera o no, el debate público es parte fundamental de los nuevos procesos democráticos para determinar cómo debe ser construida la ciudad. De poco sirven las discusiones sobre un modelo ideal de la ciudad que todos queremos, si no contamos con los canales institucionales para compatibilizar los intereses sociales, evitando que proyectos imobiliarios como éste, y otros más que seguramente aparecerán en los próximos meses, se conviertan en conflictos y enfrentamientos estériles.

La oposición social al proyecto demuestra las limitaciones del pasado proceso de consulta pública sobre los programas delegacionales de usos del suelo, aprobados por unanimidad en la Asamblea. Un proyecto inmobiliario que ha cumplido con la reglamentación exigida, pues en ella se fundamentó su autorización, pero que a la postre resulta cuestionado por un sector de la sociedad, nos indica que algo anda mal. El cuestionamiento no debiera enfocarse al proyecto como tal, sino a la legislación que lo sustentó y a la ausencia de mecanismos institucionales de participación social.

En algunos sitios históricos del mundo, incluyendo México, la denominación de la Unesco como patrimonios de la humanidad sin una adecuada protección jurídica, ha resultado más perjudicial que benéfica, pues tal calificación los hace atractivos para los intereses inmobiliarios que ven en ellos una forma de revaloración urbana. Así ha pasado con la Plaza de Teotihuacan y muchos otros sitios patrimoniales, donde se han motivado fuertes conflictos políticos, debido en gran parte a la ausencia de una más completa y realista legislación que permita compatibilizar lo nuevo con lo antiguo. Esto es, una legislación que regule la construcción de lo nuevo sin destruir o minimizar el patrimonio histórico.

Por ese motivo, el cuestionamiento sobre la forma como se ejerció la discrecionalidad del DDF para obtener la licencia del proyecto de Cuicuilco, será limitado mientras no se cuente con una legislación más general que elimine tal discrecionalidad y norme con claridad y sin ambigüedades los criterios generales para construir al lado de los sitios patrimoniales.

Aun así, el problema es de otro orden. La fuente que alimenta la oposición vecinal al proyecto, tal y como le sucede a otros megaproyectos del sexenio, no es la calidad de las propuestas, sino su carencia de legitimación social. Sin ese sustento, derivado de la exclusiva decisión de sus promotores, el proyecto de Cuicuilco enfrenta lógicamente la protesta de todos aquellos sectores excluidos que reclaman una participación más directa en las decisiones sobre la construcción de la ciudad. En estos nuevos tiempos, todo proyecto inmobiliario privado se convierte, en estricto sentido, en un proyecto social.

Para lograr la viabilidad del proyecto inmobiliario de Cuicuilco, no parece haber otro camino que someterlo a un proceso más democrático, producto de un concurso público, como sucede en cualquier otra parte del mundo. Un jurado de alto nivel conformado por las más prestigiadas instituciones académicas debiera elegir, de entre diversas propuestas inmobiliarias, la más acorde a las necesidades del sitio. Sólo eso garantizaría a los propietarios y promotores la edificación del proyecto, pues tal participación es la única vía institucionalizada para brindarle su legitimación social.

Una última sugerencia, en el ánimo de encontrar caminos compatibles entre el desarrollo urbano y la preservación de nuestro patrimonio histórico: el proyecto del arquitecto Teodoro González de León --a quien me une una profunda admiración profesional de su obra-- debiera integrar en su propuesta la remodelación de la pirámide de Cuicuilco y sus actuales instalaciones. No hay que olvidar que tal patriminio es precisamente lo que brinda el valor inmobiliario a toda nueva construcción. Sería justo, entonces, que parte de las ganancias inmobiliarias se utilizaran también para la restauración y la preservación de nuestro pasado.