Ha de recibirse con satisfacción el anuncio, formulado ayer por el presidente Ernesto Zedillo, del Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), orientado, según las palabras del mandatario, a romper el círculo vicioso, que afecta a millones de mexicanos, de ignorancia, enfermedad, insalubridad y desnutrición. Resulta especialmente positivo que este instrumento gubernamental orientado a combatir la marginación y la pobreza parta de una concepción integral del problema y se proponga, en consecuencia, atacarlo en sus diversos elementos.

Por lo que se refiere a la educación, es claro que si ésta constituye una herramienta fundamental para la integración social y para el desarrollo personal, familiar, comunitario y nacional, su carencia, su deficiencia o su insuficiencia, inciden en la incapacidad de personas y comunidades para superar la miseria y la marginación y que, en esta lógica, los problemas que enfrenta el sistema educativo nacional impactan negativamente la buena marcha social, económica y política del país y la calidad de vida de sus habitantes.

No debe perderse de vista que el esfuerzo gubernamental anunciado ayer por el presidente Zedillo, específicamente orientado a los núcleos más desfavorecidos de la población y, por ello, moral y socialmente necesario, no toca en cambio la problemática acumulada por la educación pública, y que ha venido expresándose en forma de diversos conflictos estudiantiles y magisteriales a lo largo y ancho del país.

Por una parte, el deterioro en la calidad de la enseñanza básica repercute en la imposibilidad, para muchos educandos, de acceder a los ciclos medio y medio superior; por la otra, la incapacidad para cubrir la demanda educativa genera, en forma cíclica y hasta previsible, fuertes tensiones sociales y movilizaciones de padres de familia y alumnos que reclaman su derecho a la educación; paralelamente, las carencias presupuestales del sector educativo dan pie a movimientos de reivindicaciones salariales por parte de los maestros; finalmente, los desajustes propios del proceso de descentralización, aunados a decisiones administrativas equívocas, suscitan focos de irritación y descontento en diversos puntos del país. Baste señalar, a este respecto, las recientes movilizaciones magisteriales de mayo pasado, la huelga que tiene lugar en la Universidad Pedagógica Nacional, el conflicto de las aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Rural de Amilcingo, en Morelos, las protestas de los alumnos de la Normal Rentería, en Hidalgo, y el malestar entre los trabajadores del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.

En suma, si bien resulta pertinente y encomiable realizar esfuerzos extraordinarios por llevar la educación a las zonas marginadas del país, también es necesario atender el palpable deterioro que acusa el sistema educativo nacional en su conjunto.