Efectivamente, como señalan los voceros gubernamentales, una disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 10 por ciento puede llegar a representar cerca de 30 mil millones de pesos en 1997, es decir, 3 mil 600 millones de dólares, e implicar --si todas las demás condiciones no cambian-- un desequilibrio significativo en el balance de ingresos-egresos del gobierno el próximo año, pues los primeros experimentarían una disminución del orden de 1.4 a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Pero ¿quién o quiénes dicen que la única alternativa es una disminución drástica y abrupta de la tasa del IVA?, ¿y quiénes, asimismo, que todas las demás variables fiscales y de egresos deben permanecer fijas? Nadie. Hay que mostrar, entonces, que existe la posibilidad de pensar seriamente en disminuir el IVA, sin que las finanzas públicas experimenten un colapso, como se ha tratado de decir.

Ahora bien, a falta de un impulso alternativo firme al ingreso real, una disminución del IVA al 10 por ciento alentaría una recuperación del consumo; así, si para adquirir artículos con valor de 100 pesos antes de IVA, ya no pagaremos 15 de impuestos sino sólo 10, dispondremos de otros cinco pesos, los que con la misma tasa del 10 por ciento del IVA permitirán incrementar el consumo en 4.5 por ciento.

Sin duda esto mismo se podría lograr por otras vías. Se pueden mencionar dos que, a pesar de ser complejas, son factibles: revisar algunos egresos (sobre todo esos de apoyo a banqueros y otros sectores que son de dudosa legitimidad social y baja o nula justificación), o hacer incrementos salariales justos, capaces de superar la inflación, compensar productividad y resarcir rezagos.

Pero si así se viera conveniente, se podría evitar el sacrificio fiscal si se estableciera una estructura impositiva más fina, lo que se puede lograr merced a dos revisiones: 1. la de los componentes de los ingresos tributarios (también de hecho los no tributarios); 2. la de las características del IVA. La primera exigiría, por ejemplo, repensar una vez más el Impuesto sobre la Renta (ISR), pero también los Derechos de Extracción de Hidrocarburos.

En el caso del ISR (12 mil millones de dólares en 1996) porque pese a que cada día es más difícil, sigue siendo posible no sólo la reducción artificial de la base gravable, sino evitar la contribución. Y en el de los Derechos de Extracción de Hidrocarburos (14 mil 900 millones de dólares en 1996) por sus efectos nocivos para Pemex y porque en los hechos han inhibido una reforma fiscal de fondo, afectando con ello a todo el país. La segunda implicaría una diferenciación más cuidadosa de la tasa del IVA, atendiendo a la estructura y a los niveles del ingreso, del gasto y del consumo de la población.

Con datos oficiales disponibles se puede ver que el 30 por ciento de los hogares con los ingresos más bajos del país participa con 6.6 por ciento del ingreso monetario nacional, pero con 9.4 por ciento del gasto, por lo que con un IVA del 10 participarían, justamente, con un máximo del 9.4 por ciento en dicho impuesto. En cambio, el 20 por ciento de los hogares que tienen los ingresos más altos del país y concentran el 57.5 por ciento del ingreso nacional, participan en el 50 por ciento del gasto, por lo que con un IVA del 10, participarían con un máximo del 50 por ciento del monto total de dicho impuesto. (Una cuenta similar puede hacerse con cualquier tasa de IVA).

Por ello, la relación de la partipación en el IVA con el ingreso, con una tasa homogénea, es mucho mayor en los bajos estratos que en los altos: 1.42 y 0.87 por ciento, respectivamente, lo que no deja de ser injusto, no sólo por el nivel del consumo sino por sus componentes. Y esto suponiendo que este impuesto efectivamente se paga. La injusticia se percibe con más nitidez si notamos que el IVA pagado por el 30 por ciento de inferior ingreso es el 11.6 por ciento de lo que perciben; en cambio, el IVA pagado por el 20 por ciento superior sólo es 7.1 por ciento de sus entradas globales.

Estas pequeñas relaciones pueden profundizarse para mostrar la viabilidad de modificar el IVA (en estos momentos parece conveniente disminuirlo, pero no habría que asustarse si en otro momento pudiera haber razones de fondo, aceptadas socialmente, para elevarlo o restructurarlo), sin caer en populismos locos. Permiten pensar, asimismo, en que la medida puede ser inteligente y gradual, cuidando justamente el balance ingresos-egresos en un contexto de creciente legitimación social, no sólo de lo que se pide al contribuyente sino también de lo que se gasta. Y eso exige legalidad, legitimidad y honestidad gubernamentales a toda prueba... siempre.