¿Qué tenemos que hacer para devolver a la política la dignidad y envergadura moral que corresponde a una actividad que crea y reinventa el destino de la sociedad?
Eduardo Frei

Hace tres años aproximadamente un grupo de legisladores, 15 de 28 diputados para ser exactos, promovió junto con el gobernador del estado de Chihuahua una reforma constitucional cuyos resultados pudieran beneficiar a su partido y otorgar algunas concesiones a la ciudadanía, la que por cierto estaba muy esperanzada con la llegada de un gobierno de oposición.

Fue así que se redistribuyó electoralmente al estado en 18 distritos con un rango de población muy desigual, se sustrajo al secretario de gobierno de las decisiones del órgano electoral manteniéndose, sin embargo, al gobernador dentro de los mecanismos de selección de los nuevos integrantes, los cuales de no ser electos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso serían seleccionados y designados por el grupo mayoritario --todo quedaba entre familia--; se modificó el número y la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, la cual castigaba a la segunda fuerza en el estado y prácticamente liquidaba a los restantes, al establecer rangos de distribución muy altos y un número impreciso de plurinominales a asignar. En pocas palabras, se realizó una reforma confeccionada a la medida del partido que contaba con la titularidad del Ejecutivo y tenía la mayoría de curules en el Congreso. Es cierto que también se incorporaron algunos avances como el referéndum y el plebiscito, los cuales no han sido utilizados hasta la fecha.

Cuál sería la sorpresa que meses después su traje a la medida no les quedó. En los comicios locales de 1995 los panistas perdieron 15 de los 18 distritos electorales y con ello la mayoría en el Congreso del estado de Chihuahua. Teniendo el 40 por ciento de la votación alcanzaron tan sólo siete curules, que representan el 29 por ciento de los sufragios, una sobrerrepresentación de poco más de 11 puntos porcentuales; mientras que el PRI, con el 48 por ciento de la votación obtuvo 15 diputados, los cuales representan el 62 por ciento de la Cámara. Del resto de los partidos, ni hablar: con la fórmula diseñada era imposible tener más de un diputado y en algunos casos ni siquiera uno.

Dos años después, el viernes pasado, el partido beneficiado por la reforma panista decide, junto con el único diputado del PRD, promover una reforma constitucional para adecuarla a los parámetros que la Constitución federal exige a las entidades en materia electoral. El PAN, a pesar de haber sido víctima de sus propias mezquindades, vuelve a ellas proponiendo la incorporación de la cláusula de gobernabilidad sin límite alguno --al partido que tenga más votos se le otorga el 50 por ciento más 1 de los diputados--, a pesar de haberla combatido hasta la saciedad tres años antes. De los demás temas, ni una palabra. El PRD, asumiendo su papel de fiel de la balanza, impulsa una reforma que trasciende la rebatinga entre el PRI y el PAN por la redistritación y logra contenidos de índole democrática, como son: la plena ciudadanización de los órganos electorales, la incorporación de una figura que fomenta la responsabilidad política de los gobernantes, como es la revocación del mandato, el reconocimiento del género en la integración del Congreso (las listas plurinominales no podrán contener más del 70 por ciento de candidatos de un mismo género) y una fórmula de asignación de diputados de representación proporcional que, si bien es cierto, sigue siendo inequitativa al generar distorsiones en la representación popular, es más equitativa que la anterior y elimina la discrecionalidad al establecer un número fijo de diputaciones plurinominales a repartir. Cabe destacar que el PRD fue el único partido que propusó una fórmula de asignación que garantiza que el número de diputados sea equivalente al número de votos obtenidos.

Las próximas elecciones en el estado de Chihuahua se realizarán el próximo año; con este escenario, es previsible que el PAN mantenga la embestida contra el PRD y el PRI por haber promovido una reforma electoral más avanzada que la diseñada por ellos.

Si con ello pretende construir artificialmente una distancia con el gobierno federal y sus políticas para capitalizar el voto de castigo, no es suficiente con tratar de involucrar a la prensa en esta embestida, sin antes deslindarse claramente del proyecto político, económico, social y cultural que ha estrechado horizontes y liquidado anhelos de generaciones enteras, y del cual son corresponsables.

La política histriónica del antifaz, la máscara y la careta, les redituó muchos logros en el pasado, donde los fines antecedían a los principios o simplemente éstos no existían. No obstante, los nuevos signos políticos apuntalan una nueva forma de hacer política, donde los principios y los fines no se disocian, sino se acompañan.