ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Languideciente, la actual legislatura federal podría aprovechar sus contadas semanas de vigencia para salvar la honra en el caso de los trabajadores despedidos y jubilados, contra su voluntad, a causa de la privatización ferroviaria en curso.

La oportunidad fue diseñada por el senador José Angel Conchello y presentada ayer en nombre de la fracción parlamentaria panista, al sesionar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: citar a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo --que son, respectivamente, Carlos Ruiz Sacristán y Javier Bonilla García- para que informen a las correspondientes comisiones de diputados sobre ``cómo se han defendido los derechos de los trabajadores en el proceso de privatización''.

A nombre del PRD, el diputado Javier González Garza reiteró la postura constante de apoyo a los rieleros y se sumó a la iniciativa de Conchello, pero fue el diputado cetemista Alfonso Reyes Medrano el que dio la sorpresa al anunciar su apoyo ``definitivo'' a la propuesta de que ``se investigue la forma en que se está privatizando a Ferrocarriles, y la conducción que se tiene con sus trabajadores. Esa es la posición de nosotros los trabajadores y del Partido Revolucionario Institucional''.

La singular confluencia de los representantes de los tres partidos mayoritarios podría parecer poco significativa, pues los diputados actuales dejarán de serlo el 1o. de septiembre venidero, y sus comisiones y comités están virtualmente en dilución, de tal manera que en apariencia sus decisiones postreras difícilmente trascenderían.

Sin embargo, y a la luz de los anunciados nuevos comportamientos de los diputados venideros, con los que se entrará a una etapa de análisis y discusión real, sin mayoriteos acríticos, la postura que asuma la legislatura actual --la saliente-- servirá de precedente de obligatoria atención para la primera Cámara en la que el PRI ha perdido el dominio numérico.

En ese nuevo universo parlamentario habrá coincidencias, por ejemplo entre panistas y perredistas para reabrir el caso Conasupo, pero también se podría dar un ejemplar ejercicio de madurez, de consenso camaral, si se vigila a plenitud el cumplimiento del compromiso que los diputados actuales signaron en enero de 1995 para garantizar el respeto a los intereses nacionales en el caso de la privatización de satélites y ferrocarriles, y, ``además proteger los derechos laborales''.

Ese compromiso formal fue firmado, en nombre de sus partidos, por los diputados Oscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI), Fernando Pérez Noriega (PAN), Carlos Navarrete (PRD), y Alejandro Moreno (PT).

Pero, además, tres meses después, al aprobar la ley reglamentaria del servicio ferroviario, los diputados establecieron el artículo quinto, en el que se dice: ``Las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, los que serán respetados conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo''.

Como en el porfiriato

Pues bien, los derechos de los ferrocarrileros han sido violados de manera sistemática en este proceso de privatización, contando con la complicidad del líder sindical formal, Víctor Flores, y del aparato administrativo ferroviario dirigido por Luis de Pablo.

Para entregar las líneas ferroviarias nacionales sin pasivos laborales, la plantilla de trabajadores se redujo en 47 por ciento de 1990 a 1996, pues pasó de 83 mil 200 puestos a 44 mil 139, según un recuento hecho por la Comisión Nacional pro Defensa del Contrato Colectivo de Trabajo (Conapro) en la que participan dirigentes como Salvador Zarco, Pedro Cruz Rosales, Rubén Aviña Wong y Graciela Hernández Cabrera.

Otro punto altamente lesivo para los rieleros fue la reducción, ya antes consignada en esta columna, de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, pues pasó de 3 mil 45 a sólo 208, hasta quedar en sólo 38 en el convenio con la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, que se quedó con el Ferrocarril del Noreste previa liquidación o jubilación forzosa de ocho mil trabajadores.

El proceso de privatización ha violado el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la figura jurídica del patrón sustituto, que obliga a los adquirentes de empresas a asumir todas las obligaciones del patrón sustituido. En el caso del concesionamiento de los ferrocarriles a nuevos patrones, los capitalistas extranjeros y nacionales deben cargar con el llamado pasivo laboral.

Sin embargo, para impedir el cumplimiento de tales obligaciones, se ha simulado que los trabajadores ``manifiestan su deseo de dar por terminada en forma voluntaria su relación de trabajo'', tal como rezan los formularios que deben ser firmados por los ferrocarrileros luego de que su nombre aparece en las vitrinas de las oficinas administrativas y antes de que les entreguen su último cheque.

Luego, Transportación Ferroviaria Mexicana obliga a los trabajadores ilegalmente despedidos a llenar unas solicitudes de empleo, como si fueran unos simples obreros desempleados y TFM una empresa de nueva creación.

``Una vez que el trabajador era aprobado, le hicieron firmar un contrato de trabajo por tiempo determinado, de veintiocho días, en términos tan leoninos que a ningún trabajador le han dado copia'' agrega la Conapro.

De todo esto es de lo que deberán informarse los diputados salientes en caso de que se concedan la oportunidad de hacer valer los compromisos que suscribieron el año pasado y que hoy no son respetados.

Ellos, los diputados salientes, o en su defecto los venideros, tendrán materia suficiente para hacer valer la nueva realidad legislativa del país y los compromisos formales de respetar la Constitución y sus leyes.

El sábado, marcha a Los Pinos

A pesar de las presiones y las amenazas, los miembros de la Conapro han convocado a una asamblea con representantes de diversas secciones del país para este viernes y sábado en la capital del país. El sábado, a las 4 de la tarde, se realizará una marcha a Los Pinos, en demanda de atención del presidente Zedillo a los graves problemas de los trabajadores ferrocarrileros.

No está de más recordar el carácter altamente agresivo, y tradicionalmente impune, con el que el charrismo sindical rielero suele enfrentar a quienes defienden los derechos laborales y complican negocios de tanta significación económica como el actual de la privatización, y ante ello sólo queda la atención gubernamental y no el inmovilismo cómplice, y la atención de la opinión pública y de los sectores sindicales democráticos.

Astillas: Lo malo de las concertacesiones panistas es que, cuando quieren hablar de dignidad y respeto a la Constitución, como en el caso de Yucatán frente al cacicazgo cerverista, sobran quienes les recuerdan las maromas y los acuerdos en lo oscurito con que violaron también constituciones estatales como en el caso de Guanajuato y su gobernador salido de la chistera de don Carlos, el tocayo Medina Plascencia. Así sucedió ayer en la sesión de la Permanente... Rodulfo Reyes, en El Financiero, dio ayer datos de informes de la agencia antinarcóticos de Guatemala en los que se asienta que el cártel de Sinaloa, de Héctor El güero Palma, estaría actuando en aquella nación. Resulta interesante esa referencia a la luz de la detención del gerente de la Nestlé en Guatemala, acusado de ser el organizador de una ruta de distribución de cocaína hacia Alemania. Los embarques eran enviados en contenedores que aparentemente transportaban flores ...